MEP no puede demostrar impacto de programas de equidad por falta de control y seguimiento

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• Una auditoría interna del Ministerio de Educación Pública concluye que no existe un sistema claro para supervisar, dar seguimiento ni evaluar los programas de equidad educativa.
• Solo el 5 % de los centros beneficiados por alimentación y transporte fue supervisado en 2024, sin criterios técnicos, planificación ni priorización territorial.
• Hay fallas graves en coordinación, control financiero, evaluación de impacto y gestión administrativa, sin indicadores, trazabilidad ni seguimiento efectivo.

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Una auditoría interna del Ministerio de Educación Pública (MEP) reveló que la institución no cuenta con un sistema claro para supervisar, dar seguimiento ni evaluar los programas de equidad que se aplican en los centros educativos del país.

El análisis se llevó a cabo en el 2024, pero sus resultados fueron publicados esta semana.

El programa de equidad se compone de todos los instrumentos previstos para dar asistencia social a la población estudiantil, como alimentación, transporte, apoyo económico, entre otros.

Los programas analizados en la auditoria son los siguientes: Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA) que cuenta con 788.159 beneficiarios, el Programa de Transporte Estudiantil (PTE) que cuenta con 154.898 beneficiarios, el Programa de Becas Postsecundaria y el Programa de Integración.

Esto significa que el Ministerio no puede comprobar de forma efectiva si estos programas realmente están cumpliendo sus objetivos ni si los recursos públicos están generando el impacto esperado.

Según el informe "Supervisión y Evaluación de los Programas de Equidad", no existe un modelo organizado que permita controlar estos programas de manera ordenada y permanente. Tampoco hay un sistema que conecte la planificación, la supervisión y la evaluación de resultados.

La auditoría señala que no hay reglas claras que indiquen qué programas deben revisarse, cada cuánto tiempo, cómo deben hacerse las supervisiones, ni bajo qué criterios se deben evaluar.

Supervisión mínima y sin planificación

El informe revela que los instrumentos y guías que se usan para supervisar estos programas están desactualizados, y que algunos documentos se utilizan desde el año 2012.

Además, no existe un sistema único de control, lo que provoca que cada centro educativo sea supervisado de forma diferente y sin criterios uniformes.

Durante el 2024, solo se logró supervisar cerca del 5% de los centros educativos beneficiados por los programas de alimentación y transporte estudiantil. La auditoría indica que estos centros no fueron seleccionados con base en estudios técnicos ni criterios objetivos. 

Tampoco existe una programación ordenada de visitas ni análisis previo de riesgos, impacto social o uso de recursos. No hay criterios definidos para priorizar territorios ni comunidades.

Falta de coordinación interna

El informe también evidencia problemas de coordinación entre los departamentos responsables de supervisar, evaluar y dar seguimiento a los programas de equidad, así como fallas en la organización interna, lo que afecta directamente el control de los recursos y la calidad de la gestión.

Además, se detectaron múltiples debilidades como:

• Falta de documentos de respaldo
• Ausencia de una estructura uniforme en los informes
• Recomendaciones sin seguimiento
• Falta de plazos para corregir errores
• Inexistencia de indicadores para verificar si los problemas se solucionan

También se identificaron denuncias sin cierre administrativo, procesos inconclusos y ausencia de registros completos que permitan dar seguimiento adecuado a los casos.

Problemas financieros, administrativos y de evaluación

La auditoría señala deficiencias en tres áreas clave:

• Financieras: No se revisan completamente los informes económicos, no existe control sistemático de la información financiera y no hay mecanismos que permitan verificar los datos reportados por los centros educativos.
• Evaluación: No existen herramientas para medir el impacto real de los programas, ni indicadores de resultados, ni estudios que permitan saber si las ayudas están cumpliendo su propósito.
• Administrativas: Los procesos no están estandarizados, se depende de trámites manuales, no hay digitalización adecuada y no existen sistemas integrados de información ni registros organizados.

Ante este panorama, la auditoría recomienda crear un sistema claro y organizado de supervisión y evaluación, definir reglas de control, asignar responsabilidades claras, modernizar los procesos, digitalizar los procedimientos, mejorar los mecanismos de seguimiento, actualizar los instrumentos de control y crear sistemas que permitan dar trazabilidad a los recursos, las decisiones y los resultados.