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Ministro de Justicia cambia de criterio y acepta que bandas siguen operando desde la cárcel

Así lo señaló para justificar requerimiento de recursos para nuevo centro penitenciario

Por José Adelio Murillo | 17 de Sep. 2025 | 5:57 pm

Pese a que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha advertido reiteradamente que los grupos criminales continúan operando desde las cárceles del país por la falta de control penitenciario, el ministro de Justicia, Gerald Campos, había negado hasta ahora que así ocurriera.

No obstante, durante la comparecencia ante el Congreso en la que defendió la asignación de recursos para la construcción de una nueva cárcel, el jerarca cambió su versión y confirmó que las bandas siguen controlando acciones delictivas desde las celdas.

"Los grupos de crimen organizado que están integrados dentro del sistema penitenciario de los cuales hemos identificado 153 bandas siguen operando y necesitamos infraestructura que nos permita tener zonas seguras y estériles. (…)

"En América Latina y en el Caribe hay algo cierto y una conclusión: en las cárceles sigue el dominio de los grupos de crimen organizado y el control. (…) Los grupos de crimen organizado actúan en el país, no tienen fronteras y actúan en los demás países", señaló Campos.

El Ministerio de Justicia y Paz defendió su presupuesto para el próximo año, el cual crecerá un 9,98 % en comparación con el 2025: serán ₡20.454 millones más, incremento que responde principalmente al programa de Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.

De hecho, este programa consume el 69 % del gasto institucional: pasa de ₡135.168 millones a ₡155.520 millones, para un aumento absoluto de ₡20.352 millones.

Gran parte del incremento se concentra justamente en la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), para el cual se presupuestaron ₡12.193 millones. A esto se suman ₡7.870 millones destinados este 2024 a la atención de ese proyecto.

Campos aclaró que esta nueva infraestructura no será una "megacárcel", ya que tendrá capacidad para unos 5.100 privados de libertad, muy distinto al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, con 40.000 espacios, con el cual el Gobierno de Rodrigo Chaves ha comparado el proyecto.

Aunque el discurso del jerarca ha sido que el CACCO estará listo en 195 días, ante consultas de los diputados reconoció que ese plazo no contempla todas las obras previas de movimiento de tierra —hasta 70.000 metros cuadrados—, sino que empezará a correr a partir de la colocación de la primera piedra. Además, admitió que aún falta adjudicar el proyecto.

También, ante cuestionamientos de congresistas, Campos justificó que no se haya presupuestado ni ejecutado la renovación o reconstrucción de otros centros penales debido a que no existen espacios disponibles para trasladar a los reclusos mientras se desarrollan las obras.

"Para poder hacer mejoras dentro de las cárceles ya existentes es necesario la construcción de esta nueva para tener este espacio. Usted no puede remodelar una casa con la gente habitando dentro.

Es complicado. Hay que hacer mejoras en paredes, en instalaciones eléctricas, en pisos", indicó.

Adicionalmente, se cuestionó que no se incluyeran más recursos para servicios básicos como agua o electricidad. Campos respondió que la población penitenciaria no variará, sino que únicamente se reacomodará.

Otros aspectos que llaman la atención del plan de gastos de Justicia para el próximo año son los recortes en programas dirigidos a poblaciones sensibles.

El subprograma de Atención a Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad se reducirá en ₡102 millones; la atención a población penal juvenil, en ₡72 millones; la atención a población sujeta a dispositivos electrónicos, en ₡46 millones; y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de la violencia, en ₡724 millones.

En múltiples ocasiones, el director del OIJ, Randall Zúñiga, ha alertado sobre cómo altos cabecillas criminales continúan ejerciendo control sobre sus estructuras e incluso ordenando ejecuciones desde prisión.

Como ejemplo, el pasado 9 de julio, la Policía Judicial reveló que Tony Alexander Peña Russell, alias La T, y George Michael Paniagua Rivera, alias Curry, mantenían dominio sobre sus respectivas bandas criminales, incluso comandando y ordenando asesinatos.

"De acuerdo con la investigación, prácticamente todos los homicidios que ocurrieron en este periodo han sido ordenados o comandados desde prisión, presuntamente.

Esto es lo que nos genera esa gran disconformidad sobre la incapacidad que se tiene para evitar que personas privadas de libertad, que están en una situación totalmente controlada y que no deberían tener acceso a dar o comandar órdenes, generen esta situación.

A este sujeto, alias Curry, se le decomisó un celular; a Peña Russell se le han decomisado al menos tres celulares. Creo que esta es la tercera vez que se allana la celda de Peña Russell", dijo el jefe policial en aquel momento.

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