Albino Vargas: “país entra en lista de violadores de derechos humanos”

"Siempre hemos tenido la razón y la justicia de nuestro lado".

4 de Sep. 2019 | 7:59 am

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(CRHoy.com) Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) se refirió sobre la aprobación en primer debate la Ley que regula las huelgas y aseguró que eso no los asusta ni los preocupa.

"La lucha por la justicia social no se detendrá. Un pueblo con hambre, sin empleo, al que le quitan paulatinamente su salario, que le encarecen la vida, es un pueblo que va a seguir luchando", señaló a través de un video.

Además, el sindicalista dijo que quienes aprobaron eso "se equivocan" y que por ello, apelarán ante mecanismos institucionales en el plano nacional "e internacional".

"ANEP tiene 61 años de existencia y somos testigos porque hemos sido parte de cualquier cantidad de luchas obreras, cruciales y justas. El que pierde es el país porque entra en una especie de lista negativa de países violadores de los derechos humanos", señaló. 

Vargas fue claro que seguirán en la lucha "con las nuevas generaciones que están llegando" porque además, "siempre hemos tenido la razón y la justicia de nuestro lado".

Por si fuera poco, afirmó que este proyecto "inaugura una etapa histórica que llamaremos de autoritarismo de la democracia. Es un proyecto que pretende castrar todo tipo de protesta, manifestación pública porque esta clase de política dominante tiene mucho miedo".

A las 8: 53 p.m. del martes, 40 diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley para regular el derecho de huelga, tras una maratónica sesión que comenzó a las 9:30 a.m. en la que se discutieron y votaron más de 60 enmiendas al texto en un debate marcado por recesos e intensas negociaciones y al calor de protestas de sindicalistas. La iniciativa fue rechazada por 15 legisladores.

A la votación llegó el diputado Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien se separó temporalmente de sus funciones como Ministro de la Presidencia.

El proyecto de ley consiste en una profunda reforma al Código de Trabajo para endurecer las regulaciones al derecho de huelga y evitar que los movimientos de protesta afecten los servicios públicos esenciales que se ofrecen a los ciudadanos.

Uno de los cambios más radicales que incluye el texto es la propuesta del diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para que los sindicalistas en huelga no puedan cobrar salarios desde el primer día en que dejen de trabajar.

El pago de los mismos solo procederá si en una declaratoria de legalidad de la huelga, el juez demuestra que el movimiento se debió a graves incumplimientos por parte del patrono.

La iniciativa establece categorías para los servicios públicos, en algunos de ellos las huelgas estarán absolutamente prohibidas y en otras permitidas, pero bajo ciertas reglas.