Más de tres años de espera: Sala IV exige al MEP terminar construcción en CTP de Golfito
El tribunal constitucional dio un plazo de 18 meses al Ministerio de Educación para concluir las obras y garantizar la seguridad e integridad de la población estudiantil
CTP Carlos Manuel Vicente Castro en Golfito
La Sala Constitucional le ordenó a la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) y a la propia cartera realizar las acciones necesarias para que el Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro, en Golfito de Puntarenas, cuente con la infraestructura adecuada para atender a la población estudiantil.
Según la resolución de un recurso de amparo presentado por un vecino, la también llamada Sala IV fijó un plazo de 18 meses para la ejecución de la sentencia.
El recurrente señaló que el centro educativo no cuenta con infraestructura apropiada, a pesar de que desde 2021 se disponía de recursos económicos para la II Etapa de Construcción del Plan Nacional.
En 2019 se inició la primera etapa del proyecto, la cual concluyó a mediados de 2020; sin embargo, a partir de esa fecha funcionarios de la DIE determinaron que existían inconsistencias en la labor realizada por la directora técnica del proyecto.
En 2022 se emitió el oficio DVM-A-DIE-DDO-UF-0155-2022, con asunto "Cierre de proyecto ejecutado en el CTP Carlos Manuel Vicente Castro, Cód. 4214, Golfito, Puntarenas". Posteriormente, a pesar de correos y gestiones ante la DIE, el proyecto no ha avanzado.
"Alega que les cambian de funcionario a cargo a cada momento y cada uno empieza de cero verificando la información, situación que lleva más de tres años; en tanto, los recursos se devalúan, los materiales aumentan de precio y el edificio en construcción se deteriora", indica el recurso.
Ante esta situación, la Sala Constitucional declaró con lugar el amparo y ordenó a las autoridades adoptar de inmediato las medidas correspondientes para garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes.
El tribunal estuvo conformado por los magistrados Fernando Castillo —quien preside—, Fernando Cruz, Luis Fernando Salazar, Anamari Garro Vargas, Paul Rueda, Jorge Araya y Ana Cristina Fernández.
La magistrada Garro Vargas salvó el voto en cuanto a la ejecución de la sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispuso que la segunda orden debe ejecutarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, conforme a lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordenó que se remita copia de la sentencia para iniciar los procedimientos de ejecución del fallo.
