El mundo esta semana: Ormuz, minería en Venezuela y represión transnacional en Nicaragua
La escalada militar en Irán, el giro económico de Venezuela para abrir su sector minero al capital extranjero y la consolidación de un aparato represivo transnacional en Nicaragua concentraron la atención internacional esta semana.
Estos tres acontecimientos reflejan tensiones clave del escenario global: la seguridad, la carrera por recursos estratégicos y la presión sobre las democracias y los derechos humanos.
La guerra en Irán
La escalada bélica en Medio Oriente continuó esta semana con nuevas revelaciones sobre el ataque estadounidense con misiles Tomahawk contra una escuela primaria en la ciudad iraní de Minab, que dejó cerca de 200 muertes.
Investigaciones preliminares de funcionarios estadounidenses atribuyen el bombardeo a un grave error en la selección del objetivo. Según esas versiones, los militares utilizaron información desactualizada para atacar una base naval de los Guardianes de la Revolución ubicada junto al centro educativo.
Aunque la escuela había sido separada del complejo militar años atrás mediante una valla, la falta de verificación derivó en uno de los episodios más mortíferos del actual conflicto.
La crisis también siguió golpeando a la economía global. El conflicto afectó el transporte marítimo y paralizó gran parte de la actividad en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.
El propio alto mando militar estadounidense reconoció la complejidad del escenario. Las autoridades admitieron que sus fuerzas no están preparadas para escoltar petroleros a gran escala mientras concentran recursos en operaciones militares contra Irán.
Ante la volatilidad del mercado energético, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió autorizaciones temporales para permitir la venta de petróleo ruso en alta mar.
El avance de la reforma minera en Venezuela
Tras la captura de Nicolás Maduro en enero, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez impulsa una nueva Ley Orgánica de Minas, que ya superó su primera discusión en la Asamblea Nacional. El proyecto busca desmontar el modelo estatal dominante durante las últimas dos décadas y abrir el sector minero a la inversión extranjera.
La reforma deroga normas anteriores y permite la participación directa de empresas internacionales mediante concesiones de largo plazo o empresas mixtas. También establece el arbitraje internacional como mecanismo para resolver disputas, una exigencia histórica de los inversionistas.
El giro se da en un contexto en que Estados Unidos busca asegurar recursos clave para la transición energética y la industria de defensa frente al dominio de China en el mercado de tierras raras.
Venezuela posee importantes reservas de oro, coltán, bauxita y otros minerales estratégicos. Ese potencial despertó un fuerte interés en Washington.
El acercamiento bilateral ya produjo gestos concretos. El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, visitó Caracas recientemente, mientras el gobierno estadounidense levantó sanciones que ahora permiten a empresas norteamericanas comprar oro venezolano.
La presidenta interina Delcy Rodríguez prometió avanzar en la apertura económica a "velocidad de Trump", en referencia a un proceso rápido para atraer capital extranjero.
Sin embargo, el terreno presenta enormes desafíos. Gran parte de los recursos minerales se encuentran en el Arco Minero del Orinoco, una vasta región donde la minería ilegal se expandió durante el colapso de la industria petrolera.
Hoy muchas de esas zonas están controladas por redes criminales y grupos armados irregulares. Además, la explotación minera provocó deforestación, contaminación de ríos y conflictos con comunidades indígenas en áreas que también incluyen reservas naturales de alto valor ambiental.
El informe de expertos de la ONU sobre Nicaragua
En Centroamérica, un informe del Grupo de Expertos en derechos humanos de la ONU acusó a los altos mandos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de cometer crímenes de lesa humanidad.
La investigación documenta cómo el Estado nicaragüense aplastó la disidencia tras las protestas masivas de abril de 2018 y consolidó un aparato de persecución política.
Con el paso de los años, la definición de "enemigo" se amplió de forma considerable. La represión ya no se limita a líderes estudiantiles. También alcanza a periodistas, religiosos, empresarios y antiguos aliados del partido gobernante.
Según el informe, estas personas enfrentan confiscaciones, violencia y la pérdida de derechos fundamentales.
Uno de los elementos más preocupantes es la expansión internacional de la represión. El gobierno de Managua creó una red de vigilancia que utiliza misiones diplomáticas, autoridades migratorias y campañas digitales para vigilar e intimidar a opositores en el exilio.
La investigación también señala el uso indebido de mecanismos internacionales, como la emisión de alertas rojas injustificadas ante Interpol.
Además, el informe vincula al régimen con ataques violentos contra opositores en el extranjero. Entre los casos citados aparece el asesinato del exmilitar Roberto Samcam en Costa Rica.
El impacto de estas políticas resulta devastador para miles de exiliados. El gobierno utiliza la apatridia y la llamada "muerte civil" como herramientas de castigo político.
Al menos 452 nicaragüenses perdieron su nacionalidad tras juicios secretos, mientras miles más viven sin documentos válidos y no pueden renovar pasaportes ni regresar a su país.
Ante el colapso del sistema judicial interno, el grupo de expertos de la ONU pidió a la comunidad internacional aplicar el principio de jurisdicción universal para investigar a los responsables y establecer sanciones dirigidas.
Otras noticias clave
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre una profunda "erosión estructural" de la libertad de expresión en el continente americano. El organismo considera que el último año resultó uno de los más difíciles para el periodismo en la región.
El Índice Chapultepec señala retrocesos graves en países sin libertades como Venezuela y Nicaragua. También advierte deterioros en democracias consolidadas como Costa Rica y Estados Unidos.
En Europa, Croacia restableció el servicio militar obligatorio después de casi dos décadas de mantener un modelo voluntario. La medida implica dos meses de entrenamiento para hombres y mujeres.
El gobierno croata justifica la decisión por el deterioro de la seguridad en Europa relacionado con la guerra en Ucrania y el temor a posibles operaciones de sabotaje ruso. También influyen la escasez de reclutas y el rearme de países vecinos como Serbia.
En América Latina, las elecciones legislativas e interpartidistas en Colombia dejaron un Congreso altamente fragmentado. El resultado anticipa un escenario de gobernabilidad complejo para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
Aunque la coalición de izquierda del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico, se consolidó como la fuerza más votada, no obtuvo mayoría absoluta.
Los comicios perfilaron a tres aspirantes principales para la presidencia: el senador Iván Cepeda, que busca continuar la agenda social de Petro; el abogado Abelardo de la Espriella, un candidato de derecha que promete mano dura contra el crimen; y la senadora Paloma Valencia, figura central de la derecha tradicional vinculada al uribismo.
