(CRHoy.com) La abogada Gloria Navas, en representación del Movimiento Ciudadano CR, interpuso una gestión denominada Pronto Despacho, para que magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia resuelvan, conforme a derecho y prontitud, sobre la actividad procesal defectuosa que los abogados de Carlos Alvarado interpusieron para que no se abran los dispositivos del Presidente en el marco de la investigación por el caso UPAD.
El oficio fue enviado a los propios magistrados de esa Sala, quienes deberán responder en un plazo de 5 días.
Han pasado más de dos meses desde que los supremos jueces llevaron a cabo la audiencia para resolver sobre ese recurso de los representantes de Alvarado, fue en esa misma donde se tuvo que separar al magistrado Jesús Ramírez debido a que fue acusado por incompetencia para poder llevar adelante la causa.
Sin embargo, a la fecha, a pesar de que Ramírez fue excluido y que se llevó a cabo una segunda diligencia, los magistrados de ese panel judicial no han concluido con una decisión, por lo que, el teléfono del Presidente, así como su computador, al igual de que los demás imputados, no han sido abiertos y de eso ha derivado un atraso en la investigación que lleva la fiscal general Emilia Navas.
La figura del Pronto Despacho está regulada a través del artículo 174 del Código Procesal Penal de Costa Rica y establece lo siguiente:
“Queja por retardo de justicia Si los representantes del Ministerio Público o los jueces no cumplen con los plazos establecidos para realizar sus actuaciones y, en su caso, dictar resoluciones, el interesado podrá urgir pronto despacho ante el funcionario omiso y si no lo obtiene dentro del término de cinco días naturales, podrá interponer queja por retardo de justicia ante el Fiscal General, la Corte Suprema de Justicia o la Inspección Judicial, según corresponda”.
La investigación por las operaciones de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), facultó con permiso de los propios magistrados de Sala III un allanamiento en Casa Presidencial el 28 de febrero del año en curso.
En esa requisa se decomisaron los dispositivos electrónicos de todos los imputados: Carlos Alvarado, Víctor Morales Mora (exministro de la Presidencia y actual diputado del PAC), Luis Daniel Soto (exviceministro de Planificación), así como los exasesores de UPAD, Diego Fernández, Andrés Villalobos, Alejandro Madrigal, Luis Salazar y Felly Salas.
El Ministerio Público ha pospuesto la audiencia de apertura de dispositivos en dos oportunidades, justamente debido al atraso en la resolución por parte de los magistrados.
La UPAD comenzó a operar desde el año 2019 con la recolección de bases de datos de instituciones públicas de forma irregular, todo con permiso y orden del presidente Carlos Alvarado.
Por esos hechos, a estas personas se les investiga por presuntos delitos de prevaricato y violación de datos personales.
