Auditoría urge establecer riesgos de participación de H.Solís y MECO en obras de ruta 32
Ambas compañías, ligadas a caso "Cochinilla", fueron subcontratadas por CHEC para obras viales
Obras de ampliación de la ruta 32, entre Río Frío y Limón durante 2020. Cortesía Conavi
(CRHoy.com). La Auditoría Interna del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) pidió a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) de ampliación de la ruta 32, entre Río Frío y Limón, verificar los riesgos de que las empresas H.Solís y Constructora MECO S.A. realicen tareas como subcontratistas en esa obra.
Ambas compañías, implicadas en el caso "Cochinilla" por presuntamente entregar dádivas y sobornos a funcionarios para obtener ventajas indebidas, fueron subcontratadas por la China Harbour Engineering Company (CHEC, por sus siglas en inglés) para realizar obras en la modernización de los 107 kilómetros que involucra la iniciativa.
Además, el ente fiscalizador solicitó información sobre los montos económicos de los subcontratos, su alcance y plazo.
La Auditoría Interna remitió una consulta al gerente de la Unidad Ejecutora Kenneth Solano el 5 de agosto, para consultar si se realizó un análisis de riesgo sobre la participación de H.Solís y MECO en el proyecto. Sin embargo, en una respuesta brindada el 6 de agosto, el gerente dijo que ellos únicamente deben velar por que CHEC contrate a empresas nacionales, cuyos subcontratos representen un porcentaje igual o menor al 50% del contrato entre el Estado y la empresa china y que, de paso, el subcontratista cumpla con las certificaciones requeridas de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa.
"Al respecto y dentro de las áreas de las cuales esta UEP tiene conocimiento están siendo ejecutadas por subcontratistas. Esta UEP ha realizado las advertencias a CHEC en esos aspectos y más específicamente en las últimas semanas se ha detectado el abandono de las obras en el tramo en el cual se ejecutaban obras por parte del subcontratista Hernán Solís (sic), situación que ha sido comunicada a CHEC para que corrija esa situación de manera inmediata", respondió Solano.
El funcionario agregó que, bajo estas mismas premisas, no se ha realizado un análisis de riesgos.
"Cualquier riesgo que se materialice debido a la investigación que tiene curso relacionado con el caso ‘Cochinilla' que afecten a sus subcontratistas son responsabilidad absoluta de CHEC. La UEP y la Administración se asegurará de que así se documente y sea resuelto", detalló Solano.
Reynaldo Vargas Soto, auditor interno del Conavi, remitió un oficio el 7 de setiembre pasado en el que advierte una serie de riesgos de entorno, de información y de gestión de proyecto tras analizar la respuesta facilitada por el gerente de la UEP.
"En la actualidad, existen empresas subcontratadas por parte del contratista principal, las cuales son objeto de investigación penal. Y, precisamente, en cumplimiento al Artículo 3 de la Ley 9293 (ley para ampliar la carretera), es su deber fiscalizar técnica, legal y financieramente los contratos de préstamo y ejecución de dicho proyecto. Para lo cual, de solicitar la información que se requiera a CHEC, dicho artículo establece que el Gerente de la UEP cuenta con la plena autoridad del contratante y no está facultado para eximir el contratista de sus obligaciones", señaló Vargas.
La Auditoría Interna pidió al Consejo de Administración del Conavi que valore solicitar a la UEP toda la información requerida ante potenciales riesgos sobre montos, plazos, alcances y estados de las subcontrataciones. Según Vargas, todas las empresas involucradas en el proyecto deben presentar la información que el órgano fiscalizador del proyecto solicite.
La ampliación de la ruta 32 es uno de los proyectos agobiados por atrasos. Cortesía Conavi
Proyecto con obstáculos
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y CHEC firmaron en 2013 un acuerdo para modernizar la vía por un monto superior a los $465 millones. Los recursos son financiados vía crédito por el Exim Bank de China.
A ese monto se le deben agregar más de $20 millones para expropiaciones y más de $33 millones para la administración del contrato. Estos 2 últimos rubros son asumidos por el Estado costarricense. En total, la ampliación supera los $518 millones.
Los trabajos iniciaron formalmente el 20 de noviembre de 2017. En primera instancia, debían concluir el 4 de octubre de 2020. Tras 2 prórrogas avaladas en el último año y medio, la empresa debería finalizar la obra el 22 de mayo de 2022 (la fecha de finalización avalada previamente era el 27 de marzo de 2021).
Recientemente CHEC solicitó una prórroga de aproximadamente 400 días para trasladar la fecha de conclusión a mediados de 2023. Según Solano, la intención es concluir la obra al 2024 (con todo y obras complementarias).
Según el cronograma de construcción, a agosto, el proyecto sumaba un 37,15% de atraso. El avance físico para ese periodo debía ser de un 83%, pero lo reportado apenas alcanzaba el 45,85%.