Activista: No hay claridad sobre norma de aborto terapéutico

Laura Valenciano, miembro y coordinadora de incidencia de la Asociación Ciudadana Acceder, que impulsa la firma de una norma técnica que permita practicar en Costa Rica el aborto impune, dijo que a estas alturas, después de varios años de negociación con el Gobierno, la sociedad civil desconoce los alcances y contenidos de la norma técnica que facultaría finalmente la práctica de la interrupción del embarazo en casos de riesgo para la salud de la madre.

Y, después de que 27 diputados aprobaran una moción, la tarde de este lunes, para solicitarle al presidente Carlos Alvarado que detenga la firma de la norma técnica, Valenciano dijo que el tema, que según ella se enmarca dentro de los derechos humanos de la mujer, se sigue utilizando con fines politiqueros.

En adelante lea una entrevista que la activista concedió a CRHoy sobre el tema, por el que Costa Rica está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Qué opina del contexto político en el que se solicita la firma de la norma técnica para el aborto impune?

-Primero que todo hay que entender que la moción que impulsan 24 diputados (para que el presidente no firme la norma) no es vinculante para el Poder Ejecutivo. Lo que se plantea es más que todo una presión política; no hay un mecanismo que se esté implementando en este momento para detener la firma. Es una jugada política para obligar que se discuta un tema que no es necesario discutir.

La Ley es muy clara, ha estado vigente desde los años 70 con esta misma redacción, lo que falta, más bien, es claridad sobre cuándo se aplicaría y a qué casos específicos se refiere la norma técnica.

¿Qué esperan ustedes de parte de Casa Presidencial en medio de este ambiente de presiones política para que el presidente Carlos Alvarado no firme la norma técnica?

-Hay que entender que esta es una deuda heredada por la administración de Carlos Alvarado. Han pasado varias administraciones con las que se ha trabajo el tema y no se ha podido avanzar. Durante la administración de Luis Guillermo Solís llegamos lo más que hemos estado de la aprobación de la norma técnica y fue un cálculo político el que detuvo la firma.

No hay motivos para que un instrumento técnico que tiene que salir del Ministerio de Salud, que es la institución rectora, se convierta en un instrumento político y así fue, lo vimos durante la campaña política pasada, donde se utilizó el tema como una ficha más del juego.

Ahora lo que todos esperamos es que Carlos Alvarado firme esa norma técnica, que no es una norma cualquiera porque responde a los estándares más altos de derechos humanos y médicos a nivel internacional.

¿Qué sabemos de esa norma técnica? ¿A estas alturas hay claridad de su redacción final?

-Pues no mucho. No tenemos mucha claridad la contraparte que aboga en contra de los derechos humanos (algunos representantes de trabajadores del sector salud) afirma que la norma ya se conoce. Pero la realidad es diferente, pues no tenemos certeza sobre qué dice la versión más nueva de esa norma.

Por nuestra parte, desde el activismo y desde los movimientos de derechos humanos hemos hecho nuestra presión en la medida de lo que es posibles por asegurar por ciertos estándares o por lo menos abogar por los mismos, por ejemplo, que se incluyan dentro de la norma periodos cortos para la toma de decisiones porque todos entendemos que en un embarazo y en una situación de peligro por la vida y la salud de las mujeres el tiempo es crucial, así como de lo más moderno de la tecnología, los procedimientos menos invasivos y menos dañinos los que se utilicen.

¿Por qué es que a estas alturas no se conoce con certeza cuáles son los elementos que componen esa norma técnica?

–Honestamente, no lo sabemos. Creo que esa es una pregunta que hay que dirigir a Casa Presidencial. Creo que se está utilizando algo tan sencillo y tan simple como la protección de los derechos, como la protección a la salud de una mujer para mezclar y confundir los temas y aprovecharlo para poner en discusión otro montón de matices que no son los que se están discutiendo en este momento.

Yo siento a Costa Rica necesitada de discutir, claramente hay una necesidad de información y de esclarecer temas y una de nuestras preocupaciones principales con el tema de esta moción era que se estuviera utilizando una plataforma como la Asamblea Legislativa para confundir a la población acerca de lo que está sucediendo en este momento y lo que se pretende lograr con una norma técnica.

