Ausencia de prioridades caracteriza agenda de proyectos de Alvarado

Solo 3,7% de 54 leyes aprobadas hasta el 12 de abril eran para fomento o protección de empleo

15 de Abr. 2021 | 12:03 am

(CRHoy.com).- La ausencia de las prioridades más apremiantes en la coyuntural económica y social ha  caracterizado hasta la fecha la agenda de proyectos de ley del Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias.

Ya superada la primera mitad de este periodo de 8 meses, basta un vistazo a los proyectos de ley que se han aprobado tanto en el plenario como en las tres comisiones con potestades plenas para percatarse de que el presidente, Carlos Alvarado, ha tenido la brújula extraviada.

Durante las sesiones extraordinarias del Congreso, él y quien ostente el cargo de ministro de la Presidencia, hoy es Geannina Dinarte, son los encargados de convocar y desconvocar los proyectos de ley que discuten los legisladores, según sean las prioridades del Poder Ejecutivo.

La falta de enfoque en la crisis actual, agravada por el impacto de la pandemia del COVID-19 en la sociedad y los mercados costarricenses, salta a la vista cuando se realiza el ejercicio de dividir en categorías los proyectos de ley convocados por Casa Presidencial y que se han aprobado en primer debate.

Para este ejercicio de análisis, este medio de comunicación dividió en categorías distintas, según temática, los 54 proyectos de ley que a la fecha se han aprobado en primer y segundo debate en el Parlamento.

La información se extrajo de la lista total de iniciativas avaladas. El recuento lo hizo el Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa a solicitud de CRHoy.com.

Dispersión y falta de priorización

Las iniciativas de variada índole componen el grupo más numeroso de proyectos que se han convertido en leyes durante los cuatro meses y medio que han transcurrido de las extraordinarias, con un total de 11 propuestas (20,3% del total) aprobadas.

En esta categoría de proyectos varios, este medio ubicó aquellos de naturaleza diversa, que no tienen ninguna relación con los aspectos más delicados que están pendientes de resolverse del mal momento económico, social y fiscal del país, y que por su naturaleza, convocan con más facilidad la mayoría de apoyos necesarios de los diputados para su aprobación.

Por ejemplo, se cuentan en esta categoría desde la declaración de "Héroe de la Paz" que se le confirió a don Pepe Figueres, hasta el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming (ciberacoso sexual de un adulto hacia un menor).

La segunda categoría más numerosa de proyectos aprobados hasta ahora en el periodo de sesiones extraordinarios es la de iniciativas de carácter social, de protección y ampliación de derechos a minorías, entre otros. En total, fueron diez las propuestas de ley de esta temática que se aprobaron hasta el pasado 12 de abril (18,5% del total).

Entre esas nuevas leyes están, por ejemplo, la que pretende hacer cumplir los derechos y el desarrollo de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista; y la Ley contra el Hostigamiento y acoso sexual en el deporte.

El tercer grupo más grande de proyectos aprobados es el de donaciones, traspasos y ventas de terrenos, que usualmente se dan entre instituciones públicas y en ocasiones entre estas y actores del ámbito privado.

De los proyectos que ha convocado el Poder Ejecutivo y se han aprobado, nueve tienen estas características, un 16,6% del total.

Ese tipo de propuestas de ley se conocen en el argot legislativo como "chayotes", pues no tienen mayor impacto en las coyunturas nacionales y se utilizan únicamente para mantener activos a los órganos legislativos ante la ausencia de iniciativas de mayor calado.

Otras aristas desatendidas de la crisis

A pesar del elevado déficit fiscal que enfrenta el Gobierno Central (8,3% a diciembre del 2020), que empeoró por el impacto del COVID-19 en las actividades productivas y, consecuentemente, en la recaudación de impuestos, los proyectos de temática hacendaria aparecen en el cuarto grupo de importancia en cantidad de leyes aprobadas, con 5, un 9,2% del total.

Destacan en esta categoría los tres presupuestos extraordinarios de la República para el ejercicio económico del 2021 que el Ministerio de Hacienda le ha enviado a los diputados.

