14 funcionarios de Hacienda se enfrentan a despidos por “conductas irregulares” y delictivas
Se suman cuatro más cuyos procesos ya culminaron y fueron declarados con lugar en el Servicio Civil
Al menos 14 funcionarios de distintas dependencias del Ministerio de Hacienda, enfrentan procesos de despido por incurrir en presuntas irregularidades, algunas de ellas incluso delictivas.
Se trata de procesos que se han abierto a nivel administrativo y que incluso han sido elevadas al Servicio Civil, por conductas que van desde el cobro de dádivas a no respetar de forma adecuada los procesos de control interno, poniendo en entredicho los mecanismos para un adecuado manejo de mercancías y expedientes.
Los casos son los tratados durante la actual administración de Carlos Alvarado y todos ellos se encuentran en distintas etapas. Se suman ademas al menos cuatro casos más que ya culminaron el proceso de destitución y fueron declaradas con lugar por parte del Tribunal de Servicio Civil. Estos últimos eran funcionarios que ocupando cargos de jefatura como administradores de contratos públicos, aceptaron dádivas por parte de empresas distribuidoras de Hacienda.
La información forma parte de una investigación que desarrolla la Comisión de Control de Ingreso y Gasto de la Asamblea en relación a la evasión fiscal. Los datos fueron suministrados al grupo legislativo por el viceministro de Hacienda Nogui Acosta, a solicitud del socialcristiano Pedro Muñoz.
"No necesariamente los procesos sancionatorios pasan por el despacho pero la Auditoría ha presentado varias acciones desde el punto de vista de incluso llevar al Ministerio Público a los funcionarios… son procesos que están abiertos", dijo Acosta al recibir la solicitud de los datos.
De los casos que se encuentran actualmente en trámite, dos corresponden a la Dirección General de Tributación.
En esta dependencia hay dos funcionarios a quienes se les abrió un proceso por el aparente cobro de dádivas. Uno de los casos está en trámite y el segundo ya fue declarado con lugar pero se encuentra bajo apelación ante el Tribunal Administrativo del Servicio Civil.
En la Policía de Control Fiscal existen investigaciones abiertas contra cinco funcionarios en total por no cumplir con el procedimiento a la hora de descargar mercancía no declarada.
Este órgano es el que se encarga de los decomisos de productos que ingresan al país de contrabando. Cada uno de esos productos deben cumplir con un proceso para garantizar que nada se extravíe en el camino y sea finalmente utilizado como lo indica la ley, ya sea donado, subastado o eliminado, según sea el caso.
Los cinco funcionarios ya se encuentran despedidos en sede administrativa y ratificado en primera instancia a nivel de Tribunales de Justicia, pero aún está pendiente la etapa de Casación o apelación judicial.
Jefaturas en la mira
Al tiempo que funcionarios se han visto envueltos en posibles casos de irregularidades y eventuales delitos, personal que ha venido ocupando el cargo de jefaturas tampoco escapa a esta situación.
Tal es el caso del Servicio Nacional de Aduanas en donde dos personas con cargos de jerarquía se enfrentan a una investigación por el presunto delito de cohecho propio.
Este tipo de delito consiste en aceptar regalías o algún tipo de favor para su beneficio.
Según Hacienda ya se conformó un órgano director del procedimiento para determinar la responsabilidad de los funcionarios, al tiempo que se elevó la denuncia ante el Ministerio Público.
Asimismo, en la Dirección General de Hacienda existen cinco funcionarios con cargos de jefaturas cuyos despidos se tramitan ante la Dirección General de Servicio Civil.
Cuatro de ellos se abrieron por aparentes fallas en el manejo de expedientes, lo cual contrapone lo estipulado en la custodia de los controles internos.
El quinto caso es por un aparente incumplimiento a disposiciones emitidas por la Auditoría Interna.
Bajo críticas
Hacienda se encuentra bajo cuestionamientos especialmente después de un reciente informe de la Contraloría General de la República que alertó de un incremento en los índices de evasión y morosidad y el señalamiento directo de que los esfuerzos de las autoridades haciendarias al respecto no han sido del todo efectivas.
En el ministerio se sacuden de los cuestionamientos y achacan el problema a varios aspectos, entre ellos a una reducción sistemática en los ingresos tributarios debido al cambio económico que ha significado adquirir cada vez más servicios hasta hace poco no regulados, así como en la necesidad de mejorar los procesos internos.
En este último aspecto, la ministra de Hacienda Rocío Aguilar, habla de una mejor gestión de riesgos y de la integración de los procesos a través de un plan de digitalización.

Los diputados que analizan el tema esperan poder realizar algunas recomendaciones sobre el tema, a la vez que presionan a las autoridades hacendarias a establecer controles, como por ejemplo la colocación de escáneres en las aduanas y una mayor integración de sistemas entre Aduanas y Tributación, que permitan reducir los niveles de evasión y minimizar o erradicar los posibles casos de corrupción a nivel interno.
