Abren órgano administrativo a reguladora por potencial conflicto de intereses

(CRHoy.com).- Tras una investigación preliminar ordenada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el Consejo de Gobierno tomó este martes la decisión de abrir un órgano director del procedimiento administrativo a la reguladora adjunta de Aresep, Xinia Herrera, por un potencial conflicto de intereses.

La ministra de Comunicación, Nancy Marín, confirmó tras la sesión del Consejo de Gobierno de este martes que la resolución fue abrir el procedimiento en la vía administrativa e imponerle como medida cautelar el impedimento de participar en las sesiones de Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) mientras el órgano director llega a una conclusión sobre el caso.

"La señora sigue laborando y recibiendo su salario y la medida cautelar solo tiene que ver con su participación en la Junta Directiva, en la cual ya no podrá participar de acuerdo a la decisión que tomó el Consejo de Gobierno el día de hoy", comentó la ministra Marín.

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En mayo pasado el mandatario ordenó investigar a Xinia Herrera después de que CRHoy.com publicara que está en un potencial conflicto de intereses prohibido por la Ley de Aresep.

De acuerdo con la investigación de este diario digital, sustentada en actas de la Junta Directiva de Aresep y en declaraciones del regulador general, Roberto Jiménez, así como de la propia reguladora adjunta, esta funcionaria es sobrina de un empresario del sector hidroeléctrico, socio de 2 empresas que están bajo la tutela de la Autoridad Reguladora.

Se trata de Hidroeléctrica Caño Grande S. A. y de Hidro Venecia S. A. en las que Juan Vicente Herrera Barrantes, tío de la reguladora Xinia Herrera, figura como representante judicial y extrajudicial y presidente de ambas sociedades. Pese a haber sido nombrada en el cargo desde el 2017, fue hasta el 13 de marzo pasado que Herrera reveló en 2 oficios dirigidos a la Junta Directiva su parentesco con el empresario.

A pesar de las evidencias, la reguladora adjunta contestó a este medio el 3 de mayo que no tenía parientes que formaran parte de empresas hidroeléctricas reguladas por la Aresep, tal como consta en un escueto correo que envió después de que la Sala Constitucional la obligara a contestar pues violentó el plazo máximo de 10 días hábiles para enviar una respuesta a este diario digital.

¿Qué dice la Ley de Aresep?

El potencial conflicto de intereses de Herrera radica en que el artículo 50 de la Ley N.° 7593 de la Aresep dispone no podrán ocupar puestos de jefatura en Aresep ni en la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) los accionistas, asesores, gerentes o similares, miembros de las juntas directivas de las empresas privadas reguladas ni sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad. En el caso de Herrera, su parentesco con el empresario hidroeléctrico es en tercer grado de consanguinidad.

El citado artículo 50 continúa y estipula que la prohibición permanecerá vigente hasta un año después de que las personas a quienes se refiere el párrafo anterior hayan dejado de prestar sus servicios a las empresas reguladas y afirma que la violación de este impedimento causará la nulidad del nombramiento.

Roberto Jiménez, jerarca de la Aresep, declaró en mayo anterior que hasta principios de abril de este año desconocía acerca del parentesco de la reguladora adjunta, quien fue designada por el Consejo de Gobierno durante la administración de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018).

Jiménez se allanó a lo que estipula la Ley de la Aresep y dejó todo en manos del Consejo de Gobierno pues el artículo 52 de la normativa indica que le corresponderá al Consejo de Gobierno "en apego al principio del debido proceso" declarar la vacante del regulador general o del regulador adjunto por cualquiera de las causas establecidas en la Ley.

Un grupo de diputados encabezado por la jefa de fracción del PAC, Nielsen Pérez, le solicitaron a Xinia Herrera dejar su cargo por el potencial conflicto de intereses. Sin embargo, la jerarca omitió el llamado y decidió continuar en el desempeño de sus funciones hasta la fecha.

"Es de mi interés que se pueda restablecer la confianza del público en la imparcialidad del sistema republicano, en cuenta el sistema de regulación de actividad ordinaria y tarifaria de los servicios públicos del país, todo lo cual es crucial para el funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho", justificó la diputada Pérez en su oficio dirigido a la reguladora adjunta.