La reactivación de la economía es, según los expertos, uno de los asuntos más urgentes de resolver, pues se encadena con la tasa de desempleo (18,5% en el trimestre diciembre-febrero), la productividad de las empresas, el índice mensual de actividad económica (-4,7% interanual en febrero) y el consumo interno, entre otros factores que han venido de capa caída durante gran parte de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Sin embargo, a pesar de la preponderancia que debería tener la agenda de iniciativas de ley para reactivar la economía, durante el trecho recorrido de las sesiones extraordinarias solo se han aprobado 4 iniciativas ligadas con esa prioridad, un 7,4%.

Esa misma cantidad de iniciativas figuran en la categoría de "judiciales", donde se incluyeron las reformas a varios códigos que regulan diversas actividades.

Aquellos proyectos relacionados con la facilitación y el desarrollo de infraestructura pública suman tres aprobaciones, las mismas que los convenios internacionales, de los cuales ninguno está relacionado con las temáticas más urgentes que enfrenta el país.

Como ya se mencionó, el empleo en Costa Rica atraviesa valles muy profundos, a pesar de que se nota una leve reducción de la tasa de desempleo, esta sigue siendo más alta que antes de la pandemia (12%) y se ubica en niveles históricos. A Febrero había más de 450.000 personas sin un empleo.

Al revisar la lista de proyectos aprobados, solo dos de los que se han aprobado tienen relación directa con acciones para impedir la pérdida de más puestos de trabajo o con la creación de nuevos empleos.

Son la reforma para el fortalecimiento de la formación profesional para la empleabilidad que se le hizo a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y la aprobación de una ampliación del plazo que autoriza la reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19, ambas representan una pequeña porción de un 3,7% dentro del total de proyectos aprobados.

El recorte al gasto público debido a la crítica situación fiscal y el apoyo a las empresas de sectores productivos que entraron en zona de peligro debido a la emergencia sanitaria, también son citadas cotidianamente por los expertos dentro de las tareas de más urgente abordaje.

Con relación a estos asuntos, el Poder Ejecutivo solo ha logrado que los diputados aprueben un proyecto en cada una de esas categorías. 

Son la reforma al Código Electoral para disminuir el gasto del Estado en campañas políticas y la polémica y criticada condonación de créditos para beneficiarios del Sistema de Banca para Desarrollo (SBD), algunos de los cuales ni siquiera probaron que el COVID-19 causó una reducción en los flujos de caja de sus compañías.

Empleo público monopoliza el debate

Hasta ahora, mucho del tiempo de las sesiones extraordinarias lo ha consumido el proyecto de ley para reformar el empleo público, uno de los compromisos que adquirió el Gobierno de Carlos Alvarado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aspirar a un crédito de apoyo presupuestario por $1.750 millones.

Esa iniciativa incluso fue la única que convocó Casa Presidencial durante un lapso considerable de las sesiones extraordinarias con el fin de que los diputados avanzaran en la discusión de mociones de fondo.

El resto de propuestas acompañantes de empleo público en la agenda del acuerdo con el FMI presentan resultados muy dispares en materia de avance en la agenda legislativa, y tampoco hay claridad sobre si Casa Presidencial ha logrado amarrar cierto grado de respaldo para iniciativas calientes, como la eliminación de exenciones en el pago del impuesto sobre la renta para aumentar el flujo de recursos hacia las arcas del Gobierno.

También está varada, debido a su ausencia en las convocatorias del Poder Ejecutivo, la ratificación en segundo debate del acuerdo sobre los términos de la adhesión de Costa Rica a la convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), lo cual ha retardado el ingreso pleno del país a ese prestigioso grupo de naciones.

Durante el tiempo que se ha avanzado de las sesiones extraordinarias, Casa Presidencial ha recibido continuas críticas de las bancadas de oposición y de actores de la sociedad civil, como algunas cámaras empresariales, tanto por la calidad de las convocatorias de proyectos de ley como por el raquítico manejo político que ha mostrado para tratar de hacer avanzar los proyectos más polémicos y urgentes.