Ministra confunde razones por las cuales TSE no consultó otros artículos de ley Jaguar

La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, dijo este martes en conferencia de prensa, que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) únicamente consultó cuatro artículos del proyecto de ley Jaguar, porque del resto "ya había seguridad de que no tenían roces constitucionales".

A Fernández se le consultó si el nuevo proyecto de la ley Jaguar (que Chaves llamar Jaguar 2.0) incluye dos artículos que reforman la Ley General de Contratación Administrativa y la Ley Orgánica de Japdeva, que no fueron revisados por la Sala Constitucional

No fueron sujetos a revisión de la Sala porque precisamente porque el TSE no los presentó en consulta porque no hay ahí ninguna duda de constitucionalidad, como lo hemos reiterado a lo largo del debate de estas semanas, afirmó Fernández.

Las declaraciones de la ministra están completamente erradas, pues las razones del TSE para no consultar los otros artículos son otras que la misma entidad ya explicó.

A la espera de insumos

El Tribunal estaba a la espera de contar con más insumos técnicos para formular una nueva consulta a la Sala sobre esos artículos.

Así lo había explicado el letrado del TSE, Andrei Cambronero a crhoy.com, luego que se presentó la primera consulta por el fondo del proyecto Jaguar el pasado 28 de junio.

Explicó que el procedimiento del referéndum de iniciativa popular, indica que el TSE debía consultar el proyecto Jaguar al Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.

El Tribunal estaba a la espera que Servicios Técnicos emitiera su informe, que a la fecha no lo ha hecho.

Dependiendo de esos insumos, el TSE podría tomar la decisión de hacer una segunda consulta sobre los otros artículos del proyecto, pero no porque hubiera seguridad de que no tienen problemas de constitucionalidad, como afirmó Fernández.

"Son insumos técnicos que el TSE tiene que valorar en su momento para determinar si es necesario plantear una nueva consulta", señaló Cambronero en ese momento.

En primera instancia, los magistrados del Tribunal solicitaron a la Sala considerar los aspectos relacionados a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR) y que el proyecto Jaguar busca modificar.

Puntualmente, pidió que se analice los artículos 2, 3, 4 y 5 del expediente que toman aspectos de las competencias de fiscalización de la Contraloría sobre la hacienda pública.

Fue en estos artículos donde los magistrados constitucionales centraron su resolución, y donde resolvieron que existen inconstitucionalidades en la propuesta del Gobierno.

Ahora el Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley Jaguar, donde "corrige" los aspectos inconstitucionales que señaló la Sala, aspecto cuestionados por los diputados de oposición, ya que aún los magistrados no se han entregado el fallo completo de la resolución donde se explica en detalle por qué se consideran inconstitucionales, las modificaciones que el Gobierno impulsa.

"Escoger a dedo"

Pero además ya la Contraloría hizo su análisis del artículo 67 de la Ley General de Contratación Administrativa que el Gobierno insiste en modificar en el proyecto Jaguar.

Según la contralora Marta Acosta, modificar este artículo como quiere el Gobierno debilitaría los controles sobre el gasto público, ya que se permitiría contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin un concurso público abierto, limitando la participación de oferentes y no teniendo certeza de que se escoge la mejor oferta.

"El Estado podría contraer nuevas deudas sin los controles y aprobaciones legales, ni siquiera legislativos, de manera que se potencian los riesgos asociados a la baja credibilidad de las cuentas nacionales, produciendo incertidumbre económica y una gestión fiscal ineficiente", explicó.

También en relación con la reforma a la Ley Orgánica de Japdeva, que es otro cambio que se incluye en la propuesta, Acosta explicó que se intenta cambiar la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, que aplica para todas las demás entidades y proyectos públicos.

Esto para permitir a Japdeva escoger "a dedo" a los socios estratégicos con los que haría negocios públicos, evadiendo los procedimientos de contratación pública y dejando en duda el proceso de rendición de cuentas y la tan necesaria transparencia por la que claman los costarricenses.

"El panorama es bastante claro: se quiere quitar y, por tanto, evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes", agregó la jerarca.

Ante una nueva versión del proyecto Jaguar que el Gobierno presentó este martes, y dos nuevas solicitudes de referéndum, tanto en la vía de iniciativa popular como en el Congreso, los diputados han señalado que deberán realizar nuevamente las consultas a los entes respectivos, debido a que es un texto nuevo.