Aprobada extradición de uno de los “Siete Tiburones del Pacífico”
La extradición de Alexi Meléndez León, alias Volvo o Comando, está cada vez más cerca. Este colombiano nacionalizado costarricense es considerado uno de los "Siete Tiburones del Pacífico", un selecto y poderoso grupo de siete capos criminales que controlaban las rutas marítimas de la droga en el océano Pacífico para el Clan del Golfo.
El Tribunal Penal de Pavas aprobó en primera instancia la extradición del hombre, requerido por Texas, Estados Unidos, donde se le acusa de cargos relacionados con narcotráfico internacional.
La entrega obtuvo el visto bueno judicial el pasado 4 de junio; sin embargo, sus abogados apelaron y ahora el Tribunal de Apelaciones de Goicoechea debe revisar la primera resolución. Meléndez, de 57 años, fue solicitado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) el pasado 20 de enero.
Para ese momento ya permanecía detenido por una investigación de lavado de dinero llevada a cabo en el país por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, denominada caso Shark destapado en setiembre del 2024.
Alexi Meléndez León, alias Volvo o Comando
Matrimonio y nacionalización
"Volvo" es originario del municipio de Miranda, en el Valle del Cauca, Colombia. Ingresó formalmente a Costa Rica con el propósito de expandir sus operaciones económicas y buscar arraigo. En 2006 se casó con una costarricense, que le permitió obtener la nacionalidad por naturalización.
La pareja se divorció en 2012, pero el matrimonio le permitió acceder a la ciudadanía y resguardarse en el país, dado que anteriormente no existía la extradición de costarricenses. En 2007 constituyó su primera sociedad anónima en Costa Rica, según las autoridades.
Durante casi dos décadas, se dedicó a estructurar negocios comerciales lícitos —como la representación de casas extranjeras, inversiones y, posteriormente, actividades agropecuarias en la Zona Norte— que servían como mampara para camuflar el movimiento de capitales y el tráfico de cocaína de su organización.
A diferencia de otros grandes líderes del narcotráfico, Meléndez operaba bajo un perfil bajo en su entorno residencial de Ciudad Colón. Sus vecinos lo percibían como un empresario discreto, lo que le permitió evadir los radares policiales durante muchos años, antes de que la DEA y el OIJ unieran las piezas sobre su rol en el Clan del Golfo.
Al ser uno de los Siete Tiburones del Pacífico, junto con el resto de miembros estratégicamente ubicados en diferentes latitudes del continente americano, tenía como función principal coordinar y asegurar el paso de los cargamentos de cocaína que salían de Colombia por el océano Pacífico hacia Centroamérica y Estados Unidos.
No operaban como intermediarios comunes, sino como los jefes directos de células logísticas y de lavado de dinero del Clan del Golfo, considerada una de las estructuras criminales más grandes del mundo y la más prominente de Colombia.
El arresto de Meléndez León en Costa Rica tuvo un gran impacto internacional porque, según los informes de inteligencia de la DEA y las autoridades colombianas, era el último de los siete miembros originales del grupo que aún permanecía en fuga.
Allanamientos Caso Shark
Caso Shark
La investigación del OIJ y la Fiscalía reveló que Comando no operaba como un delincuente común, sino como el "gerente general" de una corporación ilegal que funcionaba con la estructura y divisiones de una empresa lícita, utilizando el sector agrícola de la Zona Norte del país como su principal fachada.
Controlaban fincas y plantas empacadoras de piña y yuca enUpala y San Carlos. Ocultaban cargamentos masivos de cocaína dentro de los contenedores de fruta. En un solo evento detectado en 2022, las autoridades interceptaron 220 kilos de cocaína en la Terminal de Contendores de Moín (TCM), ocultos en un contenedor con doble forro.
Para ingresar las millonarias ganancias del narcotráfico al torrente bancario legal, la red logró corromper la estructura de control de entidades del Estado. Empleados y gerentes del Banco de Costa Rica (BCR) de sucursales clave, como Pocosol y Río Cuarto, facilitaban el depósito de altas sumas de dinero en efectivo e ignoraban los protocolos de alerta por lavado.
Uno de los hallazgos más mediáticos del caso fue la utilización de la fe organizada para el blanqueo de activos. Se arrestó a un pastor evangélico de apellidos Barboza Pilartes, líder de la iglesia Manantial de Vida, en Aguas Zarcas. El líder religioso recibía dinero en efectivo proveniente de la venta de drogas y lo introducía al banco, haciéndolo pasar como diezmos y donaciones legítimas de sus feligreses.
También adquirían bienes y financiaban otros rubros comerciales. Invirtieron en una empresa constructora, en la ganadería y en el cultivo de arroz. El OIJ intervino 16 propiedades, 12 sociedades anónimas, decenas de cabezas de ganado y 34 vehículos de lujo, valorados en más de ₡500 millones.
Además, se descubrió que Meléndez llegó a ocupar de forma irregular una finca propiedad del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en la frontera sur.
Cuando se conoció su extradición a inicios de año, también se reveló la solicitud de la DEA para llevarse a otro colombiano naturalizado, considerado un peso pesado del narco en el país: Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre o Papá Chaves, líder criminal del caso Corona y del envío de cocaína en forma líquida mediante una embasadora de bebidas.
La entrega de Lozano ya se concretó el pasado 13 de agosto y fue remitido a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde es procesado por narcotráfico.