Así piensan los 9 jueces que aspiran a una Sala III diezmada tras cementazo

El mayor escándalo de corrupción en la historia reciente del país contaminó de cemento chino los tres poderes de la República, y uno de los órganos que resultó más manchado por el caso fue precisamente la Sala III o de Casación Penal.

El grado de afectación fue tal que tres magistrados dejaron su cargo en el último año: Celso Gamboa fue separado y posteriormente destituido por su vinculación directa en el caso; el presidente de la Corte Carlos Chinchilla se acogió a su jubilación sin dar explicaciones después de ser amonestado por la Corte Plena, y Doris Arias también terminó pensionándose luego de una suspensión de dos meses en su contra. Estos dos últimos por desestimar una causa vinculada al cementazo.

Con este antecedente y en medio de cuestionamientos a la idoneidad de los candidatos por parte de un panel independiente, la comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa ya eligió a nueve personas como aspirantes a ocupar esos cargos, y en las próximas semanas el pleno de diputados deberá tomar una decisión sobre tres de ellos.

De los aspirantes elegidos, prácticamente todos han pasado por el Tribunal de Apelaciones, de hecho, la mayoría mantiene un cargo en este despacho.

Solamente tres, Rafael Segura y Rubén Alfaro, nominados para sustituir a Doris Arias, y Sandra Zúñiga, aspirante al cargo dejado por Chinchilla, fungen como magistrados suplentes.

Zhuyem Molina, por su parte, tuvo experiencia como letrada. Molina tiene como pareja sentimental a Rowland Espinoza, quien recientemente fue separado de su cargo como asesor de Roberto Thompson, precisamente ante la postulación de la funcionaria a la Sala III.

Citados ante la Comisión de Nombramientos, cada aspirante reseñó cuál es su visión de lo que debe cambiarse para hacer una Sala de Casación más expedita en el trámite de los casos, limpiarla de su corroída imagen y mantenerla independiente de injerencias políticas provenientes del Ejecutivo o del Legislativo.

 

 

Independencia y corrupción

Sandra Zúñiga, en su papel de magistrada suplente, fue cuestionada sobre la posibilidad de que existan funcionarios suplentes o interinos que se "plieguen" en sus decisiones a las que toman sus superiores, esto con el objetivo de obtener su favor y poder ascender en el Poder Judicial.
La funcionaria lo descartó y señaló que al menos en su caso no lo podía afirmar. "Mis decisiones no son decisiones originadas en la necesidad de convenir complacientemente con otros compañeros, sean propietarios o sean suplentes, nunca he visto compañeros magistrados o magistradas propietarias que nos sugieran, menos que nos impongan un criterio, existe absoluta libertad en ese sentido", dijo.

La funcionaria dijo que en toda su carrera nunca había recibido presiones o solicitudes provenientes de otros poderes de la República, relacionados con casos específicos.

Rafael Segura, aspirante a sustituir a Doris Arias, dijo que para fortalecer la independencia de jueces es necesaria una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que la elección de los funcionarios no sea hecha por el Consejo Superior, ni por la Corte Plena, sino que sea un Consejo Específico de Jueces.

"De una u otra forma se puede sentir, y vea que lo digo a lo interno, cierta presión o cierto favoritismo en la elección de jueces por parte de Corte Plena o del mismo Consejo Superior, que al fin y al cabo lo conforma el presidente o el vicepresidente de la Corte", aceptó el funcionario.

Alfaro confirmó por su parte que ha existido corrupción, tanto externa como interna, por lo que es necesario que las personas que sean electas en los cargos tengan comprobadas honestidad e integralidad.

"Creo firmemente que debemos restablecer la credibilidad del pueblo costarricense. Es mi responsabilidad como magistrado suplente, es mi responsabilidad si me nombran magistrado titular. Debemos hacer que el pueblo costarricense vuelva a creer en la Justicia, pero para que el pueblo vuelva a creer en la Justicia, necesariamente debemos cumplir con el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida", acotó.

Para cambiar esta situación, el aspirante Gustavo Jiménez planteó como necesario un rediseño completo de la estructura institucional del Poder Judicial.

"Podríamos decir que está crisis este modelo, y habría que comenzar a pensar en un modelo donde las funciones efectivamente de administración correspondan a otro órgano, un consejo general del Poder Judicial. Hago el paréntesis, en Europa occidental, precisamente la idea de crear un consejo general del Poder Judicial con rango constitucional y autónomo fue producto precisamente de las experiencias autoritarias y totalitarias de los distintos países, al darse cuenta de los riesgos que se corren de concentrar en el poder en un único órgano", defendió el juez ante los diputados.

Omar White apostó ante los diputados por el valor de la imparcialidad y el de apartarse de resolver casos en donde pudiesen existir conflictos de interés. Zhuyem Molina, por su parte, estuvo de acuerdo en que es importante un fortalecimiento de la evaluación, tanto hacia los empleados judiciales como los magistrados.

"Sí creo que deberíamos de pensar, si será el Parlamento, si serán las organizaciones de la sociedad civil, para que sea un ente externo que pueda tener insumos para evaluar y generar diálogo, creo que eso (evaluación) es muy importante", reforzó la jueza.

Si bien la Comisión de Nombramientos planteó estas ternas como opciones para completar los espacios en la Sala III, los diputados tienen la facultad de apartarse de su criterio y proponer por su cuenta otro nombre, incluso sin que éste haya sido tomado tan siquiera en cuenta en la fase previa de evaluación.

De momento el plenario está a la espera del informe de la comisión y se requerirá un acuerdo de jefes de fracción para someter los nombres a votación.