Municipio entabla demanda judicial para que exalcalde reintegre más de ₡28 millones

La Municipalidad de Limón, a petición de la Contraloría General de la República (CGR), presentó una demanda ante el Juzgado de Cobro del I Circuito Judicial de Limón para que se concrete la devolución de más de ₡28 millones por parte de Néstor Mattis Williams, alcalde del cantón central de Limón.

Dicha gestión se concretó el 9 de julio, según el acta de cierre en el proceso administrativo seguido contra el exfuncionario por parte del ente contralor.

"Atendiendo a la solicitud de información requerida mediante oficio DJ-1230, relacionado a las gestiones de cobro de la responsabilidad civil declarada por la Contraloría General en el procedimiento administrativo n° CGR-PA-2024003167. Sobre el caso en mención, se les comunica que la demanda fue presentada bajo el expediente número 25-002846-1208-CJ, tramitado ante el Juzgado de Cobro del I Circuito Judicial de Limón, en contra del señor Néstor Reinaldo Mattis Williams, y actualmente se encuentra a la espera de que se le confiera curso procesal correspondiente", expuso Ana Matarrita McCalla, alcaldesa de Limón, a través del oficio remitido a la CGR en esa fecha.

Al 18 de julio, según el sitio de consulta de la CGR, el monto económico aún no había sido devuelto al municipio.

La División Jurídica de la CGR sancionó al exalcalde con 2 años de prohibición para ocupar cargos públicos y le ordenó reintegrar más de ₡28 millones al erario del municipio, tras una investigación administrativa que determinó que recibió de manera indebida el pago del 30% sobre el salario base por concepto de prohibición en el lapso comprendido entre el 3 de octubre de 2020 y el 19 de abril de 2023.

Así lo indica la resolución Nº 16564-2024 emitida el 10 de octubre de 2024. El procedimiento contra el exalcalde se abrió el 26 de junio de 2024 y se tramitó bajo el expediente CGR-PA-2024003167.

La investigación determinó que Mattis recibió de manera indebida el pago de un 30% sobre su salario base por concepto de prohibición debido a que, para el período en cuestión, estaba suspendido del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR) por no cumplir con el requisito de encontrarse al día con el pago de las cuotas, el cual es indispensable para recibir el mencionado pago.

Según la CGR, el entonces alcalde no comunicó a la entidad municipal la suspensión por morosidad practicada en su contra y continuó devengando el beneficio salarial durante 2 años y 6 meses.

El 18 de febrero de 2025, Mattis informó sobre la intención de llegar a un arreglo de pago con la municipalidad.

¿Por qué la sanción?

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde 2018, señala que la prohibición es la "restricción impuesta legalmente a quienes ocupen determinados cargos públicos, con la finalidad de asegurar una dedicación absoluta de tales servidores a las labores y las responsabilidades públicas que les han sido encomendadas".

Así las cosas, todo funcionario público que reciba el pago por prohibición tendrá la imposibilidad de desempeñar la profesión o las profesiones en cualquier otro puesto, ya sea en el sector público o privado. Estén o no relacionadas con su cargo, sean retribuidas mediante sueldo, salario, dietas, honorarios o cualquier otra forma, en dinero o en especie, o incluso ad honorem.

La prohibición al ejercicio liberal de la profesión constituye una restricción a un derecho fundamental, impuesta legalmente a quienes ocupan determinados cargos públicos con la finalidad de asegurar una dedicación completa del servidor a las labores y responsabilidades públicas que le han sido encomendadas. Evitando que su interacción con el ámbito privado ponga en riesgo su atención efectiva, merced al surgimiento de conflictos de intereses reales o potenciales.

Para efectos de que proceda el reconocimiento o pago que apareja la aplicación de dicho régimen es necesario que el funcionario que ostenta el cargo público cumpla a la vez con 3 presupuestos: el funcional, el académico y el profesional por lo que, con la omisión de alguno de estos presupuestos, no es procedente el reconocimiento de dicha compensación salarial.

En ese orden de ideas, uno de los requisitos necesarios para recibir el pago por compensación de la prohibición del ejercicio liberal de la profesión es estar debidamente colegiado. Es decir, dicho requisito implica por sí mismo estar al día con el pago de sus cuotas.

