Migrantes deportados por EE. UU. podrán trabajar y estar 6 meses más en Costa Rica 

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) extendió el plazo de permanencia para los migrantes expulsados por Estados Unidos en febrero pasado y que Costa Rica recibió tras una negociación entre el mandatario Rodrigo Chaves Robles y el gobierno de Donald Trump.

Actualmente, todavía permanecen 25 personas albergadas en el Centro de Atención para la Persona Migrante (Catem), ubicado en Corredores, al sur del país.

Mediante una resolución publicada ayer en el diario oficial La Gaceta, se avaló, además de una prórroga de seis meses, la posibilidad de que las personas deportadas puedan trabajar en el territorio nacional. Así lo explicó el director de Migración, Omer Badilla.

"Estas 25 personas no han acogido a ningún programa como el de retorno voluntario a sus países de origen o el de refugio. El Gobierno ha emitido una serie de resoluciones que otorgan la categoría (migratoria) de humanitaria. 

En ese sentido, el día de ayer se publicó una nueva prórroga a esa categoría que le permite a las personas mantenerse en Costa Rica en un estatus regular. Una de las novedades es que las personas tienen derecho a trabajar. 

Según Badilla, esto facilitará una inserción más dinámica de estas personas al país. Los migrantes deberán portar un documento que les autorice a permanecer en suelo costarricense o, en su defecto, para acceder a un empleo.

La autorización, inicialmente otorgada por un plazo de 30 días, ha sido extendida mediante varias prórrogas. Ahora, la resolución D.JUR-0222-07-2025-JM les permite permanecer en el país con completa movilidad e incluso establecerse en el territorio nacional.

Dicha resolución también contempla la posibilidad de renovar esta condición migratoria y de ingresar al Catem para satisfacer necesidades básicas de higiene personal, siempre bajo el cumplimiento de las regulaciones internas del centro, establecidas por la Policía Profesional de Migración.

El primer grupo de migrantes llegó a Costa Rica el 20 de febrero de 2025, conformado por 135 personas que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Posteriormente, el 25 de febrero, arribó un segundo grupo de 65 migrantes.

A todos se les otorgó un ingreso excepcional para permanencia transitoria, sin necesidad de cumplir con los trámites migratorios ordinarios ni de obtener la visa que se exige a ciudadanos de varios de sus países de origen.

Este acuerdo fue producto de una negociación directa entre el presidente Rodrigo Chaves y el Gobierno estadounidense, sin consulta previa a otras instituciones públicas, tal como reveló CR Hoy.

En un inicio, se indicó que el plazo de 30 días sería suficiente para gestionar su repatriación y que todas las personas estaban anuentes a retornar, aunque finalmente esto no ocurrió.

La DGME indicó que el gobierno estadounidense realizó evaluaciones individualizadas para descartar vínculos con organizaciones terroristas o alertas activas en la Interpol. También se confirmó que, en su momento, todas las personas manifestaron la intención de regresar a sus países de origen.

Las autoridades costarricenses debieron asumir los trámites necesarios para gestionar la repatriación de los 200 migrantes de origen asiático, africano y europeo que llegaron expulsados por Estados Unidos, país en el que residían.

Aunque algunos miembros del gabinete del actual gobierno han afirmado que Costa Rica solo funcionaría como un "país puente" y que entidades transnacionales se encargarían del traslado de los extranjeros, en la práctica será la DGME y la Policía Profesional de Migración quienes asumirán los trámites y la logística para repatriar a estas personas.

El proceso incluye la compra de boletos aéreos y conexiones financiadas con fondos administrados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como la tramitación de visas de tránsito que permitan a estas personas aterrizar y permanecer temporalmente en países intermedios durante las escalas.