$2.783 millones en inversiones están empantanados en Setena

El 22 de diciembre pasado y luego de un sin fin de trámites para obtener vistos buenos en Educación así como un plan de inversiones, el expediente 21.739 por fin ingresó a la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA). Con un monto estimado de ₡491 millones, el liceo Salvador Umaña Castro ubicado en Ipis de Goicoechea fijó sus esperanzas en esta documentación para poder construir nuevas aulas, levantar un muro de contención e instalar un tanque de retardo de agua pluvial.

No se trata de un colegio nuevo ni de grandes cambios en un terreno que ya de por sí ocupan desde hace décadas. Aún así necesitan el permiso ambiental.

A punto de cumplirse seis meses desde que inició el trámite, el expediente está por fin listo para salir, lo cual representará el punto de partida al centro educativo de hacer sus mejoras.

No es una historia aislada, los largos tiempos de espera en la SETENA para proyectos que van desde la construcción de una casa, levantar un muro, instalar una torre, a otros más complejos como permisos mineros o para remover materiales en cauces de ríos, entre muchos otros, mantienen empantanados alrededor de $2.783 millones en inversiones.

El monto proviene del cálculo que realiza el propio Sistema de Consulta de SETENA respecto a los expedientes que actualmente están catalogados bajo el estatus de "en proceso", esto quiere decir cuyo trámite aún se encuentra pendiente y no ha sido aceptado, rechazado o archivado.

El principal  monto de inversiones para proyectos obedecen precisamente al área de construcción, donde se ubican iniciativas como la del Salvador Umaña Castro, o más recientemente obras como la construcción del parque municipal de Los Chiles que se encuentra en etapa de análisis geoespacial o bien un nuevo restaurante de hamburguesas bajo el concepto de comida rápida en Limón centro. Como estos hay inversiones pendientes por $1.994 millones.

La segunda área en importancia es en agricultura, ganadería, caza y silvicutura, con inversiones en espera por $267 millones, seguido de planes en electricidad, agua y gas ($166 millones) y la industria manufacturera ($164 millones).

En total SETENA acumula 1.339 trámites que se encuentran "en proceso"; un 40% correspondientes todavía al año pasado.

San José, Alajuela, Puntarenas y Guanacaste engrosan en este orden la mayor cantidad, de acuerdo al Sistema de Información.

Para tener una idea, SETENA maneja un promedio de atención de los casos de entre 67 y 219 días, dependiendo del tipo de trámite y el área.

Por área, los que más tardan son los trámites para explotación de minas y canteras, 219 días en promedio general.

Por tipos de requisitos existen el  D1, que es un formulario correspondiente a proyectos enmarcados en el plan de desarrollo nacional, tales como la industria y la construcción, y tienen un alto o moderado impacto ambiental potencial (IAP).

También existe en D2 para proyectos de bajo impacto ambiental, el EDA (Estudio de Diagnóstico Ambiental) y los CEA y CA, relacionados con proyectos de agua y electricidad y explotación de minas y canteras.

Esto tarda en promedio SETENA para cada caso y por cada área:

Esta situación llevó a los diputados de la comisión de Ambiente a llamar a audiencia al secretario de SETENA Sergio Bermúdez, con el objetivo de explicar los planes que tiene la entidad para solventar este problema. El funcionario dijo que hablaría del tema hasta la próxima semana.

"Existen instituciones que son un cuello de botella e impiden que el país se reactive, SETENA es una de ellas donde se sabe que ingresan expedientes pero no se sabe cuándo terminan, ellos tienen el marco para realizar su función pero queremos que le digan a al gente si pueden desarrollar su actividad", comentó por su parte el socialcristiano Erwen Masis entrevistado por CRHoy antes de su viaje fuera del país esta semana.

Como parte de los intentos por reducir la presa SETENA aumentó de 79 plazas en 2014 92 para abril pasado.

Asimismo, desde el 21 de diciembre del 2016, emitió la resolución nº 2373-2016 respecto a la evaluación ambiental para actividades, obras o proyectos para los cuales se ha determinado un muy bajo impacto ambiental potencial, requiriendo únicamente el otorgamiento de los permisos municipales, del Ministerio de Salud o de la Administración Forestal del Estado (AFE). Según la entidad esto permitió que más de 50 actividades puedan avanzar mediante un proceso de trámites simplificado.

No obstante dentro de las limitantes que aseguran tener – según lo indicaron en el último informe de gestión- se encuentran la falta de vehículos que permitan visitar los proyectos, la excesiva participación de personal en comisiones que restringe la jornada laboral y la extensión de los plazos de reemplazo del personal saliente e imposibilidad de completar vacantes, entre otros.