Caso Bygmalion: por qué Nicolas Sarkozy recibió otra condena
Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:
- La Corte de Casación confirmó la condena a Sarkozy por rebasar ilegalmente el gasto de su campaña de 2012, cerrando más de una década de litigio por el caso Bygmalion.
- El esquema incluyó una doble facturación diseñada para ocultar unos costos que casi duplicaron el límite legal, con participación del partido UMP y la empresa Bygmalion.
- Es su segunda condena firme y se suma a otros fallos por corrupción y financiación ilícita, que han hundido su legado político y lo mantienen frente a un panorama judicial cada vez más complicado.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy, jefe de Estado entre 2007 y 2012, sumó otra derrota judicial.
La Corte de Casación, el tribunal más alto de Francia, confirmó la condena por financiación ilegal de su campaña de 2012 y cerró un caso que durante más de una década expuso las grietas del sistema electoral francés.
Un gasto que rebasó los límites
La ley francesa fija topes estrictos de gasto para garantizar campañas más igualitarias. En 2012, el límite era de 22,5 millones de euros. Sin embargo, la campaña de Sarkozy avanzó por una ruta distinta.
El ritmo frenético que él mismo impulsó —mítines diarios, escenografías costosas, puesta en escena al estilo estadounidense— disparó el presupuesto hasta casi 43 millones de euros. La cifra duplicó el techo legal y abrió la puerta a un intento de ocultamiento contable.
El desbalance no fue un error aislado, sino un desborde sistemático. Auditorías posteriores detectaron que los gastos reales superaban los declarados no solo en eventos, sino también en transporte, producción audiovisual y otros rubros secundarios. Así se consolidó un desfase financiero imposible de justificar ante los organismos reguladores.
La arquitectura del encubrimiento a Sarkozy
Para maquillar ese exceso nació el sistema de doble facturación que dio origen al caso. La empresa de comunicación y eventos Bygmalion fue la pieza central. En lugar de registrar los costos de los mítines como parte de la campaña, los trasladó al partido conservador UMP —el movimiento que apoyaba a Sarkozy— bajo el argumento de que se trataba de "convenciones internas".
Con ese mecanismo, la campaña oficial mantenía unas cuentas aparentemente ajustadas a la ley, mientras que el partido absorbía gastos que no le correspondían. El fraude alcanzó tal nivel que algunas facturas incluyeron actos inexistentes o inflaron supuestos costos partidarios. La operación involucró a dirigentes del partido, ejecutivos de Bygmalion y parte del equipo logístico del candidato.
Cuando el escándalo estalló en 2014, varios responsables admitieron el sistema ante los jueces.
La responsabilidad de Sarkozy
Sarkozy negó en cada fase del proceso haber conocido el montaje contable. Su defensa insistió en que él se concentraba en la actividad política y delegaba la organización financiera. Sin embargo, para los jueces esa distancia no lo eximía. El razonamiento central se apoyó en que el candidato es responsable del marco financiero de su propia campaña, incluso si no firma facturas ni gestiona contratos.
Los tribunales concluyeron que Sarkozy recibió advertencias sobre el riesgo de rebasar el presupuesto y aun así impulsó más actos públicos. Esa omisión fue suficiente para atribuirle responsabilidad penal. Para la Corte de Casación, el delito nace cuando el candidato se beneficia del exceso ilegal, independientemente de su rol técnico en el fraude contable.
La sentencia final y lo que sigue
La justicia lo condenó en 2024 a un año de prisión, con seis meses de cumplimiento efectivo. Este noviembre, la Corte de Casación confirmó ese fallo y lo declaró firme. El expresidente, de 70 años, podrá cumplir la pena en su domicilio con tobillera electrónica o bajo un régimen de semilibertad.
La condena es la segunda sentencia firme contra Sarkozy. La primera fue la del llamado "caso de las escuchas", en el que la justicia lo encontró culpable de corrupción y tráfico de influencias. Pero sus problemas judiciales no terminaron ahí.
En setiembre de este año, otro tribunal lo declaró culpable de asociación ilícita por su papel en un esquema que buscaba financiación desde la Libia de Muamar Gadafi para la campaña presidencial de 2007. La pena se aplicó de inmediato y lo llevó a pasar 20 días en la prisión parisina de la Santé antes de obtener la libertad condicional. El conjunto de estos procesos y condenas dibuja un panorama judicial cada vez más adverso para el expresidente y profundiza el desgaste de su legado político.