Más del 50% de expropiaciones requeridas para ampliar vía a Limón siguen pendientes

(CRHoy.com). A 8 meses para que deba concluir, según los planes actuales, el proyecto de ampliación de la ruta 32 (Río Frío-Limón) tiene pendientes más del 50% de las expropiaciones requeridas para le ejecución de la obra.

A inicios de junio, según datos oficiales del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), de 643 trámites expropiatorios requeridos solo se habían completado 318. Los cuales, se desglosaban de la siguiente forma: 137 terrenos adquiridos por el Estado y 181 con entradas en posesión voluntaria.

Así las cosas, aún restan por completar 325 gestiones. La mayoría están pendientes de trámite en la Dirección de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en instancias judiciales o a la espera de que se publique la adquisición del terreno en el diario oficial La Gaceta.

Según detalla el informe del mes de abril de 2022, publicado por el consorcio Cacisa-Camacho&Mora, supervisora de la ampliación, las expropiaciones pendientes son necesarias para construir los 13 pasos a desnivel que comprenden el proyecto. Los cuales, se ubican en: La Unión, Río Danta, Toro Amarillo, Sinaí, El Molino, Jiménez, Guácimo, Pocora, Herediana, la Francia, CASI de Siquirres, Batán y Matina.

Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, enfatizó desde el principio de gestión que las expropiaciones son uno de los principales obstáculos administrativos para la obra. Incluso, ha dedicado mucho tiempo a firmar trámites expropiatorios que estaban pendientes.

"Es importante señalar que el mayor retraso para el proceso expropiatorio ha sido la respuesta del DABI, la cual es una dependencia del MOPT, en donde hemos registrado tiempos de hasta 2 años para remitir un expediente de expropiación a la siguiente instancia del proceso expropiatorio", indicó el informe más reciente del consorcio supervisor.

La ampliación de la ruta 32, que está a cargo de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC, por las siglas en inglés) y cuya fase constructiva inició en 2017, debía estar lista el 4 de octubre de 2020.

En noviembre de 2019 se aprobó una extensión del plazo al 27 de marzo de 2021. Ese ajuste no se cumplió. Luego, se aceptó una nueva prórroga al 22 de mayo de 2022, la cual tampoco alcanzó para terminar a tiempo.

Ahora, tras una extensión avalada en abril, la conclusión está prevista para el 8 de febrero de 2023. No obstante, el ministro Amador considera que se requiere un plazo mayor (hasta 1 año adicional) para que el proyecto esté listo con los estándares más adecuados.

El titular del MOPT indicó que se necesitan ajustes en el diseño de la obra con el afán de disminuir la inseguridad vial que arrastra la propuesta actual.

A su vez, uno de los aspectos que más preocupa, ante potenciales atropellos, son los cruces peatonales a nivel.

"Se va a hacer lo posible, pero estimamos que requerimos como 12 meses más. Estamos haciendo la valoración", dijo Amador, a inicios de este mes.

La ampliación de la carretera se divide en 2 paquetes: la modernización integral que pasa la carretera de 2 a 4 carriles y las obras complementarias que enlazarán la vía con las comunidades impactadas por el trazado.

El 30 de mayo pasado, la Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe que advirtió numerosas deficiencias en la conceptualización del proyecto y, sobre todo, en las obras complementarias.

"El alcance de las obras establecidas en el contrato no contó con el sustento técnico suficiente (fase de preinversión) para garantizar la seguridad vial para todos los usuarios y el adecuado funcionamiento de la vía", señaló la autoridad contralora.

Los trabajos complementarios se requieren en los 5 cantones limonenses (Limón, Pococí, Guácimo, Matina y Siquirres) Están fuera del diseño original del proyecto desarrollado por la constructora, pero fueron solicitadas por los municipios donde la obra genera impactos directos. El contrato estipula que las obras las debe realizar CHEC. A hoy, no hay recursos para este fin.

En las tareas requeridas destacan: pasos peatonales, salidas para vehículos de primera respuesta, pasos de fauna, aceras, retornos, rotondas en cruces, bahías para autobuses, vías marginales o intercambios viales.

Antes de entregar el poder, el 27 de abril pasado, el gobierno Alvarado Quesada (2018-2022) presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto para construir las intervenciones por un monto cercano a los $150 millones. Sin embargo, el ministro Amador, no respalda el planteamiento debido a que no precisa los puntos donde se ubicarían las obras complementarias. Los millones que propuso el gobierno pasado correspondían a recursos estatales.

Según la propuesta actual, la ampliación de la ruta tiene un costo estimado de más de $521 millones, de los cuales $465 millones son financiados por el Exim Bank. El resto, más de $55 millones, es son gestionados por una contrapartida nacional dirigida a cumplir con las expropiaciones o la reubicación de los servicios públicos.

Al cierre de mayo de 2022, con base en el nuevo cronograma, la fase constructiva registraba un avance del 63,76% versus un proyectado que debía ser de 82%. El atraso rondaba el 18% para esa fecha.