Israel vs. las ONG: ¿Qué está pasando con la ayuda humanitaria en Gaza y Cisjordania?

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• Israel suspendió las licencias de al menos 37 ONG internacionales en Gaza y Cisjordania mediante una nueva normativa de registro que, según las organizaciones, politiza y condiciona la ayuda humanitaria.
• El Gobierno israelí justifica la medida por razones de seguridad y lucha contra el terrorismo, mientras las ONG denuncian riesgos graves para su personal y una violación a los principios de independencia y neutralidad.
• Naciones Unidas y la comunidad internacional advierten que la decisión puede provocar un colapso humanitario, al afectar hospitales, alimentos, agua y atención básica para millones de civiles.

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Mientras el invierno recrudece en Gaza y Cisjordania, con lluvias intensas que caen sobre campamentos improvisados y miles de desplazados sin techo, el acceso a la ayuda humanitaria enfrenta un nuevo obstáculo. Esta vez no proviene de los combates, sino de una decisión administrativa del Gobierno de Israel.

La revocatoria de licencias a decenas de organizaciones humanitarias internacionales amenaza con desarticular buena parte del sistema de asistencia que sostiene a la población palestina.

¿Cuál es el núcleo del enfrentamiento entre Israel y las ONG?

El conflicto escaló cuando el Gobierno israelí confirmó la entrada en vigor de una medida que suspende los servicios de al menos 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales. Estas operan en la Franja de Gaza y en Cisjordania ocupada.

La decisión deriva de una nueva normativa de registro, aprobada en marzo de 2025. La ley exige el cumplimiento de estrictos estándares de "seguridad y transparencia".

Israel afirma que estas reglas buscan evitar la infiltración de agentes terroristas en estructuras humanitarias. También acusa a varias ONG de negarse a entregar información completa sobre su personal palestino.

Las organizaciones rechazan las acusaciones. Sostienen que el nuevo sistema impone condiciones políticas ajenas a su labor y vulnera los principios de independencia y neutralidad que rigen la acción humanitaria internacional.

¿Por qué Israel decidió revocar estas licencias ahora?

El Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, por medio del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, justifica la medida bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo.

Las autoridades alegan vínculos de algunas entidades con grupos como Hamás o la Yihad Islámica. Señalan casos como el de Médicos Sin Fronteras (MSF), a la que acusan de emplear a personas relacionadas con milicias. La organización negó de forma categórica esas afirmaciones y señaló la ausencia de pruebas.

El Gobierno también estableció que cualquier grupo que incurra en actos de "deslegitimación" del Estado de Israel o que respalde boicots en los últimos siete años puede ser expulsado.

Según el ministro Amijai Chikli, la ayuda humanitaria es bienvenida, pero no su "explotación" con fines militares. Sectores críticos y medios locales sostienen otra lectura: imponer un control político estricto sobre quién puede operar en los territorios palestinos.

¿Qué alegan las ONG para negarse a entregar la información?

Las organizaciones afectadas, entre ellas Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados y CARE, califican las exigencias de Israel como una "extralimitación escandalosa".

La principal preocupación se centra en la entrega de datos personales sensibles de trabajadores locales y de sus familias.

Desde octubre de 2023, más de 500 trabajadores humanitarios murieron en el contexto del conflicto. Las ONG advierten que compartir listados de personal con una de las partes beligerantes expone a sus equipos a un riesgo inmediato.

También señalan que estas demandas contradicen las normas internacionales de protección de datos y su deber de cuidado hacia los empleados. Para las organizaciones, aceptar un escrutinio militar equivale a renunciar a su independencia operativa.

¿Cuáles son las consecuencias humanitarias de esta decisión?

Naciones Unidas calificó la medida como "catastrófica". La ONU advierte que la salida de estas organizaciones dejaría a la población civil en una situación de desamparo extremo.

Las ONG internacionales gestionan o respaldan cerca del 60% de los hospitales de campaña y centros de atención primaria en Gaza. Su retirada forzaría el cierre de uno de cada tres centros de salud, dentro de un sistema ya colapsado.

Además, estas organizaciones son responsables de:

• Más de la mitad de la asistencia alimentaria en el enclave.
• El 42% de los servicios de agua, saneamiento e higiene.
• El 100% del tratamiento para niños con desnutrición aguda grave.
• Cerca de un tercio de los partos atendidos en Gaza.

Si las ONG cesan actividades antes del 1.º de marzo de 2026, como ordenó Israel, el frágil soporte vital de millones de personas podría colapsar.

¿Qué precedentes existen y cómo reaccionó la comunidad internacional?

La ofensiva contra las ONG no surge de forma aislada. Sigue a medidas similares contra la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Israel prohibió su operación tras acusarla de infiltración por parte de Hamás.

El Parlamento israelí incluso autorizó el corte de suministros de agua y electricidad a las instalaciones de esa agencia.

La reacción internacional fue de rechazo casi unánime. El secretario general de la ONU, António Guterres, y el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, calificaron la suspensión como "escandalosa" y "arbitraria".

La Unión Europea y los cancilleres de diez países, entre ellos Reino Unido, Francia, Canadá y España, instaron a Israel a garantizar el acceso humanitario. Recordaron que el derecho internacional obliga a permitir la ayuda sin obstáculos políticos.

¿Qué implicaciones legales y políticas tiene esta medida?

Desde el punto de vista legal, la decisión entra en tensión con la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia. El tribunal establece que Israel, como potencia ocupante, debe asegurar las necesidades básicas de la población civil y facilitar las operaciones humanitarias.

Expertos advierten sobre un precedente peligroso para el sector humanitario global. La medida permite a un Estado controlar y politizar la ayuda en contextos de guerra.

En el plano político, la normativa formaliza restricciones que ya existían. También otorga al Gobierno israelí una herramienta legal para excluir a cualquier organización incómoda.

Mientras el plazo para el cese total de actividades se acerca, la incertidumbre domina el futuro de la asistencia.