Ahorros de policías se usaron para comprar bonos del PAC que no se pudieron cobrar

¢18 millones de la Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Asegosep) fueron utilizados para la compra de bonos de deuda política serie b del Partido Acción Ciudadana (PAC) durante el  periodo electoral del 2022, a través de Rogis Bermúdez Cascante, expresidente del Consejo Nacional de Producción (CNP).

Esto quiere decir que Bermúdez tramitó la compra de los bonos como propios, pero los pagó con fondos que le giró la Asociación Solidarista.

CRHoy.com tuvo acceso a los correos que intercambiaron representantes de la Asociación y el propio candidato a diputado, donde se confirma la cancelación de los bonos.

"El suscrito, Rogis Bermúdez Cascante, con cédula de identidad número **********, Ingeniero Industrial, en mi condición de Candidato Primer lugar por San José, por medio de la presente hago constar que el día de hoy he recibido la suma de dieciocho millones de colones de ASEGOSEP, institución que usted representa, mediante transferencia bancaria a mi cuenta IBAN CR*****************, con el propósito de emitir Bonos de Deuda política con un descuento de un diez por ciento (…)", se lee en la comunicación.

La Asociación agremia a más de 4.000 funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y resguarda los ahorros y cesantía de miles de policías, principalmente, y funcionarios de esas dependencias gubernamentales.

El monto fue desembolsado para impulsar la fallida postulación de Bermúdez Cascante en su aspiración por llegar a la Asamblea Legislativa como diputado.

Así lo revela un informe que fue acogido en una investigación que lleva el Ministerio Público, con la cual se pretende investigar si existió movimiento ilícito de dinero en empresas donde la asociación hizo inversiones entre 2020 y 2022 que superaron ¢800 millones (más de $1,5 millones).

La Fiscalía de Legitimación de Capitales le había pedido a Asegosep, el año pasado, rendir cuentas sobre sus inversiones en la empresa Hidrobag Costa Rica SRL, por la participación de un hombre de apellidos Gutiérrez Castro, a quien investigaban por presunto lavado de dinero pero que fue asesinado el pasado 30 de junio en Moravia. 

Cuatro bonos por ¢20 millones

El documento al que tuvo acceso CRHoy.com, detalla que Acción Ciudadana le otorgó a Bermúdez 4 bonos con un valor de ¢5 millones cada uno, para un total de ¢20 millones que con un descuento aplicado quedaban en ¢18 millones.

Este medio tuvo acceso a la copia de estos certificados de deuda, los cuales tienen los numerales 388, 389, 390 y 391, y fueron firmados por Fabián Solano, presidente a.i. del partido y Karla Arrunátegui, la entonces tesorera nacional de la agrupación.

Según se puede leer en cada uno de los 4 certificados, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Ciudadana autorizó a Bermúdez Cascante a canjear "en la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda del Estado de Costa Rica una suma máxima de ¢5.000.000,00 (cinco millones de colones) imputable y deducible de su derecho eventual a la contribución estatal correspondiente a la campaña política 2022".

El comprobante del bono incluso sostiene que el acuerdo se hizo de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política, el Código Electoral y el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos emitido por el TSE.

Una auditoría anexada al expediente judicial confirma "la existencia de debilidades en los análisis de inversión y apoyo documental relacionados con las inversiones" que se realizaron  "para los bonos de Deuda Política del Partido Acción Ciudadana".

El mismo documento señala que: "honestamente estamos en presencia de inversiones que, salvo la buena fe de los deudores, no existen mecanismos tangibles que respalden estos dineros para evitar que las mismas se constituyan en pérdidas financieras para los asociados y afecten sus dividendos".

Reportado al TSE como compra personal

Al ser una asociación solidarista, Asegosep debe recibir un 5% de aporte patronal por cada funcionario y en este caso, al ser personeros de un ministerio de la República, los fondos salen de las arcas del Estado.

Es decir, un porcentaje de la partida estatal que se le entrega a la administración de los fondos de los asociados se destinó a una campaña política y se hizo sin la autorización de la junta directiva, según revela el informe de auditoría incluido en el expediente judicial.

