17 realidades sobre los reclamos de los huelguistas

(CRhoy.com). Aunque surgió como un movimiento para pedir la cabeza del ya exministro de Educación Edgar Mora, la huelga que arrancó la semana anterior derivó ahora en un largo compilado de reclamos en donde sectores de todo tipo, incluidos sindicatos de varias entidades, han aprovechado para hacer su lista.

Posterior a la salida de Mora este lunes, los sectores plantearon un total de 18 peticiones que en su mayoría poco tienen que ver con el sector educativo que inicialmente dio pie a la huelga. El primer reclamo se cumplió: la salida de Edgar Mora.

El presidente Carlos Alvarado, señaló este martes que conoce la agenda, pero muchos de esos temas competen a Asamblea Legislativa.

"De todos los puntos hay unos muy abstractos y otros más concretos… estamos con los sectores conversando, hay apertura, pero no se vale que haya muchos sectores con necesidades que de manera legítima se necesitan resolver, no se vale usarlos como excusa para otras agendas, ahí sí el gobierno no va a prestarse para eso", exclamó Alvarado.

Tras la salida de Mora se cumplió la primera exigencia y ahora quedan 17 más pendientes. Esta es la situación actual con cada una de ellas:

Los programas educativos no son un aspecto que dependa exclusivamente del jerarca del Ministerio de Educación. Estos son revisados y aprobados por el Consejo Superior de Educación.

Respecto a la "defensa de los valores cristianos", los huelguistas reclaman varios cambios aplicados en especial a partir de este año y la implementación de un protocolo contra el bullying hacia la población LGBTI que entre otras cosas faculta a los centros educativos a implementar un espacio en los servicios sanitarios o bien vestidores para la población diversa que así lo requiera. Esto no implica que todos los centros educativos deban destinar recursos de su presupuesto a cambiar la infraestructura, sino únicamente habilitar algunos de los baños (incluso administrativo) para quien así lo requiera.

Puede consultar el documento completo en este enlace.

Existe ya en la corriente legislativa una propuesta de reforma al plan fiscal para establecer una moratoria sobre las multas.

La propuesta se maneja con trámite rápido, al punto que este martes se aprobó en primer debate. Sin embargo sería una moratoria por apenas tres meses y no 18 como piden los manifestantes. El gobierno está -en principio- de acuerdo con una moratoria siempre que no signifique promover el incumplimiento.

Alvarado dijo que Hacienda tendrá además "cierta flexibilidad" en relación con la facturación electrónica, mientras la gente se acostumbra a su uso.

El sector transportista no está unido en torno a los reclamos realizados al gobierno. De hecho, la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac) firmó , junto a 10 cámaras más del sector exportador, una petición para que el gobierno garantice el libre tránsito, pues están en contra de los bloqueos.

Los transportistas en huelga han manifestado en las marchas su "apoyo a los reclamos de los estudiantes" y algunos pocos resumen la "problemática" del sector en temas variados, que van desde el no pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en insumos y repuestos mecánicos, hasta su oposición a la construcción de un tren de carga hacia Limón que afectaría sus intereses.

En tal caso, el proyecto del tren eléctrico a Limón apenas se encuentra en su etapa de factibilidad, cuyos estudios estarían hasta finales de 2019. Esto implica que su eventual construcción todavía debe superar varias etapas.

Respecto al pago de tributos, se trata en su mayoría de insumos que ya antes estaban gravados con el anterior impuesto de ventas.

El sector pesquero reclama -entre otras cosas- que no se les aplique el cobro de 13% del IVA a los productos provenientes de la pesca. Para hacer eso sería necesaria una reforma al plan fiscal, proyecto que no está de momento en los planes del Congreso.

Los pescadores también reclaman la afectación que sufren debido a sus condiciones y exigen reformas ante los impedimentos que existen en torno a la pesca de arrastre.

"Con  los pescadores hay una mesa de diálogo, pero los acuerdos no han sido respetados", denunció este martes en el programa Enfoques de CRHoy la diputada liberacionista Frangi Nicolás.

Este lunes, los diputados aprobaron una reforma de ley para permitir de nuevo la pesca de arrastre, aún y cuando existen resoluciones constitucionales y a nivel mundial de esta práctica que se evita debido a su impacto ambiental.

