Aborto terapéutico destapa confrontación dentro del Gobierno
Jerarca del Inamu mantiene como prioridad la regulación
Pese a que en campaña electoral el cumplimiento de la ley con respecto al aborto terapéutico fue una de las promesas de Carlos Alvarado, el tema ahora crispa los ánimos en el Poder Ejecutivo.
Mientras que la ministra de la Mujer, Patricia Mora, defiende a capa y espada la firma de una norma técnica para que se aplique el artículo 121 del Código Penal, que específicamente norma el derecho al aborto cuando la vida o la salud de la madre corran riesgo, otras autoridades gubernamentales parecen querer pasar la página hacia otros temas.
Primero fue la ministra de Salud Guiselle Amador quien cambió de postura sobre la urgencia de la regulación. Antes de asumir en el ministerio consideró que era una prioridad, pero una vez como jerarca, dijo que la iniciativa se quedaría en pausa a solicitud del ministro de la Presidencia Rodolfo Piza.
"Ese (el tema de la norma) está en 'stand by', no se va a tocar en este momento. Es uno de los acuerdos entre el Presidente de la República y el señor (Rodolfo) Piza Escalante (ministro de la Presidencia), entonces en este momento está sin prioridad para nosotros", dijo Amador en mayo.
En ese mismo lado está el propio Piza, quien alega que la discusión de la norma del aborto no debería entorpecer el avance de otros temas .
"Yo he conocido varias propuestas y me parece que en ninguna de estas hay un avance sustancial, mi tesis es que no se amplíe bajo ningún criterio los que ya existen, como en todo habrá diferencias, pero me parece que eso no desdice al avance que deba tener el país en los temas en los que sí se puede avanzar".
Estas palabras son casi las mismas que pronunció el presidente Alvarado el jueves, horas más tarde, sobre el avance de la norma y la discusión que se dio en el Congreso de la República.
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Ante estos jerarcas, parece estar sola la ministra de la Mujer Patricia Mora, quien ha recalcado que una de sus prioridades es el avance de la norma y la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres.
Tras las declaraciones de Alvarado, Mora dijo a Nuestra Voz que discrepaba de lo dicho por el mandatario y que para el Inamu la norma sigue siendo una prioridad. Mora agregó que el presidente se comprometió a "no retroceder en materia de derechos humanos" pero el no promulgar la norma ya sería echar para atrás en esa materia.
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"Yo escuché en campaña a don Carlos, supe cuáles eran sus compromisos en esa materia y cuando me di cuenta de que compartíamos la agenda en derechos humanos, fue que yo acepté el honor que me hizo de dirigir el ministerio. Lo que creo es que hay un compromiso de don Carlos en que no se iba a retroceder en derechos humanos y no promulgar esa norma es un retroceso. No es que estamos pidiendo avanzar, es que estamos tratando de no retroceder", dijo Mora.
Polémicas declaraciones:
Larissa Arroyo, representante legal de las 2 mujeres que demandaron al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente porque se les negó el proceso de abortó terapéutico, dijo que las incongruencias existentes dentro del Gobierno no deberían e afectar de ninguna forma el avance de la norma, que lo único que necesita es la firma del presidente y de la ministra de Salud.
"Lo que nos interesa es que se cumplan las obligaciones del Estado. Si un agente estatal, sea Piza, Patricia o la ministra de Salud, toman una decisión que no se apegue a otro criterio de otro agente estatal, eso es un asunto interno. La norma técnica lo único que necesita es la firma de Carlos Alvarado y la ministra de Salud. Más allá de esas incoherencias, lo que necesitamos es que se cumplan con los estándares", comentó Arroyo.
Laura Valenciano, coordinadora de incidencia política de la asociación ACCEDER, agregó que al presidente le tomó solo 2 meses cambiar de posición en un tema tan importante.
"El presidente (Alvarado) se comprometió en campaña a aprobar la norma técnica y con tan sólo dos meses en el gobierno las primeras en ver sus derechos negociados somos las mujeres".
Otra de las críticas fue la exministra de Salud María Luisa Ávila, quien le dio el apoyo en campaña electoral y ahora critica la ambigüedad del Gobierno en el tema.
Yo con esto no puedo, nadie que se respete se debe dejar "torcer el brazo" en un tema donde se supone es la que más sabe y estudio para tener un título que le acredite como tal. La silla de ministra no es tan cómoda como para quedarse callada. #digoYo pic.twitter.com/KRcvtvkC6o
— María L. Ávila-Agüero (@Maluavi) 5 de julio de 2018
Y así don @CarlosAlvQ no se puede. @PizaRodolfo no debería imponer su criterio en este tema. Congruencia con las personas que los apoyamos y no nos quedamos callados aunque no era de nuestro partido pic.twitter.com/2Anq521c1E
— María L. Ávila-Agüero (@Maluavi) 5 de julio de 2018
Como ellas, congresistas como Paola Vega o José María Villalta también reprocharon la actitud del presidente.
¿Qué dice la norma técnica?
La Norma Técnica detalla los pasos, plazo y los procedimientos a seguir para la realización del aborto impune en los centros de salud públicos y privados, a nivel nacional. Entre otras cosas, el borrador indica que hay 4 requisitos para la práctica no punible del aborto:
Establece además un esquema para la práctica de un aborto en caso de que no sea una emergencia. Para ello da 2 panoramas:
¿Qué dice el Código Penal?
El Código Penal, en su artículo 121, establece lo siguiente:
No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios.
Sin embargo, varios organismos pro defensa de los derechos humanos han hecho amplias críticas al país debido al incumplimiento de la ley pues, pese a que dicho artículo rige desde hace décadas, lo cierto es que no hay prueba fehaciente de que se cumpla.
En el informe de la Defensoría de los Habitantes del periodo 2016-2017 se establece claramente que el Estado no ha cumplido con lo que determina la ley.
"La Defensoría estima que el Estado no ha demostrado una intención verificable de cumplimiento a las recomendaciones relativas al aborto y a la fecha, no se cuenta con un protocolo o guía para la implementación del aborto impune –figura legalmente establecida en el país cuando está en riesgo la salud y la vida de la embarazada-, ni se han tomado las medidas necesarias para que las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violación o incesto tengan acceso al procedimiento, tampoco existe este acceso garantizado a las mujeres con embarazos en los casos de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina (MIVE)".