Abogado de surfista: “Lo que vimos fue el reflejo de un Estado totalitarista”

• Jurista afirma que la medicina contra el COVID-19 nunca debe ser la represión y el abuso de autoridad
• Deportista solicitará investigación interna contra la jerarquía de la Fuerza Pública de Santa Cruz

(CRHoy.com).- Bajo el sol de Tamarindo, brillan un par de esposas. Van directo a las manos de la surfista Andrea Díaz. El calendario marca el miércoles 24 de junio y la surfista no doma olas, sino que camina por las calles del pueblo en una manifestación pacífica.

Protesta, junto con un grupo de vecinos de la costa del Pacífico Norte, contra las medidas para contener el avance de la COVID-19 y para solicitarles a las autoridades que reactiven la economía de la zona, demacrada, casi en agonía, por las restricciones planeadas para impedir las aglomeraciones de turistas, los que mantienen la actividad productiva de la región costera guanacasteca.

La policía va directo a Andrea, la excampeona nacional de surf, y la detiene valiéndose de una orden sanitaria del Ministerio de Salud, por ser la presunta líder de la manifestación.

¿Primó la razón o el abuso de autoridad en esa actuación de lo uniformados? El tema está en debate. Pero el abogado de la deportista, Walter Brenes Soto, no tiene dudas de qué fue lo que ocurrió el miércoles pasado.

CRHoy.com entrevistó al representante legal de Díaz, quien mantiene que en el caso de su clienta se combinaron acciones totalitarias del Estado con el desconocimiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Salud.

El abogado cree que el caso sienta un peligroso precedente y que la intervención de las instituciones mencionadas amerita una revisión de parte del presidente de la República, Carlos Alvarado.

En adelante lea la entrevista completa con el defensor de la surfista.

Un grito “desesperado” por ayuda estatal

¿Por qué se manifestó doña Andrea y un grupo de vecinos de Tamarindo?

“Los vecinos se están manifestando por el cierre tan abrumador y tan sostenido de playas que se ha venido dando. Recordemos que ese día se hicieron manifestaciones en diferentes playas del país. En Jacó, en Santa Teresa, en Puerto Viejo, y en Tamarindo. En estas se unieron personas de distintas organizaciones. Esta marcha o manifestación pacífica nunca tuvo fines o connotación política, eso es importante dejarlo claro. Es lamentable cómo algunos políticos quieren aprovecharse de la situación de las costas como para llevar agua a sus molinos, pues la manifestación nunca tuvo connotación política”.

“Lo que se buscaba era dar un grito desesperado. Salir a manifestarse en medio de una pandemia no es una situación que debería ser condenada porque se estaban siguiendo los protocolos y los lineamientos del Ministerio de Salud. Sino que las personas más bien, deberían preguntarse porqué están saliendo a manifestarse estas personas en media pandemia y ahí es donde viene la explicación de lo que pasaba. Hay una necesidad muy grande por recuperar las posibilidades de trabajo en las costas y esa era la razón por la cual se manifestaron los vecinos de la zona”.

La orden sanitaria que se le giró a Andrea Díaz estaba lista antes del miércoles que se realizó la manifestación. ¿Era esa orden para detener el acto?

“Era para detener la manifestación. La redacción de la orden sanitaria se puede apreciar que únicamente llevaban algunos espacios listos para llenar pero sí estaba preparada desde el día martes. ¿Cómo lo sé? Porque efectivamente ya verifiqué que se le iba a indicar a una persona determinada que el martes no estaba con el nombre todavía, porque estaban averiguando quién era la supuesta líder de la manifestación”.

“Creo que los ciudadanos deberíamos de tener claro que en Costa Rica no se ha dictado una ley que suspenda las garantías constitucionales, no hay una ley que suspenda la libertad de tránsito. No hay una ley que suspenda la posibilidad de manifestarse pacíficamente. No hay todavía, la Asamblea Legislativa no ha suspendido aún estas garantías constitucionales. Lo que han existido son medidas administrativas giradas por el ministro de Salud, relacionadas con las personas encargadas de los establecimientos comerciales que tienen permisos sanitarios de funcionamiento. La gran mayoría de las medidas se dirigen a ese sector, porque el Ministerio de Salud, como ente rector, se basa específicamente en los permisos sanitarios de funcionamiento para tomar decisiones”.

“Preciso esto porque la orden sanitaria que se le intenta notificar el miércoles a Andrea Díaz es una orden sanitaria que viene y se basa precisamente en estas medidas administrativas para establecimientos comerciales con permiso sanitario de funcionamiento. ¿Qué significa esto? La policía de Santa Cruz (Guanacaste) giró una orden sanitaria queriendo hacer pensar que Andrea Díaz era un establecimiento comercial con permiso sanitario de funcionamiento”.

