Mayoría de casos por corrupción en la función pública terminan sin llegar a juicio
Solo un 7% de los expedientes tuvo una sentencia. Únicamente la mitad terminó en condena
(CRHoy.com).- En Costa Rica la mayoría de denuncias por corrupción en la función pública acaban sin llegar a juicio pues carecen de requisitos para escalar hasta esa etapa del proceso penal.
Según el Informe Estado de la Justicia 2020, que publica el Programa Estado de la Nación (PEN), 9 de cada 10 casos se resuelven en la etapa preliminar o intermedia del proceso y no llegan a la etapa de juicio.
El incumplimiento de presupuestos o requisitos es la razón por la que los casos de corrupción no llegan al Tribunal Penal de Hacienda.
Con datos al 2017, el Informe determinó que un 7% de los expedientes tuvo una sentencia, de las cuales solo la mitad (un 3%) acabó en condenatoria; el delito de concusión es el que más sentencias registró.
La mayoría de casos se relacionó con oficiales de tránsito que pidieron un soborno a cambio de no realizar una multa por infracciones a la Ley de Tránsito.
"El 93% restante tuvo otro tipo de cierre. Las sentencias más frecuentes son desestimaciones y sobreseimientos definitivos (con 46% cada uno). De estos últimos, únicamente 4 casos fueron sobreseídos por el cumplimiento a cabalidad de medidas alternativas", reportó el PEN.
Además, un 8% de los expedientes prescribió y un 24% presentó problemas de fundamentación en la resolución.
El Estado de la Justicia determinó que diligencias procesales como el levantamiento del secreto bancario incrementan el riesgo de prescripción de un expediente por corrupción.
La investigación concluyó que el factor territorial es significativo a la hora de estimar las posibilidades de que un proceso penal por corrupción llegue a una conclusión satisfactoria.
Así, un 27% de los expedientes que prescribieron estaban relacionados con las municipalidades, por lo que los riesgos de prescripción se incrementan dependiendo de la ubicación geográfica de la oficina de la Fiscalía se tramita el proceso por corrupción.
Esta semana el tema de la corrupción en la función pública volvió a estar sobre la mesa a raíz del caso "Cochinilla", de presunta corrupción en el otorgamiento de contratos de conservación y construcción de obras viales.
Una investigación que las autoridades realizaron desde el 2018 determinó que hubo pago de sobornos a funcionarios públicos para que presuntamente favorecieran con sus decisiones a un grupo de empresas constructoras que acaparan los contratos con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
El 14 de junio el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó la sede de esa institución y desplegó además a cientos de sus oficiales en Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y las sedes de varias empresas constructoras y las casas de sus ejecutivos.
Las diligencias incluyeron el allanamiento de la oficina y del domicilio de Camilo Saldarriaga, uno de los asesores más cercanos al presidente de la República, Carlos Alvarado. El economista renunció el mismo día a su cargo y alegó su inocencia.
Delitos de "cuello blanco": ¿Quiénes los cometen?
El PEN también analizó el perfil social y biológico de quienes cometen delitos en perjuicio de la función pública, conocidos también como de "cuello blanco".
La investigación encontró que el perfil de quienes cometen estos delitos es el de hombres que ocupan puestos desde los cuales toman decisiones en las instituciones estatales.
En el caso de las mujeres imputadas por corrupción en la función pública, aumentan las probabilidades de que se desestime la denuncia.
"La probabilidad de desestimación se reduce más si la persona infractora carece de estudios superiores y su formación se limita a estudios de secundaria o primaria", señala el perfil del Estado de la Justicia.
La investigación concluyó que, entonces, es claro que la sanción efectiva de delitos contra la función pública puede estratificarse y condicionarse a partir de las características sociales y de género de la persona infractora.
Acerca de la sanción penal de la corrupción en la función pública, el Estado de la Justicia 2020 determinó que hay un vacío de información sobre el régimen disciplinario en aspectos como qué tanto se aplica, por qué motivos y con qué resultados.
En el 2018 en Informe Estado de la Nación encontró, al comparar 24 regímenes disciplinarios que "amplios sectores públicos" no están cubiertos por los mismos criterios de probidad, lo que produce que no todas las conductas sujetas a castigo estén presentes en toda las instituciones , como tampoco hay sanciones similares para las mismas conductas.
Sumado a esto, los empleados públicos sometidos a procedimientos administrativos por corrupción pueden recurrirlo mediante una demanda laboral o contenciosa, lo que deja la vía de la sanción penal como una de las pocas que existen para establecer si un burócrata es responsable o no por actos de corrupción.
