10 claves del informe de la ONU sobre la represión transnacional y el terror de Estado en Nicaragua
Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:
- Un informe de expertos de la ONU concluye que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidó, tras las protestas de 2018, un aparato de poder que persigue a opositores, periodistas, religiosos y defensores de derechos humanos.
- La investigación describe una represión que ya no se limita a Nicaragua: el Estado mantiene redes de vigilancia contra exiliados en distintos países, usa embajadas y campañas digitales para intimidar a críticos e incluso se registraron ataques violentos contra opositores en el extranjero.
- Entre las medidas más extremas figuran la retirada de la nacionalidad a cientos de disidentes, la confiscación de bienes y el uso de mecanismos internacionales como alertas de Interpol para presionar a opositores en el exilio.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles en una ola de protestas sin precedentes que sacudió al gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La respuesta estatal fue una represión sangrienta que marcó un punto de quiebre en la historia reciente del país centroamericano. Desde entonces, el sistema político nicaragüense evolucionó hacia un modelo de persecución que ya no se limita a sus fronteras.
Un nuevo informe del Grupo de Expertos en derechos humanos de la ONU expone cómo el gobierno consolidó un aparato de poder absoluto, financiado con recursos públicos, para aplastar cualquier expresión de disidencia dentro y fuera del país. El documento advierte que la persecución política alcanzó un nivel de sofisticación que constituye crímenes de lesa humanidad. Estos son los principales ejes que describe la investigación.
1- Un enemigo cada vez más amplio en Nicaragua
En los primeros momentos de la crisis, la maquinaria represiva apuntó principalmente contra líderes estudiantiles y organizadores de las protestas. Con el paso del tiempo, el Estado amplió de forma drástica su definición de "enemigo".
La persecución ahora alcanza a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes de la Iglesia católica, comunidades indígenas y empresarios. También golpea a figuras con capacidad de movilización social, incluidos funcionarios públicos, militares y antiguos miembros del propio partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El informe advierte además un aumento de las llamadas "violaciones por asociación". Familiares de opositores —incluidos niños y adultos mayores— sufren represalias cuyo único motivo es el vínculo con personas críticas del gobierno.
2- Una red de espionaje que cruza fronteras
La represión dejó de ser un fenómeno interno y adquirió un carácter transnacional. El informe describe una red de vigilancia e inteligencia creada para monitorear, intimidar y silenciar a cientos de miles de exiliados nicaragüenses en distintos países.
La estructura opera desde las más altas esferas del poder. Utiliza embajadas, militares y simpatizantes del oficialismo para ejecutar seguimientos y recopilar información sobre opositores.
El sistema también incorpora vigilancia digital. Granjas de troles y campañas coordinadas en redes sociales difunden difamaciones, realizan doxing (revelar intencional y públicamente información personal) y sostienen un acoso constante contra voces críticas en el exilio.
3- La apatridia como castigo político
Una de las prácticas más extremas documentadas es la privación de la nacionalidad. Al menos 452 nicaragüenses perdieron formalmente su ciudadanía tras juicios secretos y sin garantías, bajo la acusación de "traición a la patria".
El informe señala que el impacto es aún mayor. Miles de personas viven en una situación de apatridia de facto.
El gobierno ejecuta lo que los expertos describen como una "muerte civil". Niega la renovación de pasaportes, prohíbe el ingreso al país y altera o elimina registros civiles, como actas de nacimiento o matrimonio.
4- Fondos públicos para financiar la represión en Nicaragua
El aparato represivo se sostiene con recursos estatales desviados de su finalidad original. El informe documenta el uso de fondos públicos para financiar operaciones de seguridad y grupos armados progubernamentales.
Los expertos identificaron desvíos de dinero destinado a programas sociales y proyectos municipales. Esos recursos terminaron en actividades represivas.
Durante la llamada "Operación Limpieza" de 2018, por ejemplo, presupuestos municipales de limpieza urbana financiaron combustible, alimentación y logística para fuerzas paramilitares que desmontaron las protestas con violencia.
5- Violencia y asesinatos en el extranjero
La presión contra los exiliados también adoptó formas violentas fuera del país. El informe registra asesinatos, intentos de asesinato y agresiones contra opositores en el exterior.
Los casos se concentran sobre todo en países vecinos como Costa Rica y Honduras.
Uno de los episodios más graves ocurrió en junio de 2025, cuando asesinaron en Costa Rica al exmilitar Roberto Samcam, un crítico del gobierno. Recibió ocho disparos en su vivienda. Los investigadores describen el hecho como un ataque planificado con rasgos de sicariato político.
6- El uso indebido de mecanismos internacionales
El gobierno también utilizó herramientas internacionales de seguridad para presionar a opositores en el exilio.
Según el informe, la Policía Nacional reportó pasaportes como robados o solicitó alertas rojas ante Interpo contra disidentes políticos sin base legal.
Al mismo tiempo, autoridades y simpatizantes del oficialismo impulsan acusaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Estas denuncias buscan generar alertas bancarias y obstaculizar los procesos de asilo de los exiliados.
7- Represión con sesgo de género
La investigación destaca que la represión también adopta una dimensión de género. Mujeres, feministas y personas de la comunidad LGBTIQ+ enfrentan formas específicas de persecución.
Las autoridades no solo castigan su oposición política. También atacan su liderazgo social y su autonomía.
En centros de detención, los expertos documentaron violencia sexual, amenazas de violación, desnudez forzada y humillaciones. Las autoridades utilizan además la separación de madres e hijos como mecanismo de presión psicológica.
8- Cárceles letales y desapariciones forzadas en Nicaragua
Las detenciones masivas en las calles disminuyeron con los años, pero la represión interna continúa bajo otras modalidades.
El informe registra un aumento de las desapariciones forzadas. En muchos casos, las autoridades ocultan durante meses o años el paradero de personas detenidas por motivos políticos.
La situación resulta especialmente grave para adultos mayores encarcelados. Muchos permanecen en aislamiento y sin acceso a tratamiento médico para enfermedades crónicas. Esta práctica ya provocó varias muertes bajo custodia estatal.
9- Estrangulamiento económico y colapso judicial
El gobierno también aplica una estrategia de asfixia económica contra opositores y sus familias.
El Estado confisca viviendas, negocios, cuentas bancarias y pensiones sin debido proceso. Estas medidas empujan a muchos exiliados y sus allegados hacia la precariedad.
El informe sostiene que el sistema judicial dejó de actuar con independencia. El control del Ejecutivo se consolidó con la destitución de más de 1.500 jueces y empleados judiciales, una medida que refuerza la impunidad del aparato estatal.
10- Un llamado urgente a la comunidad internacional
Ante este panorama, el Grupo de Expertos concluye que el Estado de Nicaragua, en sus niveles más altos de poder, incurre en crímenes de lesa humanidad.
El gobierno rompió vínculos con los mecanismos de la ONU y cerró las vías internas de justicia. Por esa razón, el informe lanza un llamado directo a la comunidad internacional.
Los expertos instan a los Estados a aplicar el principio de jurisdicción universal para investigar y juzgar a los responsables. También piden sanciones económicas y legales dirigidas, así como medidas de protección sólidas para los miles de nicaragüenses que huyen de lo que describen como un sistema de terror de Estado.