“A ese nivel de improvisación, de absurdo, de ilógico, de falta de verificación de la legalidad de lo que se estaba haciendo llegó la policía de Santa Cruz con el único fin, premeditado, de amedrentar a la que ellos determinaron como la líder de una manifestación pacífica, para que de esa manera, algo que llamó mucho la atención, dijera el jefe de la Fuerza Pública de Santa Cruz ‘nosotros solo venimos a capturar a Andrea Díaz por orden de la Fiscalía’. Llama mucho la atención esto, porque se trata de una orden sanitaria debidamente planificada para que la gente no se pueda manifestar”.

¿Qué le indica a usted la jueza de Flagrancia cuando se le presenta el caso?

“Yo le indico que todo esto tiene que ser un gravísimo error en Derecho y la jueza contesta que, efectivamente, yo, como representante de Andrea en esta causa de desobediencia a la autoridad, llevo razón en alegar que no hay hechos delictivos que perseguir y que no se puede investigar algo que no puede ser contemplado como un hecho delictivo, en razón de que la orden sanitaria se basa en circunstancias completamente ajenas a lo que sucedió ese día en Tamarindo”.

Es decir, interpreta usted que el Estado emitió una orden sanitaria, o se valió de una orden sanitaria, para coaccionar a una persona porque se presumía que era la líder de un grupo de manifestantes. ¿Es así?

“Ni siquiera es una presunción. Yo tengo el parte policial que presentaron ante la Fiscalía y claramente el oficial que pone el parte dice que llegaron a girar la orden sanitaria a Andrea Díaz porque ella era la líder de la manifestación pacífica. Entonces, honestamente, este es un asunto para llamar la atención, tanto del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, como del ministro de Salud, Daniel Salas, por la forma en la que se están manejando las medidas sanitarias y girándose las órdenes sanitarias, porque no está siendo debidamente valorada ni considerada dentro de un tamiz de legalidad”.

“Pareciera ser que están girando órdenes sanitarias simplemente porque tienen la idea de que lo que dice el ministro (de Salud) aplica para todo el mundo, sea lo que sea. Esas conductas atípicas, que se salen del orden de legalidad y que constituyen un abuso de autoridad. Pero se está volviendo una práctica reiterada en las costas”.

¿Cuáles son los fundamentos para afirmar que este tipo de acciones ya son práctica común?

“Se lo puedo decir porque yo atendí el caso de la detención de Noe Mar McGonagle cuando sacaron al campeón mundial costarricense (de surf) esposado de la playa. Sacaron posteriormente a un surfeador al cual le dispararon, acá mismo el Playa Hermosa, gracias a Dios no le dieron esos disparos, y ahora la emprenden contra otra surfeadora profesional a quien capturaron afirmando que era la líder de una manifestación pacífica”.

“Hay otro ejemplo: realizan un retén policial y producto de este detienen a una persona con restricción vehicular. A la persona la bajan del vehículo y le chequean el carro. Encuentran pertenencias personales y $6.000 producto de las ganancias que tiene por ser entrenador de Surf. Lo bajan, llaman a la Fiscalía y esta toma la decisión de detener a esta persona y acusarlo de legitimación de capitales. ¿De dónde se imaginó la Fiscalía y la Fuerza Pública que en un retén existe la posibilidad de procesar a alguien por legitimación de capitales solo porque tenía consigo dinero? ¿Hacia dónde quiere el ministro de Salud y el ministro de Seguridad Pública llegar con todo esto?

¿Qué se está ganando con generar este nivel de autoritarismo contra las personas que viven en las costas? Esa es la pregunta que me interesaría que el Gobierno atienda, porque se ha vuelto una situación que yo no puedo explicar como abogado. El caso de Andrea Díaz se constituye incluso en una privación de libertad sin fines de lucro, que es un delito tipificado en el Código Penal. Andrea Díaz fue detenida en abuso de autoridad porque la orden sanitaria no tenía ningún contenido legal para ser aplicada”.

Detención: un mal síntoma

¿Cree que esta actuación del Estado en contra de Andrea Díaz se debe a improvisación o a una voluntad de las autoridades de ser coercitivas para que la gente para que no se manifieste en contra de las órdenes del Gobierno?

“Lamentablemente, como profesional en Derecho, mi opinión personal es que, definitivamente, acá se puede evidenciar la falta de conocimiento en aplicación de las medidas administrativas a nivel legal por parte de las autoridades administrativas del Ministerio de Salud, como policiales, por parte de la Fuerza Pública. A mi criterio es una falta de conocimiento total. Los oficiales no pueden utilizar las medidas que ordena el Ministerio de Salud para aplicarlas como lo hicieron en ese momento. Hay una falta de conocimiento de Derecho por parte de las personas que están aplicando las órdenes sanitarias y eso es muy grave porque abre paso a que cualquier persona se pregunte si se trata de improvisación o es algo dirigido. Cuando hay desconocimiento se generan dudas, rumores y eso es lo que creo que está pasando”.

