Audiencia preliminar por caso de Cemento Chino inicia este lunes
Empresario Juan Carlos Bolaños.
Este lunes en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José inicia la audiencia preliminar del sonado caso de corrupción conocido como Cementazo o crédito del "Cemento Chino".
La misma se llevará a cabo del 1 de julio al 29 de noviembre del 2024 y será una audiencia privada.
En total son 9 las personas imputadas que se tramita bajo el expediente 16-000013-0033TP, que es de tramitación compleja.
¿Quiénes son los acusados?
El empresario Juan Carlos Bolaños Rojas: 8 delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes, 11 delitos de peculado, 3 delitos de uso de falso documento, 3 delitos de influencia sobre la hacienda pública, 3 delitos de captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada.
Dos gerentes de la empresa Sinocem Costa Rica
Javier Rojas Segura: 8 delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes, 11 delitos de peculado, 3 delitos de uso de falso documento
Mario Cortés Zúñiga: 2 delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes, 3 delitos de uso de falso documento
Los siguientes acusados son o fueron funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR):
Andrés Víquez Lizano, exsubgerente de Banca Mayorista del BCR: 11 delitos de peculado, 3 delitos de tráfico de influencias, 1 delito de falsedad ideológica agravada, 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada.
Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo del BCR: 2 delitos de peculado, 2 delitos de tráfico de influencias, 1 delito de falsedad ideológica agravada, 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada.
Marvin Corrales Barboza, exsubgerente de Banca Minorista del BCR: 3 delitos de peculado, 1 delito de tráfico de influencias, 1 delito de falsedad ideológica agravada, 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada.
Gilberth Barrantes Campos, exgerente corporativo de Riesgo y Control de Crédito del BCR: 1 delito de peculado, 1 delito de tráfico de influencias, 1 delito de falsedad ideológica agravada, 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada.
Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito BCR: 1 delito de peculado, 1 delito de tráfico de influencias, 1 delito de falsedad ideológica agravada, 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada.
Paola Mora Tumminelli, expresidenta del BCR: 3 delitos de influencia sobre la hacienda pública, 3 delitos de captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada.
Abogado cuestiona acusación
El abogado penalista Gerardo Huertas, defensor de los imputados Marvin Corrales y Gilberth Barrantes, señaló que son los más interesados en que se esclarezca la realidad del caso.
"Mis 2 defendidos fueron funcionarios públicos intachables, con una trayectoria de más de 30 años laborando en el banco, con probidad e integridad incuestionable", indicó el abogado defensor.
Huertas calificó como lamentable que en este caso la Fiscalía se ha caracterizado por detener y pedir prisión en "automático", de forma "apresurada y arbitraria, sin realidad una investigación real".
Recordó que sus defendidos fueron los primeros en lograr su libertad, después de brindar amplias declaraciones.
El abogado señaló como abusiva y motivada a una presión mediática la prisión preventiva que ambos imputados tuvieron que enfrentar.
"La acusación presentada en contra de todos los imputados sin diferenciación alguna, es una muestra más de la temeridad con la cual ha venido actuando el Ministerio Público, para intentar tapar un grave error que cometieron al inicio del caso"
Huertas asegura que ni Corrales ni Barrantes ni siquiera formaban parte del área del BCR donde se estructuró y manejó el crédito del Cemento Chino.
El abogado defensor insiste en que el cuestionado crédito, se aprobó con todos los criterios técnicos de todos los departamentos del banco encargados del tema.
"Mis representados, Marvin Corrales y Gilberth Barrantes, son completamente inocentes y fueron incluidos en esta acusación por estrategia y cálculo político", insistió el penalista.
¿Qué fue el Cementazo?
A mediados del 2017 trascendieron las circunstancias presuntamente irregulares en las que el BCR le aprobó un crédito por $31,5 millones al empresario Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino.
Las investigaciones posteriores destaparon la presunta red de tráfico de influencias más grande descubierta hasta ese momento, que operó, en apariencia, en favor de Bolaños para que iniciara con la traída de cemento producido en China.
Se descubrió además que la Casa Presidencial fue el epicentro de las gestiones de Bolaños ante el Gobierno.
La investigación legislativa del "cemento chino" concluyó que las intervenciones de Casa Presidencial en favor de Bolaños se pueden resumir en cuatro ámbitos:
- Nombramiento de algunos directores y jerarcas en Bancos del Estado.
- Las siete reuniones concedidas a Juan Carlos Bolaños en Casa Presidencial, sus requerimientos y sus resultados.
- Acciones y presiones ejercidas sobre mandos medios de algunas instituciones.
- Agilización de trámites de publicaciones en el diario oficial La Gaceta.
Además, el escándalo pringó a varios ministros y viceministros del entonces presidente Luis Guillermo Solís que modificaron reglamentos e hicieron gestiones que favorecieron a Bolaños.
También a funcionarios del sector bancario estatal, a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala III y al Ministerio Público, y a las representaciones en la Asamblea Legislativa de los partidos políticos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional, Movimiento Libertario y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
En febrero del 2020, el Ministerio Público acusó a Bolaños por tres delitos de influencia contra la hacienda pública por otro de los créditos que recibió, en este caso del Banco Popular, por $5 millones, para operar el negocio del cemento.
En menos de un año, las reglas sobre la comercialización de cemento cambiaron radicalmente en el país.
(Archivo/CRH)
Para finales de 2014, varios diputados intercedieron para promover el cambio en las reglas que impedían comercializar cemento que tuviera más de 45 días de producido y empacado.
Ese cambio se vislumbraba más que positivo, pues permitiría la apertura del mercado para -en teoría- favorecer a los consumidores.
A inicios de 2015 y en menos de dos meses, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) aprobó una modificación al Reglamento Técnico de Cementos Hidráulicos y poco después el Banco de Costa Rica hizo una serie de cambios en sus reglamentos y emitió una directriz para financiar "la importación de cemento y varilla china".
En el camino, saltó a escena el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
El importador logró tener acceso al más alto nivel político, y se reunió al menos en siete ocasiones en Casa Presidencial, con todo tipo de funcionarios, incluyendo al Presidente de la República.
Gestionó además citas con varios diputados de diferentes partidos políticos.
Para esas fechas, se fundó en Hong Kong una empresa a la que el BCR le giró los más de $31 millones y en los mismos días se crearon varias empresas que estarían relacionadas entre sí en Panamá.