"Estamos en contra de métodos de pesca ambientalmente depredadores e insostenibles, aunque entendemos la necesidad de resolver los problemas sociales de desempleo que el cambio genera", publicó sobre el tema el frenteamplista José María Villalta.

Desde mayo pasado, el gobierno emitió una directriz para que los bancos Nacional y de Costa Rica readecúen las deudas de aquellos agricultores afectados por fenómenos climatológicos, como por ejemplo la sequía.

También se requirió al Sistema Banca para el Desarrollo para que destine recursos a este sector en condiciones más favorables.

Esta directriz, por cierto, fue extensiva para el sector pesquero.

Existe un proyecto de ley para regular las tasas de intereses de las tarjetas de crédito, que forma parte del acuerdo entre el PLN, PAC y Restauración Nacional.

La iniciativa ha presentado poco avance en la comisión legislativa de Asuntos Económicos. De momento genera algunas dudas que la imposición de topes al endeudamiento promueva más bien la informalidad; es decir, que deudores necesitados de más recursos acudan más bien a entes no autorizados o regulados.

En la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de ley para regular el derecho a huelga. Entre otras cosas las limita a la defensa de los intereses laborales y económicos de los trabajadores y las prohíbe por motivos políticos y en servicios esenciales.

Los sindicatos reclaman que se trata de una afrenta a las libertades sindicales. El presidente del Congreso Carlos Ricardo Benavides, ha estimado que la iniciativa podría estar lista en máximo dos meses.

A pesar de ser uno de los compromisos tras el plan fiscal, la reforma más bien sufrió un freno la semana anterior, luego de que el gobierno y la fracción del PAC decidieran dar prioridad a temas como el rescate de Japdeva.

Se trata de un "paréntesis", según dijo entonces el jefe de fracción oficialista Víctor Morales Mora. La iniciativa seguirá su trámite normal en comisión, aunque con el nuevo reglamento legislativo su discusión no debería retrasarse por más de un año.

Este proyecto pretende establecer nuevas reglas en los regímenes de contratación de la administración pública, y poner mayores frenos al crecimiento de pluses.

La entidad se encuentra bajo intervención desde febrero de 2017, debido a una serie de anomalías detectadas en su administración que involucran la pérdida de más de ₡800 millones por un presunto fraude y el otorgamiento anómalo de créditos a 11 cooperativas.

El gobierno decidió a finales del mes pasado ampliar la intervención por cinco meses más. Sin embargo en el proceso se ha señalado la existencia de una fuerte lucha de poderes entre personas afines al exdiputado Víctor Morales Zapata y quienes tradicionalmente se han opuesto a él.

Manifestaciones del ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez a medios de comunicación, en torno a que el ICE habría perdido su norte y que es necesaria una reforma en materia energética, han destapado la molestia sindical en esa entidad.

Pero este es un sentir que no es exclusivo del Minae. También distribuidores privados y del sector cooperativo señalan la necesidad de reformar la ley para que el ICE deje de ser juez y parte en la comercialización eléctrica y deje de lado su papel rector para seguir siendo un operador. Esto como alternativa para reducir las tarifas eléctricas.

Aún así, no existe actualmente en el Congreso una discusión activa sobre algún proyecto de ley tendiente a efectuar este cambio, a excepción de las discusiones que se han generado en la Comisión de Ingreso y Gasto donde se ha llamado la atención por negocios de la entidad que le han resultado ruinosos o se han ejecutado bajo presuntas anomalías.

Un conflicto de intereses ha mantenido al Mopt y Japdeva enfrentados por la rectoría sobre los muelles. Esta rectoría es importante porque implica qué tipo de buques puede recibir APM Terminals, ya que  Japdeva alega que la empresa privada está recibiendo embarcaciones que originalmente estaban previstas para ser recibidas por el ente estatal.

El presidente Alvarado ha estado de acuerdo en que la rectoría la mantenga el Mopt. En este escenario, Japdeva ha entrado en crisis y se afirma que no posee los suficientes recursos para mantenerse en pie.

Los recursos destinados para el pago a los empleados fue utilizado por la anterior administración de Luis Guillermo Solís en otras cosas, lo que obligó al actual Ejecutivo a tramitar un cuarto presupuesto extraordinario por ₡23.679 millones exclusivamente para el rescate de Japdeva.

El presupuesto está en trámite en el Congreso, donde varias corrientes pujan por hacer reformas más sustanciales a la entidad.

