Pedían $200 mil

Arzobispo rechazó indemnizar a denunciantes del padre Víquez

Pablo Rojas [email protected] Febrero 14, 2019  1:32 pm

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  • Curia Metropolitana niega que Quirós actuara de manera irregular, tras conocer primer caso desde 2003
  • Víquez es investigado penalmente por presunta violación en otro caso diferente a estos 2

Mediante un extenso comunicado a la opinión pública, la Curia Metropolitana rechazó malas actuaciones en el caso del sacerdote Mauricio Víquez Lizano, quien es señalado por supuestos abusos sexuales en perjuicio de monaguillos que colaboraron con él.

De paso, la entidad confirmó que rechazó la petición de una indemnización de $200 mil para cada una de las 2 víctimas que denunciaron al sacerdote por supuestos abusos sexuales. Se trata de los casos de Anthony Venegas Abarca y Maikol Rodríguez Solera.

En el texto, las autoridades católicas confirmaron además que desde 2003 el actual Arzobispo de San José, José Rafael Quirós, recibió a 2 personas adultas en representación de Venegas Abarca, un vecino de Patarrá, quien entonces en su condición de menor de edad denunció ‘conductas inapropiadas’ de Víquez Lizano.

Bajo esa línea, la Curia Metropolitana descartó actuaciones irregulares de Quirós tras recibir la queja e insistieron en que en ese momento el hoy arzobispo saludó a Venegas (quien estuvo fuera de la reunión) e ‘inmediatamente’ informó al entonces Arzobispo de San José, Hugo Barrantes Ureña, sobre las quejas contra Víquez Lizano.

Según la autoridad católica, después de esta situación reportada en 2003 el padre Víquez fue removido de su oficio parroquial y se decidió no iniciar ninguna acción que lesionara “la buena fama de los menores afectados como en la conversación fue solicitado. A partir de ese momento nunca más tuvo oficios parroquiales”.

Venegas se presentó en junio de 2018  a una reunión con el arzobispo de San José para denunciar a Víquez, pero en esa oportunidad se hizo acompañar de Rodríguez Solera. Un vecino de Tres Ríos (La Unión), quien desde el 15 de mayo de ese mismo año denunció formalmente a Víquez ante el Vicario Judicial del Tribunal Eclesiástico por supuestos abusos sexuales cometidos en su contra.

“En ese encuentro los afectados hablaron no solo de su realidad como víctimas, sino también de sus pretensiones económicas (…) La petición que hicieron de $200 mil para cada uno de ellos fue rechazada por el Arzobispo (Quirós). Lo anterior consta en solicitud escrita por los señores Rodríguez y Venegas con fecha del 27 de julio de 2018. Esta solicitud les fue denegada y comunicada en reunión sostenida con ellos el 3 de agosto de 2018”, apuntó la Curia Metropolitana, en un comunicado de prensa difundido al filo del mediodía de este jueves.

Víquez está fuera del país desde el 7 de enero, luego de que trascendieran las denuncias en su contra. Archivo CRH

Más del caso

La institución insistió en que abordaron bien el tema, pues desde el 27 de julio del año pasado emitieron un decreto de suspensión de todos los oficios sacerdotales para Víquez Lizano y negaron que existiera un encubrimiento.

“(…) el actuar del actual Arzobispo de San José, en todo momento ha sido el debido en este tema. Tanto en el año 2003, transmitiendo al entonces arzobispo (Hugo Barrantes), como en el 2018 cuando inició el proceso canónico. Por lo que se concluye que la acusación de supuesto encubrimiento contra Monseñor Quirós no tiene fundamento”, acotó el comunicado oficial.

Víquez salió del país tras conocer que existían denuncias penales en su contra mientras que Semanario Universidad consignó  que el arzobispo Quirós “no asistirá a cumbre sobre pedofilia en el Vaticano tras ser denunciado por supuestamente encubrir abusos sexuales en estos ambos casos“.

“(…) el arzobispo tomó la decisión de que quien represente a la Conferencia Episcopal de Costa Rica sea Monseñor Gabriel Enrique Montero Umaña, obispo de San Isidro y vicepresidente de la Conferencia Episcopal”, defendió la Curia Metropolitana, al señalar que las conferencias episcopales invitadas tenían facultad para designar a algún representante en caso de que el Arzobispo no pudiera asistir.

La denuncia penal contra el sacerdote, por presunta violación calificada contra persona menor de edad, no tiene relación con las quejas planteadas por Rodríguez y Venegas.



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