Por acuerdo del 20 de febrero

Acusan a Román Macaya por supuesto fraude y prevaricato

  • También a tres gerentes de la CCSS y dos representantes sindicales
  • Piden impedimento de salida del país como medida cautelar

Guevara presentó la querella en su condición de presidente de APRODECAP.

(CRHoy.com).-El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 3 de sus gerentes y 2 representantes sindicales, fueron querellados ante ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción  por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, fraude a la Hacienda Pública y por prevaricato.

Así consta en la acusación  presentada el pasado 21 de agosto por el exdiputado del Partido Movimiento Libertario (ML) y abogado, Otto Guevara, en su calidad de presidente de la Asociación  Pro Derechos de Consumidores, Contribuyentes, Asegurados Administrador y Propietarios (Aprodecap).

En el caso de la CCSS, la querella es contra su presidente ejecutivo, Román Macaya, Ronald Guillermo Monge (gerente Administrativo) y Carlos Manuel Alfaro (gerente Financiero CCSS), así como los representantes sindicales Martha Rodríguez (secretaria genera adjunta de Undeca) y Lenin Hernández (secretario general Sinae).

Guevara solicitó como medida cautelar, la suspensión de los puestos de trabajo de los funcionarios de la Caja, prohibición para que se comuniquen con compañeros de trabajo para realizar acciones tenientes a la obstaculización de las investigaciones, orden de impedimento de salida del país para los 6 querellados y la suspensión de pagos salariales cuyos rubros se hayan calculado sobre la base del acuerdo del 20 de febrero.

El querellante insiste en que el acuerdo del 20 de febrero, que fue ratificado el 12 de agostos, es espurio e ilegítimo.

En el documento se menciona que en el caso de los representantes de la Caja, incumplieron con:

Su deber de abstenerse de participar  en actos ajenos a su competencia, firmaron un documento denominado Acta de Acuerdos Celebrada entre la CCSS y Representantes Sindicales para la implementan de la Ley 9635. En dicho documento, interpretaron, reglamentaron, redefinieron, modificaron, evadieron las disposiciones y los alcances de la Ley 9635, sustrayendo a los funcionarios de la CCSS, del alcance de tal normativa legal.

También se menciona que con el acuerdo “materializaron”:

  • Los parámetros del concepto de anualidades, para mitigar el impacto de aplicación de la Ley 9635, para los funcionarios de la CCSS.
  • Mantuvieron los incentivos, complementos, sobresueldos y pluses salariales, a contrapelo del espíritu de la Ley 9635.
  • Regularon el régimen de la dedicación exclusiva, de la prohibición, de la carrera profesional, de la evaluación del desempeño, del auxilio de cesantía y mantuvieron el pago bisemanal institucional.
  • Decretaron la inaplicabilidad de la Regla Fiscal para la CCSS y el tope al salario total.
  • Acordaron en una “Reserva de los sindicatos”, para desconocer la legitimidad y la constitucionalidad de la Ley 9635.

Contra los sindicatos 

En este particular se señala que tanto los representantes de Undeca y Sinae, “a sabiendas que por ser empleados públicos y representantes sindicales, no tenían ninguna competencia para participar en la firma de un documento ilegal, actuando en complicidad con los supuestos representantes de la CCSS, no se abstuvieron  de participar en la suscripción de un documento ilegal al cual pretendieron dar la apariencia de legalidad, asintiendo con su firma para que se utilizara la palabra engañosa “implementación” de la ley, cuando en realidad, ni ellos, ni los sindicatos que representan, tienen competencias para implementar leyes en este país.

Los posibles delitos

El abogado y exdiputado califica como de “naturaleza irregular” el acuerdo y justifica la presunta comisión de los delitos:

  • Fraude a la Hacienda Pública: “como se dijo, es común a todos los querellados la “acción” de  defraudar a la Hacienda Pública, mediante la suscripción de un documento espurio, donde  la ilegalidad consiste en pretender el ejercicio de una competencia funcional, de la cual, ninguno de los querellados  goza, para re-definir, para su propio beneficio(…) evadiendo el pago de tributos así como los limites impuestos a diferentes pluses salariales de aplicación para todos los funcionarios públicos”.
  • Incumplimiento de Deberes: “nos encontramos ante cuatro funcionarios públicos que, de manera ilícita- por falta de competencia funcional, no se abstuvieron de realizar un asunto, que es precisamente el documento espurio que suscribieron, estando obligados a abstenerse, por cuanto ni tenían competencia funcional para “sobre-escribir” una serie de conceptos jurídico-laborales”.
  • Prevaricato: “cuando la Administración superior, integrada “de hecho”, sea de manera ilegal, por los aquí querellados que suscriben el documento de parte de la institución, utilizan dicho documento espurio para que la Administración inferior, realice los cálculos y materialice los pagos a cada empleado de la CCSS, están generando, en cada uno de los pagos, resoluciones administrativas falsas”.

Según supo este medio, el máximo jerarca de la Caja ya se habría apersonado ante Ministerio de Público.

 



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