Así defendían Marta Esquivel y directivos adjudicación de ebais por la que hoy son investigados

Se detuvo a Esquivel y 7 personas más

Por Ambar Segura | 24 de Sep. 2024 | 12:24 am

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó este lunes 28 allanamientos en los que se detuvo a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva, y a 7 funcionarios y exfuncionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la adjudicación de 10 Áreas de Salud a cooperativas y una asociación.

La aprobación de esta adjudicación se discutió ampliamente en las sesiones de Junta Directiva, y finalmente, se aprobó pese a múltiples informes que solicitaban declarar el proceso infructuoso y que alertaban sobre presuntos sobreprecios por parte de las empresas oferentes, en ese momento.

Pero, ¿Cómo justificaban los ahora investigados la aprobación de un acuerdo para que cooperativas y una asociación de salud recibieran cerca de ¢4 mil millones mensuales?

Marta Esquivel mencionó 2 días antes de la aprobación que "la Junta Directiva ya tiene suficientes elementos para tomar la decisión definitiva". Estas declaraciones se dieron posterior a recibir un informe creado por María de los Ángeles Gutiérrez -también detenida-, en el que recomendaba adjudicar a las empresas que también fueron allanadas este lunes.

El presupuesto considerado y esperado por parte de la institución para brindar soporte a la contratación del 2024, es inferior en la mayoría de los casos y, por lo tanto, nos quedan dudas razonables en la Junta Directiva en relación con esa indicación que se dio antes de que el costo es excesivo, aseguró Gómez.

Además, votó a favor de la aprobación y pidió seguir utilizando la metodología utilizada por Gutiérrez.

Yo agradezco este informe cuantitativo en el que se toman las 105 Áreas de Salud, se definen 43 características (…) Lo agradezco profundamente (…) Si puedo decir que pocas veces he visto un análisis tan riguroso para que nosotros, miembros de Junta Directiva podamos tomar decisiones basadas en ciencia y técnicas, dijo Araya.

"Habrá que llevar a cabo una audiencia que seguramente se llevará a cabo mañana (martes) donde ejerceremos la defensa. La resolución es general, se habla de los mismos delitos para todos. No sabemos el detalle de la audiencia, pero para hoy (lunes) es difícil que haya audiencia hoy", dijo Federico Morales, abogado del imputado Araya.

El 6 de julio, cuando se aprobó la adjudicación en una sesión extraordinaria un sábado en la mañana debido a la "urgencia" de este tema, Maria Isabel Camareno justificó su voto, ya que en torno a ella ya giraban cuestionamientos por su ligamen con el sector cooperativista.

Camareno fue captada por crhoy.com este lunes mientras era trasladada a su indagatoria, así como Jorge Porras, quien recientemente renunció a la Junta Directiva por una denuncia de presunto nombramiento ilegal.

Mañana (lunes) se estará conociendo si el Ministerio Público va a solicitar medidas cautelares o no. Lo que conocemos es que se acusa afectación al erario público y tráfico de influencias, explicó Rodrigo Araya, abogado Porras a la salida de la indagatoria.

Además, Esteban Vega, gerente de logística, remitió a la Junta Directiva mediante un oficio el expediente del procedimiento de compra con el propósito de dictar el acto final de dicho proceso como infructuoso.

El informe que presentó Gutiérrez fue solicitado por Esquivel, indicándole que debía "(…) tener un nuevo informe urgente para la próxima semana, para apoyar en el tema de per cápita (…)".

De acuerdo con el preliminar de la investigación que comenzó a principios del 2023, al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y a su vez realizaron un nuevo procedimiento en el cual habrían ejercido controles y aportes para modificar las condiciones del acuerdo.

Gutiérrez, quien era directora de Proyección de Servicios de Salud, aceptó al presentar la recomendación que "no revisamos y no analizamos el criterio financiero vertido en su momento respecto a esta contratación porque no era el objeto de análisis que teníamos, ¿qué era lo que íbamos a hacer nosotros? Era hacer una revisión, pero tomando en cuenta elementos propios de la prestación de servicios de salud, a fin de que pudiéramos encontrar, como les dije antes, elementos que pudieran fortalecer al final la decisión que se tomara".

El proceso fue seguido, pese a las recomendaciones por parte de la Junta de Adquisiciones de la institución de declarar infructuosa la contratación. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los imputados sabían del perjuicio económico que sufriría la institución y dejaron de lado los criterios técnicos.

Resulta ser que hay un contrato realizado en el año 2021 con una vigencia de 4 años y este fue cancelado, anulado y modificado por un nuevo contrato en el cual se amplían los plazos. Además de eso, cambian los montos que se tenían que pagar. Al respecto, el departamento financiero de la CCSS rechazó la posibilidad que se ampliaran los plazos y de que aumentaran los costos, siendo que lo usual según este departamento, es que anualmente se reconozca un incremento del 2% al 3% por costo de la vida e inflación.

Sin embargo, en el nuevo contrato los montos superaban al 33% de aumento, versus el contrato ya aprobado y cancelado en el 2021. Resulta que se está pagando de más en apariencia, un total ₡1.033 millones por mes, siendo que al final del año el monto pagado de más es de prácticamente ₡12.400 millones, explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga.

Los detenidos en los allanamientos de este lunes fueron: