Asamblea Legislativa envió a Presidencia la Ley de Ejecución de la Pena pese a amenazas de veto
La Asamblea Legislativa remitió este miércoles a Casa Presidencial la Ley de Ejecución de la Pena tras su aprobación en segundo y último debate para su firma y publicación como Ley de la República, en medio de la amenaza del presidente Rodrigo Chaves de que vetará dicha legislación.
Este envío lo confirmó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, a través de un comunicado.
Se trata del expediente 24.019 presentado por el presidente legislativo Rodrigo Arias Sánchez, aprobado en segundo debate, con 33 votos a favor, el pasado 19 de febrero.
"La Ley de Ejecución de la Pena no es un portillo abierto ni un beneficio automático. Es una herramienta seria que ordena el sistema, protege a la sociedad y garantiza que las oportunidades de reinserción estén condicionadas al estudio, el trabajo y el cambio de la conducta", señaló el presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez.
En contraste con el discurso del gobierno, que cuestiona el texto, la presidencia legislativa señaló los siguientes puntos del proyecto:
- Ordena el sistema penitenciario con criterios técnicos.
- Brinda seguridad jurídica a todas las partes.
- Exige planes de atención profesional y evaluaciones técnicas.
- Establece requisitos estrictos para acceder a modalidades de reinserción, incluyendo informes criminológicos y psicológicos positivos.
- Excluye a personas con otras causas penales abiertas o con faltas graves.
- Garantiza vigilancia judicial y el respeto a los derechos de las víctimas.
El Ejecutivo tiene dos opciones: firmar y publicar por la vía oficial la ley o vetarla y enviarla al Congreso. Según afirmó Chaves, se inclinarán por el segundo escenario.
Aprobado en segundo debate
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo y último debate, con 33 votos afirmativos y 6 en contra, el proyecto de ley sobre la ejecución de la pena que regula las sanciones penales, la tercera etapa penal que aplica cuando un sospechoso empieza a cumplir su pena de cárcel. Esto pese a que el presidente Rodrigo Chaves Robles anunció con imponer un veto al texto, al cual de previo calificó de "mamotreto".
Se trata de un proyecto presentado por el presidente legislativo Rodrigo Arias Sánchez y redactado por el Poder Judicial.
Votaron en contra de la iniciativa Pilar Cisneros y otros 4 diputados oficialistas, así como Carolina Delgado de Liberación Nacional.
El texto pasó un largo recorrido, desde modificaciones en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, audiencias, mesas de trabajo entre los Poderes de la República y mociones de reiteración en el Plenario Legislativo.
La iniciativa sobre ejecución penal
El proyecto pretende regular la ejecución de las sanciones penales y las medidas de seguridad impuestas por los tribunales de justicia conforme a las disposiciones constitucionales y legales, teniendo como finalidad asegurar su cumplimiento y procurar la inserción social de la persona sentenciada.
Esta iniciativa de ley nace como un esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia en asumir respuesta ante la ola de criminalidad que atraviesa el país. La redacción de este proyecto de ley estuvo a cargo de la Sala de Casación Penal, la fiscalía general de la República y la Defensa Pública con el gran apoyo de jueces de ejecución de la pena.
Chaves vetará ley
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el ministro de Justicia, Gerald Campos, anunciaron el pasado miércoles 18 de enero la aplicación de un veto presidencial al proyecto sobre la ejecución de la pena cuando este se apruebe en segundo debate en la Asamblea Legislativa y llegue a Casa Presidencial.
Un veto, ya sea parcial o total, consiste en un recurso ejercido por la Presidencia de la República cuando no está de acuerdo con la firma y publicación de una ley aprobada en segundo debate por el Congreso. Para ese caso, aplica el veto y devuelve la iniciativa a los diputados con observaciones.
Esto se da luego de que Chaves calificara meses a través de dicho proyecto como un "mamotreto".
Con la notificación, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 10 días para presentar el veto y regresar el texto con observaciones al Congreso.