Clan del Golfo: qué es, cómo opera y por qué EE. UU. lo designó terrorista
Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:
- Estados Unidos declaró al Clan del Golfo como organización terrorista, una medida que endurece la ofensiva de Trump contra el narcotráfico en la región.
- Washington equipara al EGC con grandes cárteles internacionales y lo señala como una red transnacional financiada por cocaína, extorsión, minería ilegal y tráfico de migrantes.
- La decisión tensiona la relación con Colombia y golpea la política de "paz total" de Gustavo Petro, al complicar los diálogos con el grupo y elevar el riesgo de una escalada en seguridad y sanciones.
Un nuevo capítulo se abrió esta semana en la ofensiva de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en Latinoamérica. El gobierno de Donald Trump designó al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, como organización terrorista extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).
Washington describe al grupo como una estructura criminal violenta y altamente organizada, con miles de integrantes y una financiación basada principalmente en el tráfico de cocaína.
La decisión tensa la relación diplomática con Colombia y pone bajo presión la política de "paz total" del gobierno de Gustavo Petro. Además, equipara al Clan del Golfo, en el plano legal estadounidense, con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.
Origen y estructura del Clan del Golfo
El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Los Urabeños, es considerado el grupo criminal más poderoso del país. Su origen se remonta a los remanentes del paramilitarismo de la década de los 90. La organización surgió a partir de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006, y de antiguos miembros de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL).
El nombre de Los Urabeños proviene de la región del Urabá, en la frontera con Panamá. Esa zona se consolidó como su principal bastión y como un punto estratégico para el narcotráfico. Tras la desmovilización de las AUC, la red criminal quedó bajo el control de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Luego pasó a manos de los hermanos Dairo Antonio, alias Otoniel, y Juan de Dios Úsuga.
Otoniel asumió el liderazgo en 2012. Fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura en 2021. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de 45 años. Su salida no debilitó a la organización. El grupo se reagrupó y amplió su presencia bajo el mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.
Las autoridades estiman que el EGC cuenta con cerca de 9.000 integrantes y tiene presencia en 302 de los cerca de 1.100 municipios del país. Su funcionamiento se asemeja al de una franquicia empresarial. Opera con flexibilidad y mediante la subcontratación de servicios. Cerca de una tercera parte de sus miembros actúa como fuerza armada. El resto cumple funciones de apoyo, milicias e inteligencia. Este esquema facilita la expansión territorial y permite reemplazar mandos con rapidez.
El eje del narcotráfico y las rentas ilícitas del Clan del Golfo
El tráfico de cocaína es la principal fuente de ingresos del Clan del Golfo. La organización controla territorios estratégicos, regula la producción de pasta base y custodia cargamentos en corredores clave. También asegura el acceso a laboratorios y presta servicios de almacenamiento y envío en costas y fronteras. Las autoridades atribuyen al grupo cerca de la mitad de la cocaína que salió de Colombia en los últimos años.
La influencia del EGC trasciende las fronteras nacionales. Controla rutas de tráfico de drogas y de migrantes en la frontera con Panamá. Además, mantiene presencia en países como Brasil, Perú, España y Argentina. Para sostener su red transnacional, estableció alianzas con organizaciones como el Cártel de Sinaloa, la mafia 'Ndrangheta de Italia, grupos de los Balcanes y otras redes criminales europeas.
El Clan del Golfo también obtiene ingresos elevados por extorsión, minería ilegal de oro y tráfico de migrantes. El flujo migratorio por la selva del Darién, entre 2021 y 2025, le generó ganancias millonarias. El grupo aprovechó ese negocio de forma sistemática.
El contexto de la decisión de EE. UU.
La designación del EGC como grupo terrorista ocurrió en un momento de alta tensión diplomática entre Bogotá y Washington. La medida forma parte de una ofensiva renovada de Estados Unidos contra el crimen organizado transnacional. El presidente Trump impulsó desde su regreso a la Casa Blanca la idea de catalogar a varios carteles como organizaciones terroristas.
Es la cuarta vez que Washington incluye a un grupo armado colombiano en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. En ella ya figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, entre ellas la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC). El gobierno estadounidense justificó la decisión al señalar al EGC como responsable de ataques contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, personal militar y civiles.
El anuncio coincidió con el deterioro de las relaciones bilaterales. Ese escenario incluyó el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental dentro de la campaña antidrogas. Trump reiteró que esa estrategia podría contemplar acciones terrestres en la región. El presidente Gustavo Petro calificó esa posibilidad como una amenaza a la soberanía y la describió como una eventual "declaración de guerra".
Implicaciones políticas, legales y de seguridad
La declaración como grupo terrorista genera efectos inmediatos en los planos legal, financiero y político. Las designaciones FTO y SDGT autorizan a Estados Unidos a aplicar sanciones amplias. Entre ellas figuran la congelación de activos y las restricciones financieras. También abren la puerta a procesos penales contra personas o entidades que apoyen al EGC, de forma directa o indirecta.
La medida también introduce una fuerte incertidumbre en la política de "paz total" del gobierno de Petro. El Ejecutivo mantiene contactos con el Clan del Golfo dentro de esa estrategia. El EGC se presenta como actor político y reclama un trato similar al de guerrillas y antiguos grupos paramilitares. El Estado colombiano lo clasifica como organización criminal. Esa diferencia alimenta el escepticismo sobre una eventual dejación de armas y sobre el abandono de sus economías ilegales.
El diálogo produjo acuerdos iniciales orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento de actividades ilícitas. El proceso carece de un marco jurídico sólido y enfrenta la resistencia del grupo a una subordinación plena. La inclusión del Clan del Golfo en la lista terrorista de Estados Unidos se percibe como un obstáculo adicional. El proceso ya muestra desgaste tras más de tres años y pocos resultados visibles.
En materia de seguridad, la tensión aumenta el temor a represalias en territorio colombiano. Trump ya advirtió sobre posibles acciones más agresivas. Este escenario añade complejidad a unas negociaciones ya frágiles. La presión estadounidense se suma a los desafíos internos del gobierno de Petro, que también enfrenta cuestionamientos y sanciones de Washington por presuntos vínculos con el narcotráfico.