Tenemos muy claro que lo que se busca es reglamentar una ley que data de los años 70 para que el derecho que tutela sea efectivamente protegido.

¿Ustedes buscan ir más allá de la mera aplicación de la ley con la promulgación de esta norma técnica?

-No. Por decreto no se puede ampliar ni disminuir lo que la ley indica. Esperaría que los diputados entiendan esto y no se decanten por el discurso de que Casa Presidencial está tratando de legislar. Casa Presidencial no está tratando de legislar, porque está totalmente dentro de sus competencias firmar una norma técnica, después de la cual vendrán sus protocolos.

En el caso del aborto impune, este únicamente aplica cuando la salud o la vida de la mujer esté en peligro. Fuera de eso no estamos en las causales que se indican en el artículo 121 del Código Penal.

La norma técnica será un decreto ejecuto ¿Es el momento para pensar en echar a andar una reforma para que el aborto impune se pueda aplicar en Costa Rica?

-No es necesaria una reforma porque ya la ley lo indica así, para el aborto terapéutico en caso de riesgo para la salud de la mujer no es necesario modificar absolutamente nada pues la ley es muy clara. Si bien un decreto puede modificarse o cambiarse en futuras administraciones, la ley no es lo mismo.

Sí se podría, por ejemplo, plantear la discusión de una ley específica sobre este tema, creo que no es el momento oportuno, aunque creo que sí estamos preparados para tener la discusión sobre qué es la interrupción del embarazo.

"Esperaría que los diputados entiendan esto y no se decanten por el discurso de que Casa Presidencial está tratando de legislar", Laura Valenciado, activista a favor de norma técnica para practicar el aborto terapéutico.

¿Debería la norma técnica definir una lista taxativa de casos en los que se pueda practicar el aborto impune?

-No debe decir una lista taxativa de enfermedades a las que aplicaría esta práctica. Si no, más bien, una serie de condiciones y procedimientos para manejar una situación en la que sí existe riesgo. La principal razón de por qué no puede ser una taxativa es porque los cuerpos son totalmente diferentes, lo que me puede afectar a mí terriblemente, tal vez es manejable en alguien más. Entonces, tenemos que tener eso muy claro de que la norma no podría restringir sino tratar de implementar y llevar a la efectividad ese derecho.

¿Por qué es que si la norma es tan clara, hay tantas dudas de parte de las mujeres y de los profesionales en salud?

-Lo que se nos indica durante nuestro trabajo de incidencia, al trabajar con profesionales de salud, es que ellos no saben cuándo se puede aplicar (la Ley) y esto los lleva a no practicar la interrupción del embarazo. Es tan fácil como eso, porque, con toda razón, nadie quiere terminar en la cárcel. Entonces, tenemos a una población que debería estar realizando un procedimiento, e incluso, que debería comunicarles a las pacientes que tienen esa opción y por temor a una represalia no lo están haciendo.

Entonces, por ejemplo, es muy difícil hablar en este momento con certeza de números. No conocemos datos, no podemos hacer planificación, no podemos hacer política pública y no podemos hacer mediciones reales. Se menciona que hay 80 casos de aborto terapéutico en Costa Rica, pero yo no estoy tan segura de eso, porque, además, se dan casos en que hay necesidad de reportar bajo un nombre diferente ese procedimiento, a pesar de que es el moral. Entonces, este mismo esclarecimiento de las reglas podría beneficiarnos también para manejar mejores números y hacer mejores políticas públicas, poder hacer sensibilización y todo eso va a venir de la mano de la firma de la norma técnica.

En el caso de Ana y Aurora, que son los dos casos que llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la denegación de aplicación del procedimiento había un desconocimiento de la Ley por parte de quienes debía de aplicar el procedimiento.

¿A quién le corresponde educar sobre los alcances de leyes como la que permite la interrupción del embarazo en caso de riesgo de muerte de la madre?

-Creo que es muy difícil para la sociedad civil cargar con esa responsabilidad (…). Esta es una responsabilidad estatal de capacitación de sus funcionarios y para mí responde a una necesidad de mejor formación desde la academia que incluya no solamente el aspecto médico, sino, también, el aspecto legal que les atañe.