Así intentó exministro del MOPT librarse de sanción por millonaria pifia en ruta
Exministro no podrá ocupar cargos públicos por espacio de 2 años
(CRHoy.com). El futuro de Carlos Segnini Villalobos como funcionario público está en el aire, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) decidiera inhabilitarlo por espacio de 2 años en virtud de su papel negligente en torno a la construcción de la ruta 257 que enlaza la ruta 32 (San José-Limón) con la nueva Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.
Segnini ocupó el cargo de ministro de Obras Públicas y Transportes entre 2014 y 2016. En ese mismo tiempo, fungió como presidente del consejo de administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
La CGR sancionó a Segnini, actual director corporativo jurídico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por avalar administrativamente las obras que finalmente derivaron en la popular "megapifia" de la ruta.
Durante la etapa constructiva el proyecto tuvo un desfase de 80 metros que obligó al Estado a incurrir en una inversión de $5.6 millones para solventarlo. En total, la obra costó $78 millones.
El 19 de junio la CGR rechazó los recursos de revocatoria planteados por el exministro y dejó en firme el castigo resuelto en noviembre de 2018.
Según consta en la resolución, Segnini alegó que nunca fue informado de que el proyecto no era funcional y aseguró que al momento de la toma de la decisión "no había estudios preliminares ni diseños" que hicieran posible prever que la obra "requería ajustes ulteriores para producir el efecto deseado".
Además, añadió que al momento de la decisión "solo se conocían ciertas limitaciones que serían resueltas por la Unidad Ejecutora a partir de las soluciones técnicas tomadas por la Comisión Mixta del Conavi y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC)".
Para Segnini la labor del consejo de administración era "rectora" y no "técnica". Con esto, entendieron que la propuesta técnica del consejo daría una solución definitiva a la necesidad pública.
"El borrador presentado contenía detalles de las obras, estudios, diseños y demás requisitos legales necesarios para presentar el documento ante la CGR, propuesta que fue elaborada por un equipo técnico. En la solicitud votada por el consejo tampoco se incluían detalles de advertencia de que la obra no sería utilizable, por ello, tampoco se incluyó esa advertencia en la solicitud de autorización.
"De ese modo, no es cierto que no se haya optado por requerir a los órganos técnicos una solución viable. Por el contrario, se constituyó una comisión mixta integrada por funcionarios de las unidades ejecutoras de ambas instituciones (Conavi y CNC) para que propusieran una solución viable", alegó Segnini.
Contraloría lo refuta
El órgano decisor de la CGR señaló que el exministro –en su rol de presidente del Consejo de Administración de Conavi y como jerarca del MOPT- tuvo conocimiento del desfase existente en la obra. Así fue no solo una vez, sino en múltiples ocasiones.
"Contrario a lo alegado, el órgano estimó que el actuar omiso y desinteresado del máximo jerarca del MOPT se limitó a aprobar los documentos que le fueron sometidos a su conocimiento, sin verificar que la propuesta constituyera una solución efectiva (…) fue acreditado que desde meses antes de la adopción del acuerdo en que se aprobó el documento de solicitud a autorización de la CGR, los directores del Consejo habían sido advertidos de los problemas de conexión de la obra", citó el órgano decisor.
La autoridad contralora calificó de "inaceptable" que Segnini justificara desconocer que el proyecto no sería funcional, pues como jerarca debía cerciorarse de que la propuesta contara con todos los lineamientos necesarios para su ejecución.
"(…) esto en razón que no se ocupaba tener mayores conocimientos técnicos para comprender el impacto que iba a tener en la construcción de la carretera el hecho que existiera un desfase en los proyectos", acotó la CGR, entidad que destacó el doble papel jerarquíco que tuvo Segnini como ministro y jerarca del Consejo de Administración del Conavi.
Tras salir como jerarca del MOPT, Segnini pasó como miembro de Costa Rica ante la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna) y fungió como coordinador de los proyectos para la construcción de los aeropuertos de Orotina y San Carlos.
La sanción también aplica para Mauricio Salom, exdirector del Conavi entre 2014 y 2016; Giselle Alfaro, exviceministra de Infraestructura del MOPT; Ana Lizeth Rodríguez Barquero, exdirectora del Conavi, Christian Campos, exdirector en representación del sector municipal y Jorge Solano, exdirector en representación de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica.
A parte de la CGR, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) también abrió una causa penal para analizar eventuales delitos en el caso de la pifia, con la lupa puesta sobre exfuncionarios del gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018).
Ese proceso todavía se mantiene abierto y en la etapa de recolección de pruebas.


