ABC respalda a la Sugef: BCCR hizo solicitud ilegal de datos

(CRHoy.com) La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) respaldó a la superintendente de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, tras la denuncia interpuesta por el Banco Central en su contra, luego de que ella se negara a facilitar datos de deudores.

A través de un comunicado de prensa, los representantes de la ABC indicaron que la jerarca actuó amparada en el dictamen del Departamento Legal de la SUGEF y la Procuraduría General de la República, así como por los artículos 24 de la Constitución Política, y 132 y 133 de la Ley Orgánica del Banco Central.

"Estos artículos establecen de manera categórica que la información privada de los costarricenses respecto a sus operaciones bancarias y situación patrimonial es confidencial y no puede ser compartida sin consentimiento informado, orden judicial o norma especial", manifestó Mario Gómez, asesor legal de la ABC.

Además, indicaron que, aunque el Banco Central necesita información para generar estadísticas económicas, debe utilizar información agregada y anónima, respetando la privacidad e intimidad de las personas y que no hay una necesidad estadística que justifique la violación de la confidencialidad de la información.

En el mismo comunicado, la ABC indicó que el Banco Central está interesado en conocer información de clientes, sin justificar el propósito.

"El requerimiento de información confidencial por parte del Banco Central pareciera convertirse en una práctica recurrente, ya que, recientemente, mediante una modificación del Reglamento del Sistema de Pagos, también está exigiendo a las entidades financieras que le entreguen la información de las transacciones cambiarias que realizan los clientes; incluyendo nombre, número de cédula y montos de todas las personas físicas y jurídicas que compran divisas sin justificar el propósito de esa solicitud ni la base legal que la respalda", destacaron desde la ABC.

Los representantes de la ABC han externado al presidente del Banco Central y al Gerente General que dicha solicitud es ilegal y que, si requieren información para efectos estadísticos o de análisis técnico, las entidades pueden entregar información agregada que sirva para esos propósitos; resguardando así el secreto bancario, la confidencialidad de la información y la seguridad de las personas y respetando la Constitución Política y la Ley.

Según Gómez, la situación que está provocando el Banco Central con ese tipo de requerimientos y las vías legales que acciona para obtenerlas, genera una seria y profunda preocupación; siendo lo procedente utilizar otras vías del ordenamiento jurídico para aclarar cualquier diferencia de criterio o resolver conflictos de competencia entre entes de la administración pública. Sin lugar a dudas, la ruta seleccionada por la Autoridad Monetaria afecta la imagen y credibilidad de los órganos que regulan el Sistema Financiero Nacional y del propio Banco Central.

"La Asociación Bancaria Costarricense hace un llamado vehemente al Banco Central de Costa Rica para que rectifique su proceder, respete la Constitución Política, cumpla con la ley y garantice los derechos de los costarricenses", apuntaron. 

La denuncia

Fue este jueves cuando Aguilar dio a conocer que existe una denuncia en su contra desde abril anterior, interpuesta por el Banco Central, por el supuesto delito de "desobediencia a la autoridad".

En un comunicado, ella explicó que la petición que hacía el Banco Central era sobre datos privados y confidenciales de los clientes, los cuales no pertenecen ni a las entidades financieras ni a la superintendencia y se encuentran sujetos al régimen especial de protección tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N°8968.

"La acción por la que se presenta la denuncia se relaciona con la falta de entrega de información solicitada el 23 de noviembre del 2022 por la Junta Directiva del BCCR, para tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona, que los intermediarios financieros supervisados le remiten respecto de sus deudores a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para el desarrollo de sus labores de supervisión", indicó en un comunicado.

Aguilar informó además que por este caso hicieron una consulta ante la Procuraduría General de la República (PGR) y que, estaban esperando respuesta para contestarle al Banco Central. 

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