De acuerdo con un fallo de la Sala Constitucional, de hace 11 años, las asociaciones solidaristas tienen prohibida la compra de bonos de deuda política, según informó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

"Sí existe impedimento. Las asociaciones solidaristas no pueden comprar certificados de sesión de la contribución estatal a los partidos políticos (conocidos como bonos) porque son personas jurídicas y, de acuerdo con la sentencia de la Sala Constitucional n.° 15.343 del año 2013, los bonos sólo pueden ser adquiridos por personas físicas nacionales, bancos del Sistema Bancario Nacional y medios de comunicación colectiva; las asociaciones al no ser ningún tipo de esas tres personas, no están facultadas para hacerlo", respondió Sandra Mora, directora ejecutiva del TSE.

Aun así, según lo detalla el informe, el presidente de la solidarista, James Williams Serrano, autorizó la compra al PAC para apoyar a quien fungió como presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP) hasta julio del 2022 y pretendía ser diputado del PAC por San José.

El mismo texto, que está en poder de la Fiscalía, señala que Williams no tomó en cuenta la posición del resto de la Junta Directiva, puesto que las reglas de Asegosep, permiten a quien la presida, poder hacer inversiones no mayores a ¢20 millones, sin necesidad de aprobación del resto de los directivos.

En vista de estos hechos, se le consultó al TSE si existía alguna investigación para tener claridad si se violó el Código Electoral por parte de la solidarista y el entonces partido de gobierno, pero indicaron que no existía ninguna causa abierta o procesada relacionada con este particular.

"En atención a su consulta periodística, se le informa que, una vez revisados los registros departamentales sobre investigaciones administrativas preliminares, no se identificó referencia alguna específica a una presunta adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal por parte de la Asociación Solidarista del Ministerio de Seguridad Pública en las pasadas Elecciones Nacionales de 2022. Tampoco se encontraron registros de esta temática, o similares, respecto de procesos nacionales anteriores", indicó Ronald Chacón Badilla, jefe Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.

Bermúdez: "Es mejor consultarle a tesorería"

Consultado sobre el pago de los bonos, Bermúdez puso en tela de duda que la Asegosep haya comprado los bonos.

Luego de intentar contactarlo por llamada telefónica, el exjerarca dijo que podía responder vía WhatsApp al conocer las preguntas que se le plantearon indicó que "lo mejor es consultarle a tesorería del partido, yo renuncié y no se quienes están ahora".

También se le consultó a Fabián Solano, presidente del PAC, quien en un inicio alegó desconocer si realmente esos certificados se le vendieron a la Asociación, por lo que debía revisar con tesorería esos detalles.

Tras verificar con los miembros de la agrupación política, Solano desligó por completo a Acción Ciudadana de esa transacción, asegurando que ellos no recibieron dinero de ninguna asociación.

"No sé cual habrá sido la negociación de carácter privado entre Rogis y la asociación, imagino que un préstamo, porque el dinero de los bonos entró por medio del sistema bancario nacional, no nos entró dinero desde la asociación a nuestra cuentas, no hay depósitos de la asociación, contratos ni documentación. Si hubo alguna negación fue de don Rogis con la asociación, una relación de carácter privado con la que el partido no tiene nada que ver", dijo Fabián Solano, presidente del PAC.

"Era una oportunidad de negocio"

Sobre la inversión en los bonos tipo B del PAC, este medio consultó al expresidente de la Asegosep, acerca de la valoración que se hizo en ese momento para ejecutar la inversión y Williams Serrano dijo que todo se planteó como un negocio que podía ser rentable a futuro, tomando en cuenta que Acción Ciudadana tenía 8 años en el poder y en los últimos 20 años contó con legisladores en la Asamblea Legislativa.

El otrora máximo representante de ese gremio, explicó que la decisión de dar los ¢18 millones al candidato del PAC tenía un trasfondo exclusivamente económico con la esperanza de ver el retorno de la inversión dos años después, cuando se pudiera cobrar la deuda política una vez que se liquidaran los certificados.

"Era una oportunidad de negocio porque se trata de un elemento financiero netamente. Nosotros vimos una oportunidad financiera, vimos un partido que estuvo dos veces consecutivas en el gobierno, y sucedió una situación inédita en la historia, que en una tercera vez no tuvo ni un solo ni un solo diputado, o sea, eso es una situación inédita, entonces en una inversión o se gana o se pierde, son riesgos, pero hablando en el tema político 0%, nosotros no entramos por eso", dijo.