El diputado socialcristiano Pablo Abarca planteó un proyecto de ley para cerrar el CNP y trasladar las operaciones de Fanal a Laica.

La iniciativa apenas inicia su trámite en la Asamblea, pero el presidente Alvarado ya anunció que el gobierno no está de acuerdo en impulsar la iniciativa y solicitó a las autoridades de la entidad un plan de fortalecimiento.

El CNP dispone de un presupuesto cercano a ¢89.000 millones, de los cuales la venta de licor asciende a unos ¢22.400 millones.

La última semana de junio un grupo de policías marchó para pedir varias cosas, entre ellas que no les aplique el plan fiscal, que la policía no forme parte de la Ley de Empleo Público y que se plantee un proyecto de ley de pensión especial para ellos.

También exigen reparación de delegaciones policiales, fortalecer la compra de equipo policial y tecnológico, que se promueva una reforma legal para que las faltas a la autoridad dejen de ser una contravención.

Sobre estos temas se planteó trabajar en la búsqueda de acuerdos con el Ejecutivo.

Con la aprobación del plan fiscal se incluyó al régimen municipal dentro de la denominada regla fiscal. Esto es una herramienta que pone tope al crecimiento de los presupuestos en todas las entidades del Estado.

Los municipios, por su característica de ser generadores de sus propios ingresos, y su régimen autónomo no tendrían que ser incluidos, a juicio de algunos diputados.

La Asamblea ya tramita con celeridad un proyecto para dejarlas por fuera de esta norma.

Uno de los proyectos más polémicos del Ministerio de Educación fue el anuncio de compra de drones para estudiantes de secundaria. También ha sido uno de los proyectos sobre los que más noticias falsas se han difundido en redes sociales y chats de WhatsApp. Se dijo que costaría más de ₡300 millones, cuando en realidad será de ₡109 millones.

Se dijo también que servirán para vigilar y rastrear lo que hacen los estudiantes, cuando en realidad está dirigido para apenas unos 2 mil estudiantes de centros educativos agrícolas. También se cuestiona la priorización, pues mientras por un lado se usan recursos para estas herramientas, existen escuelas y colegios incluso con órdenes sanitarias debido a su mal estado.

Tras la salida de Mora, el MEP informó que había invertido ₡102.000 millones para la compra de terrenos, diseños, mantenimiento, atención de órdenes sanitarias y construcción de obra nueva en lo que va de la Administración. Pese a ello la directora de Infraestructura, Andrea Obando, renunció el pasado 30 de junio en medio de fuertes señalamientos de no realizar obras y acumular en caja chica más de ₡130 mil millones

El proyecto de ley de educación dual es otro de los que ha sido bombardeado con noticias falsas en cadenas y redes sociales. Es falso que sea una obligación para los estudiantes, pues más bien queda como opción del estudiante.

Este modelo se ha aplicado en países como Alemania y permite a estudiantes ingresar a una práctica laboral a empresas para que vayan adquiriendo destrezas. La iniciativa que regularía este mecanismo está en la Asamblea Legislativa donde sigue su trámite normal.

Respecto a las pruebas Faro, estas surgieron en lugar de las pruebas de bachillerato y se aplicarían este año a los estudiantes de décimo. Se diferencia del bachillerato en que medirá las habilidades del estudiante y no su conocimiento.

Uno de los problemas del MEP es que afirman no contar con presupuesto para su aplicación. Además el sector estudiantil y de padres de familia cuestionan la poca información que existe del tema.

El gobierno afirma que desde el mes pasado comenzó a implementar medidas de reactivación económica -como la reducción del encaje bancario- que ya este martes permitieron mejorar en la calificación de riesgo.

Pero a nivel político se cuestiona que falta más y algunas entidades como la Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio (Amcham) incluyen iniciativas como la ley de educación dual y empleo público en esta agenda, proyectos que los sindicatos adversan.

Otras alternativas planteadas involucran reducir las tasas de intereses para las pymes, mejorar las condiciones crediticias, programas especiales para la adquisición de vivienda, disminución de tarifas eléctricas, entre otros.

La negociación de estos puntos dependerá no solo del gobierno, sino también de actores políticos en la Asamblea Legislativa.

Aquí varios diputados afirman estar abiertos al diálogo, aunque ponen del lado del Ejecutivo la principal responsabilidad.