Un proyecto de ley que pretende arrebatarle bienes y dinero obtenidos ilícitamente a los narcotraficantes violentaría normas constitucionales e internacionales, si es aprobado por la Asamblea Legislativa.

Patricia Vargas González, docente de la Facultad de Derecho y de la maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), opinó que a pesar de que el país debe luchar contra el crimen organizado, no se deben violentar las normas constitucionales o internacionales y menos afectarse los derechos de la ciudadanía.

La iniciativa, denominada Ley de Extinción de Dominio y que se tramita en la Asamblea Legislativa, busca perseguir toda clase de activos, derechos y bienes que integran la riqueza derivada de la actividad ilícita o criminal.

La experta recordó que distintos instrumentos jurídicos suscritos por Costa Rica aluden a la necesidad de que los Estados revitalicen el comiso y a pesar de que allí se posibilita invertir la carga de la prueba sobre el origen lícito de los bienes, se establece claramente que eso solo es posible si no contraviene los principios de los ordenamientos jurídicos internos de cada Estado.

En el caso costarricense, según González, sí habría lesión al ordenamiento jurídico constitucional y convencional con el mecanismo propuesto.

Críticas

Sus críticas fueron compartidas por otros docentes de la maestría.

Ellos concordaron con las siguientes observaciones:

•  A pesar de que se niegue que la extinción de dominio posea una naturaleza sancionatoria, sí tiene ese carácter y por eso no se puede prescindir de los principios, derechos y garantías que se asocian a la imposición de una pena.
• La iniciativa quebrantaría el principio de inocencia al invertir la carga de la prueba e incluir una presunción en contra del afectado.
• Lesionaría los derechos de abstención y de defensa porque si el afectado no justifica su patrimonio, su silencio implicaría aceptar que sus activos proceden de una actividad ilícita.
• Además, violentaría el principio acusatorio porque tras el proceso de extinción, podría terminar afirmándose que alguien se ha visto involucrado en actividades ilícitas, sin que hayan sido concretadas en la vía judicial.
• También se rozaría el principio de cosa juzgada material porque no se establecen límites a los alcances del procedimiento con respecto a sentencias penales que ordenen devolver bienes.
• Le permitiría al Estado ejercer criterios discrecionales de "selección y priorización de casos", "como si hubiesen fortunas mal habidas mejores que otras y que se pretenda excluir, expresamente, los delitos tributarios de aquellos de los que puede provenir el patrimonio ilícito, lo que tiene connotaciones de selectividad y violación al principio de igualdad inconvenientes".

Los especialistas reiteraron la necesidad de luchar contra los patrimonios mal habidos y contra la criminalidad, pero sin romper el Estado de derecho y el sistema democrático.

El proyecto de ley, impulsado por la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), también fue cuestionado por la Defensa Pública por considerar que lesionaría derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política e instrumentos internacionales.

También ha sido atacado por el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, quien le impuso 100 mociones.