5 sociedades ligadas a exdiputado mutaron tras supuestas ventas con sobreprecio a BCR SAFI

Cinco sociedades anónimas vinculadas al exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales (2019-2022), mutaron su figura jurídica tras finiquitar negocios inmobiliarios que, según la investigación judicial, se habrían concretado con un sobreprecio irregular en perjuicio de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) y sus inversionistas.

Una de las primeras identificadas bajo esta modalidad fue Barniza S.A., representada por Héctor Giovanni Barrantes Marín, socio de Vargas Corrales. Posteriormente, también figura la sociedad 3-101-713672, S.A., cuyo representante legal era Humberto Vargas Sotres, hijo del exlegislador y socio de Manrique Gutiérrez Loría.

"El 30 de diciembre de 2020 la sociedad anónima receptora del dinero proveniente de la supra descrita transacción (BARNIZA S.A), mutó a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, sin embargo, el 06 de mayo de 2021, la misma fue disuelta".

Estas sociedades participaron en la venta a la SAFI de dos fincas correspondientes al edificio Madrid y al CE Santa Ana, transacciones que se concretaron por montos de $3.640.000, $450.000 y $2.410.000, respectivamente, entre 2018 y 2020.

Así lo determinó la investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), la cual solicitó la ejecución de 16 allanamientos el 4 de diciembre.

El objetivo fue decomisar documentos que vinculan a 14 imputados en la causa penal 21-000209-1218-PE, relacionada con presuntos delitos de sobreprecio irregular e influencia contra la Hacienda Pública en la negociación de nueve inmuebles.

De acuerdo con el Ministerio Público, Vargas Corrales y sus socios habrían obtenido un beneficio económico cercano a los $92 millones mediante estrategias ilegales, con el respaldo de al menos ocho funcionarios del BCR y de profesionales externos contratados para desarrollar los procesos de compra de los proyectos inmobiliarios.

"De esta manera, Rosnnie Díaz Méndez, como apoderado generalísimo sin límite de suma de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (gerente general), administradora y representante legal del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario pagó un precio superior al valor real del bien adquirido generando una ventaja o beneficio económico para las sociedades Barniza, S.A., 3-101-713672, S.A y Humberto Vargas Sotres", detalla el documento judicial.

Sociedad del Parque del Pacífico

Una de las sociedades con más cambios fue la 3-101-746316 S.A., mediante la cual el grupo económico de Humberto Vargas Corrales, descrito en el expediente como una organización criminal, vendió a la SAFI el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) el 20 de febrero de 2020.

El 15 de diciembre de ese año, la sociedad mutó a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, lo que implicó la asignación de una nueva cédula jurídica (3-102-764316). Posteriormente, el 19 de agosto de 2021, fue disuelta.

Otra sociedad vinculada al PEP es Aguram S.A., señalada como la receptora del dinero de la venta del inmueble y que luego se constituyó como administradora del parque, según lo establecido en el contrato.

El 17 de diciembre de 2020, Aguram S.A. también mutó a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, obtuvo la cédula jurídica 1-102-642140 y nombró como único gerente a Humberto Miguel Vargas Corrales.

La Fiscalía Anticorrupción detalló así las mutaciones detectadas durante la investigación:

• El 16 de diciembre de 2020, la sociedad anónima 3-101-713672 S.A., constituida como vendedora de los inmuebles CE Santa Ana y edificio Madrid ante el Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria No Diversificado de BCR SAFI, mutó a una Sociedad de Responsabilidad Limitada.
• A partir del 13 de abril de 2021, se nombró como único gerente a Manrique Gutiérrez Loría.
• Ese mismo día, la sociedad anónima 3-101-757753 S.A., vendedora de los inmuebles BC Ciudad Colón 01, BC Pavas 01 y BC San Pablo 01 ante el mismo fondo, también cambió a Sociedad de Responsabilidad Limitada, modificó su cédula jurídica a 3-102-757753 y designó como único gerente a Héctor Giovanni Barrantes Marín.
• El 7 de enero de 2021, la sociedad anónima 3-101-764345 S.A., vendedora del inmueble BC Uruca 02, mutó a Sociedad de Responsabilidad Limitada.
• Desde el 24 de junio de 2022, figura como único gerente Ronald Enrique de Jesús Rodríguez González.

Diez sociedades bajo la lupa

De los 14 imputados en la causa 21-000209-1218-PE, cuatro forman parte directa de las sociedades investigadas, entre ellos el exdiputado Vargas Corrales y su hijo.

Según la Fiscalía, estos imputados participaron en al menos diez sociedades anónimas con las que adquirieron nueve propiedades que luego vendieron a la BCR SAFI con un supuesto sobreprecio.

El fiscal de Probidad, Carlos Benítez, explicó a CR Hoy que este "grupo de interés económico" se encuentra bajo investigación desde hace cuatro años.

"Son diez sociedades las que utilizó este grupo de interés económico y que detectamos durante la investigación. Todos estos nombres entonces ya figuran como imputados a partir de ahora", señaló el fiscal del Ministerio Público.

La tesis del Ministerio Público sostiene que, mediante estas sociedades, los sospechosos compraron nueve propiedades con un sobreprecio.

Solo por el complejo de bodegas ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas la SAFI pagó $70 millones. Desde la apertura del parque, el inmueble ha presentado problemas relacionados con permisos de operación, accesos, agua y cumplimiento de requisitos.

En el caso del PEP, cuya compra también investiga la Fapta, la sociedad ligada a Vargas Corrales habría adquirido el inmueble por $16 millones y lo habría vendido a la SAFI con una diferencia adicional de $54 millones.

Las propiedades bajo investigación se ubican en Guadalupe, Santa Ana, La Uruca, Ciudad Colón, Pavas y el Parque Empresarial del Pacífico. En los casos de La Uruca, Ciudad Colón y Pavas, las operaciones se realizaron mediante fideicomisos que incluían varios lotes.

La Fapta concluyó que existieron irregularidades e inconsistencias en todos los negocios realizados por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) con el grupo HVC, del exdiputado y sus sociedades anónimas vinculadas.