10 sociedades de exdiputado e hijo figuran en la investigación por caso BCR-SAFI
Allanamiento en la vivienda del exdiputado, Humberto Vargas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga a un grupo de interés económico conformado por el exdiputado socialcristiano, Humberto Vargas Corrales; uno de sus hijos de apellidos Vargas Sotres, y dos personas más identificadas como Manrique Gutiérrez López y Héctor Barrantes Marín.
Estos imputados, según la investigación, participan de, al menos, diez sociedades anónimas con las que adquirieron nueve propiedades que, después, fueron vendidas con un supuesto sobreprecio a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del banco (BCR-SAFI).
El fiscal de Probidad, Carlos Benítez, explicó a CR Hoy que este "grupo de interés económico" es investigado desde hace cuatro años y ahora están imputados en el Caso BCR-SAFI.
"Son diez sociedades las que utilizó este grupo de interés económico y que detectamos durante la investigación. Todos estos nombres entonces ya figuran como imputados a partir de ahora", explicó el fiscal del Ministerio Público.
La Fiscalía realizó 16 allanamientos, la mañana de este jueves, en oficinas del Banco de Costa Rica (BCR), de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del banco (BCR-SAFI) y varias casas de habitación en busca de evidencia, en una causa que "investiga delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública, relacionados con actuaciones de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la SAFI, respecto de al menos 9 proyectos adquiridos", señaló el Ministerio Público.
"El objetivo es ubicar evidencia, tanto documental como electrónica, que resulte relevante para la investigación, tal como documentos sobre inversiones realizadas por la Sociedad Administradora dentro y fuera del país, así como contratos y permisos de construcción. Por estos hechos, a su vez, la Superintendencia General de Valores también tramita procesos disciplinarios y de carácter regulatorio contra las partes implicadas", añadió el fiscal a cargo de las pesquisas, Carlos Benítez.
Las propiedades
Con las sociedades conformadas, es la teoría de la Fiscalía, los sospechosos habrían comprado 9 propiedades pagando un sobreprecio total superior a los $92 millones (más de ₡49.4 millones, según el tipo de cambio vigente).
Esa dependencia investiga presuntas anomalías en la adquisición del complejo de bodegas ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas. Dicha propiedad fue adquirida a una sociedad vinculada a Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por la provincia de San José entre 2014 y 2018.
Por esa finca, la SAFI le pagó $70 millones a la sociedad del exlegislador y desde la apertura del parque, ha presentado problemas con permisos de operación, accesos, agua, cumplimiento de requisitos, entre otras cosas.
En el caso del PEP, cuya adquisición es investigada por la FAPTA, la sociedad ligada a Vargas lo habría comprado por $16 millones y la habría vendido al SAFI con una diferencia adicional de $54 millones.
Las propiedades investigadas se ubican en Guadalupe (centro educativo), Santa Ana (edificio Madrid), La Uruca, Ciudad Colón, Pavas y el ya conocido PEP. En el caso de La Uruca, Ciudad Colón y Pavas se manejaron fideicomisos con varios lotes.
Uno de los análisis más extensos se efectuó sobre el Centro Educativo de Guadalupe (CE Guadalupe), el cual está compuesto por 3 fincas. El informe detalla que dos de los inmuebles que componen este activo se compraron el 15 de febrero de 2016 por la sociedad 3-101-676.007 S.A. Se trató del inmueble con número de folio real 1-182.606-000 por un monto que era equivalente a $243.099,31 y el inmueble con número de folio real 1-563.671-000 por un monto equivalente a $46.115,25.
El 15 de diciembre del 2016 se da presuntamente solo el primer inmueble en arrendamiento a un centro educativo, el cual comparece a firmar por medio de apoderada especial administrativa con un poder que, además de haber sido otorgado 6 días después, por ser de naturaleza especial no le alcanzaba el mandato para firmar.
El 27 de abril de ese año, en actos notariales sucesivos otorgados ante los mismos notarios públicos y con 30 minutos de diferencia, se realiza una doble venta del folio real 1-527.753-000. Siendo el precio del primer traspaso la suma de $925.000 y de la segunda $1.025.000.
La investigación establece que en la primera escritura de traspaso se determina que el inmueble está alquilado a la sociedad Urban American Clothing Co, S.A. por $8.179,81.
En julio de 2017, en documento sin fecha, se firma la adenda 1 al contrato de arrendamiento, en el que se aclara que el arrendamiento contempla 3 inmuebles y no solo 1, como se estableció en el contrato de arrendamiento.
Estos son, además del folio real 1-182.606-000, los inmuebles con número de folio real 1-563.671-000 y el 1-527753-000. Se trata de un edificio de 5 pisos, con 35 aulas, un área de estacionamientos al aire libre y un área de estacionamientos bajo techo de 2 niveles para un total de 6.000 metros cuadrados (m2) y 200 estacionamientos.
También, en julio de 2017, un grupo de ingenieros visitó y valoró los inmuebles. Confirmaron que las edificaciones estaban en construcción con un avance mayor en la parte del edificio de aulas, así como en área de recepción y administración.
El informe financiero elaborado por los técnicos indica que el contrato existente con la universidad inicia en julio de 2017 y que el precio mensual es de $100.200. Hay contradicción con el contrato firmado en diciembre de 2016 y la adenda del mismo mes de julio 2017.
El mismo día que los 3 inmuebles fueron liberados del fideicomiso de garantía en el que se encontraban, el 17 de julio de 2017, con solo 50 minutos de diferencia entre actos notariales, BCR SAFI compra para el Fondo de Inversión Inmobiliaria del Comercio (FIIC) y la Industria FCI los 3 inmuebles por valores significativamente mayores.
"En la escritura se menciona vagamente el origen de los fondos pero se presume, a falta de transparencia del BCR SAFI, que éstos se originaron en línea de crédito. Esto es, BCR SAFI endeudó al fondo que administra para comprar propiedades sobrevaloradas con un contrato dudoso porque mientras dice que estaba alquilada, el informe de valoración da cuenta de que la propiedad estaba en construcción", cita el informe Exp 001-24, elaborado por la Oficina de Investigaciones del BCR, con fecha del 4 de julio del 2024.