El exalcalde es licenciado en Administración de Empresas y posee una maestría en esa materia y desde el 26 de mayo de 1995 se incorporó como agremiado a ese colegio profesional. No obstante, según constató la CGR, entre el 10 de setiembre de 2019 y el 9 de noviembre de 2020, el exfuncionario estuvo moroso en el pago de las cuotas de colegiatura.

Mattis se puso al día el 19 de abril de 2023. No obstante, tras un requerimiento de información de la CGR, el Departamento de Talento Humano de la Municipalidad de Limón detalló que entre el 3 de octubre de 2020 y el 19 de abril de 2023 el entonces jerarca percibió por concepto de prohibición un 30% de su salario base, esto según lo dispuesto en la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El expediente del caso detalla que el día 29 de agosto del 2024 se realizó la comparecencia oral, virtual y pública. Sin embargo, Mattis Williams no se presentó ni tampoco aportó justificación alguna sobre su ausencia. En virtud de lo anterior, el órgano decisor dio por concluida la audiencia.

Mattis se mantuvo casi 13 años en el cargo, pues en enero de 2024 dejó la alcaldía. Para el período 2020-2024 había sido electo bajo la bandera del Partido Auténtico Limonense (PAL). Con esa misma divisa ganó las elecciones municipales para el período 2016-2020.

El político llegó a la silla municipal en las elecciones de 2010 con el Partido Liberación Nacional (PLN), al cual renunció en 2015.

Administrativamente, en el caso la CGR también ordenó la sanción de destitución por justa causa sin responsabilidad debido a incumplimientos con el Artículo 37 de la Ley de Salarios de la Administración Pública.

"En el caso del señor Mattis Williams durante el periodo comprendido del 3 de octubre de 2020 hasta el 19 de abril de 2023, se encontraba suspendido para el ejercicio liberal de la profesión por parte del Colegio profesional respectivo por no cumplir con el requisito de encontrarse al día con el pago de las cuotas, de tal manera que durante dicho periodo no resultaba procedente el pago de un 30% sobre su salario base por concepto de prohibición, situación que nunca fue alertada a la corporación municipal por el investigado y por el contrario continuó recibiendo de manera indebida durante 2 años y 6 meses dicho rubro.

"De las pruebas que constan en los hechos probados que corren del 7 al 17 se determina que el Colegio de Ciencias Económicas, desarrolló un procedimiento administrativo interno, tendiente a lograr que el señor Mattis Williams se pusiera al día en el pago de sus cuotas. Por lo cual, este órgano decisor no tiene duda que la conducta desplegada por el investigado es grave y además reprochable, la cual cometió en grado de culpa grave, a título de negligencia, violentando normas que integran el Ordenamiento de Fiscalización Superior", concluyó la resolución.

La División Jurídica de la CGR emitió un oficio el 4 de diciembre a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón en el que advierten la necesidad de dar seguimiento a la recuperación de los más de ₡28 millones derivados de la responsabilidad civil establecida contra el exalcalde por este caso.

Durante el ejercicio del cargo como alcalde limonense, Mattis Williams enfrentó otras sanciones de la CGR con castigos impuestos que lo obligaron a la devolución de dinero a las arcas municipales o a cumplir suspensiones sin goce salarial.

En 2022, la CGR giró una suspensión de 20 días sin goce salario tras encontrarlo responsable de un proceso administrativo por inconsistencias en 3 licitaciones otorgadas en el ayuntamiento limonense. Por eso, además, se le achacó la responsabilidad civil solidaria de más de ₡16 millones que el ente ordenó devolver a las arcas municipales. En ese momento el caribeño se defendió alegando que no existió negligencia de su parte, ya que únicamente firmó las órdenes de compra y no está al tanto de todo el procedimiento de contratación.

Además, en 2019, fue objeto de una investigación por parte del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presuntas anomalías en la construcción del nuevo Mercado Municipal de Limón.

Mattis, de 63 años, se acogió a la jubilación desde enero de 2024.

Este medio le remitió al exalcalde una serie de consultas a través de un mensaje de WhatsApp, pero al cierre de edición no hubo respuesta.