Al indicarle que el TSE confirmó que las solidaristas tienen impedimento para comprar este tipo de certificados, tomando en cuenta la sentencia N.° 15.343 del año 2013 de la Sala Constitucional, Williams señaló que se asesoraron antes de la compra y la recomendación legal que les hicieron fue hacer la inversión sin temor a una futura sanción.

"Eso se analizó, en la ley dice que no se puede participar en aspectos político-electorales y nosotros nunca hicimos eso, por eso le digo, o sea, usted puede preguntarle a uno, dos o tres abogados y te van a dar uno, dos o tres opiniones.

(…) Nosotros en ningún momento vimos ese impedimento, de hecho este se hizo la consulta a nivel legal y en ningún momento se habló de la prohibición de la compra de esos certificados porque son productos financieros. Ahora, si a mí me dicen que nosotros contribuimos con el partido, negativo", recalcó Williams.

El exmiembro de la directiva sostuvo que todos los procesos se hicieron "conforme a la normativa" y que pese a que en su momento fue objeto de una investigación, finalmente salió librado del mismo y hasta el momento no ha sido notificado de alguna causa penal en la que figure como sospechoso.

Williams figuró como presidente de Asegosep hasta finales del 2022.

Perdieron la inversión

Según el reporte financiero de enero entregado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de la liquidación de deuda política de la anterior contienda, el PAC logró colocar poco más de ¢148 millones en bonos, de los cuales ¢104 millones los adquirieron tres candidatos a diputados: Marcia González, Rogis Bermúdez y Ana Karen Cortés Bermúdez.

González fue la que adquirió la mayor parte, con más de ¢84 millones tomando en cuenta el descuento (¢104 millones monto real).

La siguió Bermúdez, muy por debajo, con ¢23,5 millones, de los cuales obtuvo casi ¢19 millones, con los descuentos del 15% y 20% que ofrecieron.

Entre esos figuran como los más grandes los cuatro pagados al candidato por la Asegosep, que sumaban -sin descuento- ¢20 millones exactos, además de otros dos de ¢1 millón, 11 bonos de ¢100.000 y ocho de ¢50.000.

De esas sumas, el PAC no logró recuperar un solo colón, debido a que no alcanzó el porcentaje mínimo de apoyo en las urnas para recibir ese beneficio.

"(…) se realizó una inversión en este modelo financiero, se tomaron las previsiones y se acordó invertir 18 millones de colones en bonos con un valor facial de 20 millones más tasa básica pasiva +1%; la intencionalidad en esta inversión fue la generación de ingresos, a finales del 2022, aproximados a los 3 millones de colones. El riesgo se materializó, el ingreso prometido no será percibido por la asociación en razón de no alcanzar la meta establecida por el Tribunal Supremo de Elecciones. No obstante, la pérdida no se ha materializado por haber tomado los mitigadores de riesgo necesarios para reversar dicha inversión y recuperar el monto invertido inicialmente", reza el informe de la directiva de la gestión realizada en el 2022.

Sancionaron a dos miembros

Una vez que la junta directiva analizó estas y otras tres millonarias inversiones, se pidió explicaciones sobre la forma "riesgosa" en que se movilizó el dinero y finalmente se determinó que la contadora y el gerente general debían ser sancionados por supuestas desatenciones a la hora de realizar los negocios.

El presidente Williams firmó la carta para advertir a los dos miembros de la asociación, pese a que fue él quien manejó, sin aval del resto de directivos, la compra de los bonos del PAC.

"A Xinia Murillo, se le amonesta por haber dejado de prevenir en las inversiones que se realizaron con las referidas tres empresas y para los Bonos de Deuda Política del Partido Acción Ciudadana. Además, se le responsabiliza por no haber puesto atención para la documentación soporte en dichas inversiones, siendo que, ante dudas, no consultó a su jefatura inmediata a fin de tomar mejores decisiones, protegiendo los recursos de los asociados", dice la carta que le entregaron a la contadora.

Carlos Bellavita, gerente general de la Asegosep, recibió la misma notificación, siendo en ese momento los únicos notificados de la amonestación por las presuntas faltas de "atención" a la hora de colocar el dinero en esas cuatro opciones de inversión.

El informe describe que "estas amonestaciones incluyen elementos que tendrían que haberse considerado desde la propuesta o hipótesis de previo a realizar las inversiones referidas en el presente documento y que datan desde abril 2021".