28 años y 8 meses de permiso laboral permiten que Albino Vargas reine en ANEP

• Último intento de una papeleta de oposición terminó en demanda contra la contrincante

Un permiso sin goce salarial otorgado a Albino Vargas desde el 15 de enero de 1990 le ha permitido a este empleado público mantenerse en su carrera como secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), sin posibilidad de removerlo del puesto ni de utilizar la plaza para otorgarla a otra persona.

El permiso fue otorgado por el Ministerio de Justicia, cartera donde comenzó a trabajar como Oficinista desde que ingresó, en 1981. En el momento en que se le otorgó el permiso, su salario mensual era de ₡23.710, según confirmó ese ministerio ante consulta de CRHoy.

En total, este 15 de setiembre Vargas cumple 28 años y 8 meses sin ejercer las labores para las cuales fue contratado en plaza fija. Actualmente un oficinista bajo las escalas del Servicio Civil, gana como base ₡322 mil.

La última vez que Vargas habló abiertamente de su salario fue hace cuatro años. Entonces confesó que sus ingresos eran de ₡1.600.000. Una consulta realizada por CRHoy.com por aparte indica que Vargas gana más de ¢2.200.000 por mes. Este dinero no sale de Justicia sino que es pagado por el presupuesto del sindicato, que a su vez recibe recursos de los distintos gremios que la conforman.

Por estar amparados en normativas como el Código de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cualquier funcionario que se sindicalice recibe una protección especial que lo protege de ser despedido por su afiliación. Esto quiere decir que a pesar que de Albino Vargas tiene 344 meses sin presentarse oficialmente a laborar en Justicia, ésta cartera no puede despedirlo por eso, ni disponer a su gusto de esa plaza, pues legalmente Vargas podría volver a ocuparla cuando quisiera.

Vecino de Alajuelita, en una casa heredada de sus padres, este funcionario público de 62 años sin hijos ni matrimonios registrados ha sabido mantenerse en la cúspide de la representación sindical desde que en Costa Rica la diatriba gremial estaba enfilada contra los hijos de los caudillos ascendidos a la Presidencia: Rafael Angel Calderón en 1990 y José María Figueres en 1994. Desde entonces ningún presidente ha escapado a sus emplazamientos.

 

¿Cómo ha logrado mantenerse por tantos años en el poder sindical?

Sus detractores son duros y le señalan supuestas “prácticas dictatoriales” en las elecciones de ANEP para impedir que otra persona llegue en su cargo.

En 2011 hubo un intento serio. Laura Morúa, representante del Partido de los Trabajadores había llegado dos años antes a la junta directiva del sindicato y rápido planteó la opción de un recambio.

“Internamente había una lucha antidemocrática, no había libertad de expresión, de discrepar con la dirigencia, no había posibilidad de acceder a la documentación del sindicato”, reseñó Morúa a CRHoy, al recordar que nuevamente en 2015 hubo un segundo intento de su parte por hacerse con el máximo cargo sindical. Dos años después Vargas presentó una papeleta única, ya sin opositores.

“Modificaron los estatutos para que los periodos de gobierno aumentaran de dos a cuatro años, se eliminó la proporcionalidad en la junta directiva, antes todos podíamos obtener puestos y ahora si él gana aunque sea por un punto es quien gobierna el sindicato”, agregó Morúa, quien enfrentó una demanda por presunta difamación por parte de Vargas cuando fue aspirante al cargo.

Morúa no logró su objetivo y Vargas sigue al frente del sindicato al menos hasta el próximo 2021 que habrá una nueva elección; sin embargo cuestiona lo mismo que algunos sectores políticos que piensan que Albino Vargas está desvinculado de las bases y alguien más debería preparar las huelgas pues “hay desgaste”.

En la coyuntura actual de discusión fiscal el propio Partido Acción Ciudadana salió a deslegitimar la labor de Albino Vargas. Esto a pesar de que es el partido que llevó a un representante del sindicalismo a la Vicepresidencia de la República (Marvin Rodríguez), y en el pasado – durante la Presidencia de Laura Chinchilla– hasta unió filas con los sindicatos en contra de un proyecto fiscal.

“El movimiento sindical que lidera Vargas requiere una renovación… Costa Rica no está para esto (huelga)”, dijo Sánchez.

Luchas sociales en tiempos de Albino Vargas

El Programa Estado de la Nación ha venido colocando el termómetro a la labor sindical del país, básicamente midiendo la fuerza y cantidad de acciones colectivas que se realizan cada año desde 1992.

El estudio contabiliza todo: desde manifestaciones o declaraciones relacionadas con algún problema social, hasta marchas, protestas y hechos que van más allá, como los vandálicos. También incluye a las que provienen de trabajadores públicos como de empresarios, estudiantes, entre otros.

En el apartado de funcionarios públicos se demostró que de poco más de 9.500 registros de eventos en esos años, el 63% corresponde a denuncias, declaraciones públicas (en medios o por comunicados de prensa), reuniones y consultas con autoridades. Otro 32% corresponde a protestas, marchas o manifestaciones, así como a paros o huelgas.

 

 

Según el Estado de la Nación la tendencia a emprender algún tipo de mecanismo de presión ha venido decayendo en el tiempo a nivel general; sin embargo hay un promedio claro de al menos 33 eventos por mes.

La organización señala que a partir de 2014 con la llegada del gobierno de Solís hubo una reducción notoria; sin embargo sí enfrentó un periodo convulso a su llegada. Entre enero y julio de ese año se produjo el conflicto por el no pago de salarios a los educadores donde los gremios del sector tuvieron el protagonismo.

Además de las movilizaciones de taxistas contra Uber, el tercer tema más conflictivo fue la disconformidad de diversos sindicatos −particularmente Bussco, APSE y ANDE− con los proyectos de ley sobre empleo público y educación dual, que produjo 28 movilizaciones sociales.

En el caso del empleo público, entre 2015 e inicios de 2017 hubo en la corriente legislativa al menos seis proyectos que pretendían modificar los regímenes salariales de ese sector por lo que las manifestaciones de los gremios se dieron en oposición a todos ellos.

Los años de mayor conflictividad fueron 1995, 2004 y 2011. Estos períodos de mayor crispación coinciden con un deterioro en la mayoría de los componentes de la legitimidad del sistema político, medida con los datos de la encuesta Barómetro de las Américas así como con el impulso de iniciativas específicas en materia fiscal, empleo y de reforma estatal.

 

El reciente conflicto sobre el proyecto fiscal apunta a un nuevo pico en la tabla de medición.

El resultado del proyecto fiscal sin duda determinará en mucho si Albino Vargas gana o pierde en imagen lo cual es relevante si es que desea seguir en el cargo.

Aunque aún faltan tres años para la próxima elección en ANEP – lo mismo para elegir al sustituto de Alvarado- en el eterno pulso sindicato-gobiernos cada victoria o derrota en las batallas cuenta.