-Usted bien lo indica. Cualquiera podría pensar que este tipo de acciones propias de un Estado totalitario al que no le gustan las manifestaciones en contra de sus decisiones. ¿En el caso de Andrea Díaz hay indicios de que la actuación de las autoridades haya ido en ese sentido?

“En este caso específico, lo que vimos fue el reflejo de un Estado totalitarista y, además, de un estatismo puro, que es el concepto donde el Estado tiene que empezar a aplicar medidas totalitarias para que las personas se vean obligadas, o compelidas, bajo el miedo, a acatar las disposiciones del ministro de Salud”.

“Este es el claro ejemplo de que bajo el miedo se toman medidas administrativas que son puestas en órdenes sanitarias que no tienen ni pies ni cabeza para obligar a las personas a que acaten situaciones que ni siquiera existen en el Derecho. Me llama mucho la atención que el cien por ciento de los costarricenses nos oponemos a abusos de autoridad y de poder de otros Estados en el mundo donde no existe la posibilidad de que las personas se manifiesten libremente y que puedan eventualmente reclamar sus derechos de forma pacífica, donde las personas puedan decir que no les parece lo que el Gobierno está haciendo”.

“Estamos viviendo un momento histórico único en el que seguimos teniendo derechos. Por razones que desconozco se están dando abusos que únicamente pueden explicar el presidente de la República (Carlos Alvarado), el ministro de Salud y el ministro de Seguridad. ¿Cuál es el fin de que se estén violando derechos de las personas? Salvaguardar la salud no pareciera ser el fin ¿Están buscando acallar la posibilidad de que las personas nos opongamos en el uso y ejercicio de la libertad de expresión en un Estado democrático?”.

¿A la luz de este antecedente de la detención de Andrea Díaz, podríamos esperar que el día de mañana las autoridades actúen de la misma manera en contra de cualquier ciudadano que se manifieste públicamente en contra de sus decisiones?

“Ahí es donde todavía existimos personas con conocimientos en Derecho y sin color político que amamos a nuestro país y que queremos que la justicia de esta democracia siga prevaleciendo. Yo espero que existan abogados que todavía mantienen su criterio, su credibilidad y que ante todo ponen la realidad de los derechos fundamentales que tenemos en Costa Rica para enfrentarnos a medidas tan arbitrarias como estas. Yo sigo creyendo que en Costa Rica todavía hay personas que tienen criterio legal y técnico para enfrentarse a este tipo de actos. En el tanto exista ese contrapeso, Costa Rica seguirá siendo el país que amamos”.

Un mensaje para el presidente

¿Cuáles son los siguientes pasos que doña Andrea Díaz dará para defenderse de la actuación de las autoridades?

“Lo primero que haremos será solicitarle a Procesos disciplinarios de la Fuerza Pública que realice una investigación en contra del jefe de la policía de Santa Cruz. Esos son procesos administrativos con fines sancionatorios, porque nos preocupa muchísimo que la posición de un oficial de Fuerza Pública eventualmente venga a dañar el trabajo que viene realizando el Ministerio de Seguridad Pública. No quisiera pensar que todos los oficiales del país se ven reflejados en este jefe de la Delegación de Santa Cruz”.

“Segundo, una vez que logremos el sobreseimiento definitivo en la causa de Andrea Díaz, lo cual yo espero que ocurra en el siguiente mes, vamos a solicitar una investigación a la Fiscalía de Santa Cruz sobre el delito de privación de libertad sin ánimo de lucro, en este caso, de una forma agravada por el abuso de la autoridad. Y, si se considera que nadie hizo nada incorrecto, creo que ningún oficial tendrá entonces ningún problema en enfrentar una causa penal por este delito. Lo que se hizo con Andrea fue una detención ilegal”.

“El tercer paso es sensibilizar a los demás costarricenses a comprender que es importante cumplir con las medidas sanitarias, seguir los procedimientos y lineamientos dictados por el Ministerio de Salud, pero eso no debe dar pie en Costa Rica a que se permitan abuso de autoridad como los que sucedieron en el caso de Andrea”.

¿Tiene usted algún llamado particular para el presidente de la República?

“Creo que es un buen momento para que don Carlos Alvarado se acerque realmente a los ciudadanos y les dé un mensaje claro desde la perspectiva que acabo de explicar. A don Carlos le digo que nuestro país de Derecho no puede permitir la suspensión de hecho de las garantías constitucionales que tenemos todos los costarricense en nombre de una pandemia que tiene soluciones sanitarias científicas, que sean acordes con lo que realmente está sucediendo”.

“No podemos perder nuestro Estado de Derecho única y exclusivamente porque se considera que la represión es la mejor medicina para combatir al COVID-19. Creo que eso es lo que don Carlos tiene que considerar. La medicina para combatir al coronavirus no es la represión ni el autoritarismo. La medicina es la misma ciencia, pero nunca reprimir las garantías constitucionales de los demás. Ser humilde no le costará el puesto al señor presidente y debe bajar del podio y acercarse al pueblo que lo eligió”.