80% de los homicidios en el país se cometen con armas de fuego
Subdirector del OIJ estima que se decomisen más de 2000 armas antes de terminar el año.
Cada día en promedio mueren dos personas como víctimas de la reciente ola de violencia y homicidios que vive el país. Hasta el jueves 23 de noviembre, según el último corte de las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 825 personas fallecieron por esa causa y de esas, 668 fueron heridas con un arma de fuego, es decir, el 80% de los homicidios en el país se cometen con pistolas.
Aunque para expertos en seguridad este comportamiento no es nuevo, consideran que sí hay un aumento en el uso de violencia y el tipo de armas que se utilizan, pues en la mayoría de casos se cometen los crímenes con armas semiautomáticas o de uso ilegal en el país, como fusiles AK-47 o AR-15 provenientes del narcotráfico y del pago por el trasiego de drogas.
De acuerdo con el subdirector del OIJ, Michael Soto, hasta el momento se han decomisado más de 300 armas de grueso, sin embargo, la tendencia actual de criminalidad apunta a que es posible que al finalizar el año se decomisen más de 2.000 armas de todo tipo, entre todos los cuerpos policiales.
"Ponga usted esas 2.000 y pico de armas juntas es una locura, muchas son armas largas. Esta cultura de violencia, más falta de oportunidades y escasez de recurso policial, son factores que nos tienen en estas circunstancias", aseveró.
En la misma línea, el criminalista Bryan Sandí explicó que menos del 5% de las armas de fuego utilizadas en homicidios y que entraron a Costa Rica lo hicieron legalmente, pues muchas son robadas a empresas de seguridad o policías.
Intermediarios
Los requisitos legales para portar e inscribir una pistola que estable la Dirección General de Armamento son ser mayor de edad, registro de huellas dactilares, un curso teórico-práctico, un examen psicológico y no poseer antecedentes penales en el sistema judicial. Sin embargo, aunque desde esa institución aseguran que normalmente las armas que se utilizan en los homicidios no son legales y se consiguen de manera ilícita, existe la teoría de que intermediarios ayuden a las organizaciones criminales a conseguirlas.
"La intención del Estado es tener mejores controles para tener una trazabilidad del arma y en ese sentido, que las personas que no tienen antecedentes penales, ya sea porque les pagan o porque son parte de un grupo que no ha sido reseñado en archivo policial, se presten para comprar, inscribir y portar el arma, normalmente eso es lo que se está dando, pero también está ocurriendo que hay terceras personas que cooperan con los grupos de crimen organizado y se prestan para inscribir armas que luego facilitan a estos grupos", indicó María Eugenia Mata, directora de armamento.
De acuerdo con Mata, fortalecer estos controles lograría reducir el tráfico de armas y por ende, la violencia. Desde el 2022, se estableció incluir dentro de los requisitos los antecedentes penales, que anteriormente solo se solicitaban para compañías de seguridad privada.
"Inscribir y portar un arma no es un derecho de la sociedad costarricense, es una concesión que el Estado le da al costarricense, entonces como es una concesión el Estado está obligado a establecer todos los sistemas de control que permita la ley, un arma no es una computadora, un arma mata, por ello se tiene que ser mucho más sigiloso en los trámites", añadió.
La directora reconoció que es impresionante como los grupos del crimen organizado mutan y tienen una manera diferente de actuar, a lo cual, la ley todavía se queda muy corta, aunado a que en los últimos años aumentó significativamente la inscripción de armas por la sensación de inseguridad que experimenta la ciudadanía.
Tipos de armas
El último informe sobre "Armas de fuego y extorsión en Centroamérica", elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, confirmó que el 52% de las armas que circulaban en el país hasta el corte de 2021, eran ilegales.
Se trata principalmente de AK-47, AR-15, M-16, Uzi, mini Uzi y IMI Galil, las cuales usualmente son usadas por grupos policiales o militares en América Latina, por lo que es probable que muchas de las que llegan al país sean robadas u obtenidas por actos de corrupción.
Erick Villalba, exagente del OIJ y experto en armas, explicó en octubre en entrevista con CRHoy.com, que se presumía que muchas de estas armas estuvieron en el ejército mexicano y colombiano, pero se han ido distribuyendo por otros países hasta llegar a Costa Rica para usos con objetivos criminales.
La Ley de Armas y Explosivos solo permite la inscripción de armamento para uso civil de aquellas pistolas que hagan una sola detonación al presionar el disparador, es decir, solo un tiro a la vez y no en ráfaga, como lo hacen las armas semiautomáticas.
