Campesinos exigen derogación de ley para construcción de canal en Nicaragua
(AFP).-Miles de campesinos nicaragüenses exigieron este martes la derogación de la ley de concesión para construir un canal que el gobierno adjudicó hace 4 años a la empresa china HKND, cuya ejecución amenaza con expropiar cerca de 3.000 km2 de tierras.
"Estamos demandando que se derogue esa ley que hace cuatro años el gobierno hizo para vender nuestras tierras y dárselas al chino Wang Jing (dueño de HKND)", afirmó el dirigente del movimiento campesinos anti-canal, Medardo Mairena vía telefónica a la AFP.
Los campesinos elevaron su demanda durante una protesta que realizaron en la comunidad El Dorado, en el municipio de San Miguelito, al sureste de Nicaragua, con motivo del cuarto aniversario de la aprobación de la concesión canalera.
Más de 5.000 personas participaron a pie o en mula en la marcha, sin que se registraran incidentes con la policía, dijo Mairena.
"Nosotros los campesinos vamos a defender nuestras tierras", expresaron los manifestantes, según videos distribuidos por WhatsApp.
San Miguelito está ubicado en la costa este de Lago Cocibolca, la mayor fuente de agua dulce de la región, una de las zonas que sería afectada por el canal húmedo que HKND planea construir entre el océano Pacífico y Atlántico de Nicaragua.
En 2013, el presidente Daniel Ortega autorizó a Wang, dueño del consorcio HK Nicaragua Development Invesment (HKND), con sede en Hong Kong, diseñar, construir y operar un canal de 278 kilómetros de largo por un plazo de 50 años y con una posible extensión de otros 50 años.
Según los estudios de impacto ambiental elaborados hace dos años por la consultora británica Environmental Resources Management (ERM), el gobierno autorizó expropiar 2.909 km2 de tierras a los campesinos de la zona.
"Es preocupante la forma como nos manda a expropiar", dijo Mairena, quien fue nombrado recientemente coordinador del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra Lago y Soberanía (movimiento anticanal).
Sin embargo el proyecto, que Wang inauguró a finales del 2014, se encuentra estancado debido a una serie de estudios técnicos complementarios.
El canal, valorado en 50.000 millones de dólares, requerirá la excavación de 5.000 millones de metros cúbicos de tierra.
El congreso, de mayoría oficialista, ha rechazado en los últimos dos años dos proyectos opositores que buscaban derogar la ley canalera.