¿Por qué investigan a Roberto Sánchez, candidato presidencial en Perú?
Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:
- Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú y exministro de Pedro Castillo, enfrenta una investigación por presuntas irregularidades en reportes financieros y aportes de campaña entre 2018 y 2020.
- La Fiscalía señala inconsistencias en documentos del partido, depósitos bancarios vinculados a dirigentes y un supuesto aporte en especie que habría sido negado por el presunto donante.
- Sánchez rechaza las acusaciones y sostiene que no existen pruebas de financiamiento ilegal, mientras el caso impacta la campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial contra Keiko Fujimori.
La investigación contra Roberto Sánchez volvió a colocar el debate sobre el financiamiento político en el centro de la discusión pública en Perú. El candidato presidencial y exministro del gobierno de Pedro Castillo enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en reportes financieros y aportes de campaña vinculados al partido Juntos por el Perú.
Mientras la Fiscalía sostiene que existirían inconsistencias en documentos y movimientos bancarios relacionados con procesos electorales entre 2018 y 2020, Sánchez rechaza haber cometido delitos y asegura que las acusaciones carecen de fundamento. El caso surge, además, en un momento clave del escenario político peruano, marcado por la polarización, las investigaciones contra figuras públicas y la creciente desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos.
Sánchez disputará la presidencia contra Keiko Fujimori el 7 de junio, en la segunda ronda electoral.
¿Quién es Roberto Sánchez?
Roberto Sánchez nació en 1969 en Huaral, una ciudad ubicada a unos 80 kilómetros de Lima y reconocida por su actividad agrícola. De profesión psicólogo, construyó su carrera política con cercanía a sectores populares y rurales del Perú.
Su figura tomó relevancia durante el gobierno de Pedro Castillo, en el que ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo. En medio de los constantes cambios dentro del gabinete presidencial, Sánchez fue uno de los pocos ministros que logró mantenerse en funciones durante más tiempo.
Durante su paso por el Ejecutivo, ganó notoriedad por respaldar públicamente las propuestas del entonces mandatario y por adoptar símbolos ligados al movimiento campesino, como el tradicional sombrero utilizado por Castillo. Esa imagen le permitió conectar con sectores del sur peruano y con comunidades que denunciaban exclusión social y violencia estatal tras la crisis política que provocó la destitución del expresidente.
¿De qué se le acusa?
La Fiscalía peruana investiga presuntas irregularidades relacionadas con el financiamiento de campañas políticas y reportes financieros correspondientes al periodo entre 2018 y 2020.
Según las pesquisas, existirían inconsistencias en documentos presentados por el partido Juntos por el Perú, en los que se indicaba que no hubo ingresos ni gastos durante determinados procesos electorales.
En el caso de las elecciones regionales y municipales de 2018, el Ministerio Público sostiene que Sánchez firmó informes entregados en enero y julio de 2019, en los que se aseguraba que la agrupación no había recibido aportes ni realizado gastos de campaña.
La investigación también menciona la apertura de una cuenta bancaria en el Banco de Crédito del Perú (BCP) a nombre de William Ricardo Sánchez, hermano del político y entonces presidente del Comité Nacional Electoral del partido. De acuerdo con la acusación, en cuentas vinculadas a miembros de la agrupación se habrían registrado depósitos por unos 75.750 soles, equivalentes aproximadamente a ₡10 millones.
Además, la Fiscalía cuestiona un supuesto aporte en especie valorado en 27.400 soles —cerca de ₡3,6 millones— debido a que la persona señalada como contribuyente negó haber realizado dicha donación.
La defensa de Roberto Sánchez
Sánchez rechazó ante el Ministerio Público haber cometido delitos relacionados con el manejo de recursos de campaña y cuestionó la interpretación realizada por la Fiscalía sobre los movimientos bancarios investigados.
Durante las diligencias fiscales, afirmó que "no ha existido cobro de tasas para los postulantes a candidatos en las elecciones de 2018". Asimismo, sostuvo que su hermano "nunca ha sido tesorero del partido político Juntos por el Perú", rechazando así los señalamientos sobre posibles aportes no reportados.
El político también utilizó sus redes sociales para defender su inocencia y asegurar que la justicia peruana ya había descartado acusaciones vinculadas con fraude. Sánchez insiste en que no existen pruebas que demuestren falsificación documental o financiamiento irregular dentro de la agrupación política.
Relación con el escenario electoral
La resolución fiscal fue emitida el 15 de enero, aunque su contenido se conoció semanas después, cuando medios locales tuvieron acceso al documento.
El caso tomó fuerza en medio del proceso electoral peruano, particularmente durante la disputa por el pase a la segunda vuelta presidencial. Sánchez logró consolidarse entre los principales candidatos tras superar por un estrecho margen a Rafael López Aliaga.
De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Juntos por el Perú alcanzó cerca del 12% de los votos, mientras que López Aliaga obtuvo un porcentaje ligeramente menor. El avance del escrutinio estuvo marcado por denuncias de presuntas irregularidades en la votación.
Por su parte, Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, encabezó los resultados de la primera vuelta electoral.
Tras conocerse la diferencia definitiva, Sánchez declaró ante la prensa que estaba preparado para enfrentar "los retos que ponga nuestro pueblo".