Arranca audiencia de caso “Cochinilla”; juez definirá libertad de imputados

(CRHoy.com) El juez coordinador del Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José en Goicoechea, Hugo Porter, arranca este lunes con la audiencia de apelación a las medidas cautelares dictadas contra los 30 imputados del caso conocido como "Cochinilla", que envuelve a empresarios de las constructoras MECO y H. Solís y funcionarios públicos del Conavi y el Mopt por presuntos sobornos para obtener beneficios contractuales en obra pública. 

Porter definirá si las personas implicadas en esta causa continúan bajo libertad cumpliendo medidas, tal como lo definió en una primera instancia la jueza Carolina Lizano.

La vista de apelación podría extenderse hasta por una semana, tal y como ocurrió en el primer señalamiento a partir de la detención de los imputados (el lunes 14 de junio) tras los allanamientos de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Estas fueron las medidas dictadas por la jueza Carolina Lizano:

• Cerdas Araya: fianza de $5 millones.
• Solís Vargas (mujer): fianza de $3 millones.
• González Carballo: Impedimento de salida y firmar una vez al mes.
• Bolaños Salazar: Impedimento de salida y firmar una vez al mes.
• Martínez Martínez: Impedimento de salida y firmar una vez al mes.
• Solís Murillo: Impedimento de salida y firmar una vez al mes.
• Arce Alpízar: Monitoreo electrónico.
• Fallas Zúñiga (funcionario público): Impedimento de salida y firmar una vez al mes.
• Cervantes Morales: Impedimento de salida del país y mantener domicilio fijo.
• Carmona Rivas (funcionaria pública): Impedimento de salida y firmar una vez al mes.
• Rodríguez Araya (funcionario público): Impedimento de salida y firmar una vez al mes.
• Rivera Campo (funcionario público): Impedimento de salida y firmar una vez al mes.
• Castro Rodríguez: Impedimento de salida y firmar una vez al mes.

Lizano fue supuestamente denunciada por prevaricato, causa que tramita la Fiscalía de Probidad. 

Las personas involucradas en el caso fueron detenidas porque existe una serie de intervenciones telefónicas en las cuales se expuso un esquema de pago de sobornos para poder otorgar beneficios financieros a las empresas MECO y H.Solís, quienes se repartían licitaciones del Estado de manera irregular.