9 meses en el congelador: Gobierno y diputados postergan plan contra enganche médico
Poder Ejecutivo decidió no convocar proyecto a extraordinarias, pese a que fue impulsado por su fracción en el Congreso
Imagen con fines ilustrativos.
(CRHoy.com) Nueve meses han pasado desde que el propio gobierno y su fracción oficialista pujaron para que se dictaminara un proyecto de ley para eliminar el denominado enganche médico que beneficia salarialmente a los profesionales de la salud en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Desde entonces, la iniciativa se quedó atrapada en la interminable lista de proyectos legislativos sin resolver.
La decisión que la terminó de congelar la tomó el Poder Ejecutivo. Dueños de la agenda legislativa durante el actual periodo de sesiones extraordinarias, y en medio de una huelga de empleados de la CCSS ante la cual finalmente cedió, el Gobierno decidió ni siquiera hacer el intento de enviar el proyecto al Congreso, a pesar de que aparenta contar con el suficiente apoyo político para ser aprobado.
Erick Rodríguez, diputado independiente señaló la "ambivalencia" del Gobierno, al cual criticó de no tener un "norte" claro.
En enganche médico es un beneficio contenido en el artículo 12 de la ley 6836 que otorga incentivos a los profesionales de la salud.
Dicho artículo dispone que los profesionales en ciencias médicas con grado de licenciatura o superior tendrán, como mínimo, un aumento porcentual igual al porcentaje en que aumente el salario promedio de los demás empleados y funcionarios públicos.
Así, si por ejemplo el Gobierno desea efectuar algún tipo de reconocimiento salarial a los policías y después a los educadores, los médicos tendrían que recibir lo equivalente a ambos aumentos.
Algo así ocurrió en 2008 cuando se aplicaron incrementos escalonados para tratar de equiparar lo que se ganaba en los ministerios con el resto del sector público. Esto desencadenó una oleada de aumentos en la CCSS que lo llevó a elevar en un 88% el gasto en salarios en tan solo cinco años.
Durante la discusión de la reforma fiscal a finales del año anterior, los diputados que integraban la comisión especial decidieron dejar ese tema por fuera de la reforma, debido a una recomendación de Servicios Técnicos que indicaba que la propuesta no era "conexa", es decir, no tenía relación con la razón de ser del proyecto.
Surgieron entonces dos vertientes: Por un lado un proyecto de ley impulsado por los socialcristianos Pablo Heriberto Abarca y Pedro Muñoz y por otro una iniciativa del oficialista Welmer Ramos con apoyo de legisladores de Acción Ciudadana y otras fracciones.
La diferencia era radical. El proyecto socialcristiano proponía derogar por completo el enganche médico, mientras que el oficialista apostó por una reforma parcial, eliminando el amarre a hacer aumentos cuando los haya en otras áreas, pero aclarando que el salario promedio de los médicos nunca podrá ser menor al promedio de otros profesionales del sector público.
Consultado sobre el tema, Pedro Muñoz llamó a esta propuesta "el desenganchito", en referencia a que se trata de un arreglo a medias del problema. Aún así dijo que la fracción estaría dispuesto a apoyarla ante el riesgo de que sea eso o nada.
Wálter Muñoz de Integración Nacional, confirmó que no han recibido ningún tipo de "notificación" por parte del Ejecutivo, por lo cual esperan que el tema pueda ser retomado a partir de setiembre.
Rodríguez reforzó afirmando que no se puede depender de si hay protestas o no porque "siempre" va a haber oposición de algunos sectores.
En su lugar apeló a aprovechar que existe cierto consenso sobre el tema para aprobar el cambio.
Mucho peso
El problema es que mientras la norma permanezca vigente, los profesionales del sector salud pueden apelar a ella para ver mejorados sus niveles de ingreso.
Al mismo tiempo, amarra al Gobierno a no poder promover mejoras en otros sectores menos favorecidos, ni siquiera para poder reconocerles o equipararlos con los ajustes inflacionarios.
Esto resulta trascendental de cara a una eventual reforma en empleo público como la que se pretende discutir para equiparar los salarios en toda la administración pública
Un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa respecto al proyecto que ya recibió dictamen en comisión habla de que los profesionales públicos en ciencias médicas del sector salud poseen ventajas salariales respecto a otros profesionales de la misma rama.
El documento evidencia diferencias de hasta un 33% en salarios de profesionales con la misma clasificación laboral incluso dentro de la misma institución.
Respecto al enganche el problema es el peso que tiene en instituciones como la CCSS.
La entidad concentra alrededor del 17% (46.624 plazas) del total de puestos ocupados en el sector público,] y absorbe cerca del 22% (¢1.366.261 millones) del gasto total de las remuneraciones.
Para el 2018 el presupuesto inicial de la CCSS referente solo al seguro de salud (SEM) ascendió a ¢2.452.659 millones (64,5%), en donde la partida más importante en el SEM, corresponde a remuneraciones (55,4%).
De acuerdo con datos generados por el Sistema de Información Estadística de Recursos Humanos de la CCSS a octubre del 2018 se registraban 14.750 profesionales en ciencias médicas, la mayor parte corresponde a médicos en funciones sanitarias con un 45,3% y a enfermeras licenciadas con el 29,5%.
El periodo de sesiones extraordinarias finaliza el próximo 31 de agosto. A partir de setiembre corresponderá a los diputados ponerse de acuerdo sobre los temas a los cuales les darán prioridad.