Abogados de “Macho Coca” pidieron audiencia a jueces para sostener negativa a su extradición
La defensa legal de Gilbert de los Ángeles Bell Fernández, alias "Macho Coca", solicitó al Tribunal de Apelación de Goicoechea una audiencia oral para explicar los argumentos por los cuales consideran que se debe mantener la decisión judicial que denegó la extradición de este limonense hacia Estados Unidos, país que lo requiere por narcotráfico internacional.
En noviembre pasado, las autoridades estadounidenses presentaron la petición para llevarlo ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde le espera una acusación penal por delitos de tráfico y posesión de grandes cantidades de cocaína, así como por conspiración para traficar droga hacia ese país.
CR Hoy reveló en primicia que, el lunes 9 de marzo, el juez Jorge Arturo Sequeira Rodríguez rechazó la petición bajo el argumento de que la reforma al artículo 32 de la Constitución Política —que habilitó la extradición de nacionales— no puede aplicarse retroactivamente a hechos atribuidos antes de su vigencia.
A inicios de marzo, la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público presentó una impugnación para tratar de revertir el fallo del Tribunal Penal de Limón que negó la extradición. Dicho recurso ya está en trámite.
Aunque respondieron por escrito, los abogados de "Macho Coca" están a la espera de una audiencia ante el tribunal superior para que tanto ellos como el sospechoso puedan exponer sus versiones ante los jueces, según confirmó Manrique González, uno de los codefensores.
"No han señalado la vista. La apelación la presentó el Ministerio Público y la Procuraduría General. A nosotros nos notifican esas dos apelaciones para que nosotros tengamos el derecho de referirnos y ya presentamos los escritos con nuestra oposición a las apelaciones y se solicitó una vista oral para este conocerla de frente al tribunal. Estamos a la espera, podría ser en las próximas semanas", detalló el jurista.
Los hechos achacados a Bell se habrían cometido entre marzo de 2022 y agosto de 2023, cuando la norma que avala entregar costarricenses a la justicia de otro país no existía. Por eso, para el juez que tramitó inicialmente la petición de Estados Unidos, no hay cabida para la extradición.
La Fiscalía consideró ese criterio como erróneo y, por esa razón, antes de que venciera el plazo de tres días, ya presentó la impugnación.
"No coincidimos. La irretroactividad de la ley se aplica por ejemplo cuando se crean delitos y la persona previo a esa fecha que se crea la norma sustantiva, no puede ser sancionada si no conocía que esa conducta era sancionable.
La extradición es un mecanismo de cooperación internacional, es una norma más procesal que sustantiva y eso hace que se tenga que aplicar la norma vigente a la fecha de los hechos", dijo el fiscal general Carlo Díaz, poco después de presentar la apelación.
Pese a que se levantó la detención provisional por el proceso de extradición, Bell Fernández sigue en prisión preventiva mientras se le investiga por un caso de robo de combustible denominado PetroCoke. No obstante, esa medida cautelar vence el próximo fin de semana y la Fiscalía ya solicitó extenderla.
Investigación de la DEA
La investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) contra Gilbert Bell, detectó una organización de tráfico de drogas que él lideraba desde Costa Rica. Según el expediente judicial, esta estructura operó con el objetivo de importar, almacenar y distribuir grandes cantidades de cocaína destinadas principalmente al mercado de Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades, Bell Fernández fungía como el líder principal de la organización y coordinaba las actividades junto con al menos otros cuatro colaboradores.
La red criminal estaba organizada para manejar cargamentos de gran escala, incluso de varias toneladas, y tenía la capacidad logística para movilizar la droga fuera de Costa Rica hacia destinos como Nueva York.
Parte clave de la investigación fue la infiltración de la organización mediante informantes confidenciales que, en algún momento, habían estado vinculados a la estructura. Estos informantes, bajo la dirección de la DEA, se hicieron pasar por miembros de una red internacional de narcotráfico interesada en comprar cocaína.
A través de comunicaciones telefónicas, electrónicas y reuniones presenciales —muchas de ellas grabadas— lograron establecer contacto con miembros de la organización desde marzo de 2022. En esas conversaciones iniciales, los implicados confirmaron que "Macho Coca" era el líder del grupo y aseguraron tener la capacidad de suministrar grandes cargamentos del producto ilícito.
Con el avance de la investigación, los contactos llevaron a los agentes encubiertos a interactuar directamente con Bell Fernández. Durante múltiples reuniones y llamadas, el sospechoso negoció posibles acuerdos de distribución.
Como parte de la estrategia encubierta, se acordó realizar una transacción de prueba para verificar la legitimidad del negocio.
Así, en febrero de 2023, un miembro de la organización, con la aprobación de Bell, entregó un kilogramo de cocaína a uno de los informantes en Costa Rica a cambio de aproximadamente 6.000 dólares.
Esta operación sirvió como evidencia clave para demostrar la existencia de la red y la participación directa del líder en actividades de narcotráfico. Tras esta transacción, continuaron las negociaciones para un acuerdo mucho mayor.
En agosto de 2023, se llevó a cabo una reunión decisiva en Costa Rica entre Bell Fernández y los agentes encubiertos. En este encuentro, discutieron la entrega de un cargamento de aproximadamente 700 kilogramos de cocaína que sería transportado hacia Nueva York.
Posteriormente, el sospechoso aceptó reunirse en Panamá con los supuestos compradores para concretar el pago, lo cual reforzó las pruebas en su contra. Toda esta información fue documentada por un agente especial de la DEA en una declaración jurada.
A partir de estos hallazgos, se presentó una acusación formal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se le imputaron cargos de conspiración y posesión de cocaína con intención de distribución. Además, la investigación sirvió de base para solicitar su detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses lo consideran uno de los narcotraficantes más influyentes de Costa Rica. Incluso fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que implicó sanciones económicas, congelamiento de bienes y el señalamiento de su papel clave en el tráfico internacional de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa.