Aporte estatal anual a tren eléctrico se conocerá hasta final de licitación
Autoridades: se privilegiará oferente que plantee el rubro más bajo
(CRHoy.com). Autoridades del Poder Ejecutivo acudieron este martes a la Comisión de Infraestructura para defender el proyecto del tren eléctrico en la Gran Área Metropolitana (GAM) como eje clave para el transporte público en la zona urbana del país.
Claudia Dobles, Primera Dama de la República y pieza clave en la construcción del planteamiento, estuvo acompañada de Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), y Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes.
Se trata de la primera comparecencia que versa sobre la discusión del crédito de $550 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Desarrollo para impulsar el proyecto. La inversión total requerida asciende a los $1.550 millones.
El proyecto se daría en concesión a una empresa privada por un plazo cercano a los 30.5 años. En ese lapso, el Estado aportaría anualmente a la operatividad del proyecto un rubro que oscilaría entre los $50 millones y los $150 millones. Además, como aporte estatal inicial, destacan los $550 millones financiados por el banco regional.
Dobles explicó a los diputados que el subsidio es algo "completamente normal" en los sistemas de transporte público, cuyo retorno está en el beneficio socio-económico para la población.
"Su razón de ser es que la tarifa sea accesible", citó la Primera Dama.
Los rangos del aporte del Estado (de entre $50 millones y $150 millones) se dan para que las empresas interesadas construyan una propuesta eficiente y que, al fin del proceso de licitación, se privilegie la propuesta que represente un "menor aporte" para el Estado.
Así las cosas, los montos estatales que se girarán cada año dependerán de la propuesta final de la compañía concesionaria que resulte adjudicada.
"El aporte estatal a la operación tiene un sentido social y un sentido de accesibilidad. Que se permita que la tarifa sea accesible a la población. Hay una esencia que justifica el aporte estatal. Se tiene que entender como una opción de retorno socio-económico a la ciudadanía", detalló Dobles, quien explicó que el proyecto no prevé crear nuevos impuestos para financiar ese aporte, pero tampoco detalló el origen de los fondos.
Cabe destacar que la tarifa preliminar, sujeta a cambios en los próximos meses, ronda los 600 colones.
"Son estimaciones dentro de los estudios de factibilidad para que el Estado tome la mejor decisión a la hora de recibir las ofertas. Una de las condiciones de adjudicación será el oferente que presente un menor aporte estatal", agregó Briceño.
Sobre este punto, el ministro Méndez fue claro en que hay un proceso de licitación que no se ha iniciado y cuyos costos -que serán planteados por las empresas- aún son desconocidos. "Hay un grado de amplitud en cuanto a lo que se va a requerir en el aporte. No se sabe qué tipo de tasa de interés vamos a tener en el proyecto. Aquí, lo que se está tramitando en la Asamblea Legislativa, es aprobar un crédito que permita la continuidad del proceso para que la concesión vaya al trámite licitatorio.
En el inicio de la presentación ante los legisladores, Dobles agregó que el tren eléctrico será beneficioso para que el país enfrente la época post-pandemia por el COVID-19 y comprende una visión "integrada" de todo el sistema de transporte público.
Por su parte, Méndez insistió en que el proyecto es trascendental para reformar la manera en cómo se ha gestionado el transporte público en el centro del país y puso como ejemplo la necesidad de modernizar el servicio actual de tren.
Briceño, como jerarca de Incofer, insistió en que la propuesta es "madura" y está sustentada en diferentes análisis ya plasmados, tales como el estudio de factibilidad finalizado en abril pasado y la Ingeniería de Valor concluida en 2018.
"El tren eléctrico lo que pretende ser es la columna vertebral del transporte público para reducir tiempos de viaje y disminuir la emisión de hidrocarburos", puntualizó la jerarca.
El plan
A mayo de 2020 las proyecciones del Incofer -con base en el estudio de factibilidad concluido en abril de este mismo año- apuntaban a que durante los primeros 5 años de operación el aporte estatal sería de $30 millones anuales.
A partir de esa fecha, el rubro tendría un aporte anual "vegetativo" de $90 millones. Ese aporte estatal aseguraría una tarifa promedio de 600 colones para utilizar el servicio.
El plan del gobierno es que antes de 2020 la obra quede adjudicada y que 3 años después funcionen las 2 primeras líneas del plan trazado.
El 20 de mayo, en el programa Enfoques de CRHoy.com, Dobles reiteró que lo que pueda dar el Estado será clave para que la tarifa final al usuario sea accesible. "Cuando hablamos del aporte anual deberíamos decir cuánto perdemos anualmente como país por no tener un sistema de transporte público eficiente. Cada año, perdemos $5 mil dólares por persona por asuntos de productividad", sostuvo.
El Tren Eléctrico de Pasajeros se extiende por 84 kilómetros de la Gran Área Metropolitana (GAM), comunica 4 provincias y 15 cantones. Además, contará con 5 líneas articuladas: las líneas 1 (Paraíso-Estación del Atlántico), 2 (Estación del Atlántico-Alajuela) y 3 (Atlántico-Ciruelas), las cuales operarán de forma independiente. Mientras, las líneas 4 (Alajuela-Ciruelas) y 5 (Ciruelas-El Coyol) se plantean como extensiones de líneas 2 y 3.
La propuesta proyecta 46 estaciones (10 intermodales), 264 cruces y 72 cruces a nivel, con frecuencias de 5 minutos en horas pico y 15 minutos en horas valle. Para ese fin, la flotilla sería de 78 trenes (6 de reserva) y una capacidad de movilización de 200 mil pasajeros por día.
El instituto procura que para finales de 2020 se prevé tener lista la licitación pública internacional para atraer empresas interesadas. Al menos 33 compañías de diferentes países ya han mostrado deseos de involucrarse en el proyecto.
Sobre el crédito del BCIE, que se empezará a discutir en los próximos días, las autoridades de gobierno sostienen que cuenta con condiciones "muy favorables". Comprende una tasa efectiva que pagará el país de 1.5% y un plazo de gracia de 5 años. No hay cargo de compromiso y se estima que en 12 años iniciaría el repago de la deuda.

