¿Qué es una ley de “agentes extranjeros”? La estrategia de Bukele, Ortega y Maduro contra las ONG
Bukele busca imponer un impuesto del 30% a las donaciones
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que impulsará una ley de "agentes extranjeros" que impondrá un impuesto del 30% a las donaciones que reciben las organizaciones no gubernamentales.
El anuncio se dio un día después de que diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos denunciaran la detención "arbitraria" del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, tras participar en una manifestación en las cercanías del residencial donde vive Bukele.
No es la primera vez que el pesidente salvadoreño intenta aprobar esta legislación. En 2021, ya había propuesto una versión que incluía un impuesto del 40%, pero el proyecto fue frenado por la presión de organizaciones nacionales e internacionales. Desde entonces, permanece archivado en la Asamblea Legislativa, aunque el presidente ha reiterado su intención de reactivarlo.
¿Qué son las leyes de "agentes extranjeros"?
Estas leyes comparten una lógica común: establecer marcos legales ambiguos y restrictivos que permiten al Estado controlar, fiscalizar y sancionar a las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que reciben fondos del extranjero. Aunque suelen justificarse como una defensa contra la injerencia foránea, en la práctica sirven para silenciar voces críticas y reducir el espacio cívico.
No solo las ONG se ven afectadas. Muchos medios independientes —que también operan con fondos de cooperación internacional— quedan expuestos a los mismos mecanismos de control.
Según Amnistía Internacional, estas leyes constituyen una forma de acoso legal diseñada para deslegitimar a las organizaciones que promueven los derechos humanos y la democracia. Las sanciones van desde multas desproporcionadas hasta la suspensión de actividades o el encarcelamiento, generando un clima de miedo y autocensura.
A continuación, algunos ejemplos en la región:
Nicaragua: el control total
El régimen de Daniel Ortega fue pionero en este tipo de legislación. En 2020, aprobó una ley que obliga a las ONG a registrarse como "agentes extranjeros" y les prohíbe participar en actividades políticas. Desde entonces, más de 3.000 organizaciones han sido ilegalizadas, entre ellas la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Venezuela: un cerco legal
En 2024, la Asamblea Nacional venezolana aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, conocida como la "Ley AntiSociedad".
Esta normativa obliga a las ONG a registrarse ante el Estado, declarar sus actividades y fuentes de financiamiento, y prohíbe expresamente recibir fondos con fines políticos.
La organización Acción Solidaria advirtió que se trata de una medida para criminalizar a las organizaciones que no siguen la línea oficialista y acallar a las voces críticas.
Paraguay: la trampa burocrática
En Paraguay, una ley aprobada en 2024 exige que todas las organizaciones sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, se inscriban en un registro oficial. Solo las entidades registradas pueden recibir fondos públicos o firmar convenios con el Estado.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH alertó que esta legislación puede ser usada para condicionar la independencia de las ONG, especialmente aquellas que fiscalizan al gobierno o defienden derechos fundamentales.
Perú: el cerco se cierra
En 2024, el Congreso peruano modificó las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para endurecer el control sobre las ONG que reciben financiamiento externo. La nueva norma obliga a estas organizaciones a reportar detalladamente sus ingresos, sobre todo si desarrollan actividades catalogadas como "activismo político". Las sanciones por incumplimiento incluyen desde multas hasta la cancelación del registro ante la APCI.
