Autobuseros “entendían” que gobierno respaldaría ampliar por 5 años vida útil de unidades

(CRHoy.com). El 17 de octubre de 2022, un día después de que el ministro Luis Amador, titular de Obras Públicas y Transportes, dijera que el gobierno proponía ampliar la antigüedad máxima de las unidades de autobús en 2 años en vez de 5 años, el representante del sector autobusero en el Consejo de Transporte Público (CTP) externó "inquietudes" ante las palabras del jerarca.

El 16 de octubre pasado trascendió un oficio que remitió Amador a la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en el que explicaba que la propuesta era ampliar la vida útil de las unidades por 2 años más (pasar de 15 años a 17 años) y no en 5 (hasta llegar a los 20 años) como lo procuraban los empresarios.

La norma actual indica que las unidades pueden circular hasta los 15 años y deben ir cada 6 meses a la revisión vehicular. Precisamente, con el cambio de año, unos 290 buses cumplieron la vida útil estipulada por ley y ya no pueden transportar pasajeros en carretera.

El sector autobusero procuró, sin éxito, que la Asamblea Legislativa aprobara el proyecto de ley que ampliaría la antigüedad de los vehículos antes que concluyera el 2022.

En la sesión de junta directiva del CTP, celebrada el 16 de octubre, Orlando Ramírez Biolley, representante de los empresarios de autobús designado por el gobierno en ese órgano, dijo estar "confundido" con el planteamiento de Amador y detalló que tenían "entendido" que el Poder Ejecutivo apoyaría a ampliar la vida útil en 5 años.

"El licenciado Orlando Ramírez señala que el sector por él representado está confundido con las declaraciones dadas por el señor ministro (Amador) en relación con la ampliación de la vida útil de las unidades de ruta regular, pues él entendía que el apoyo era para un plazo de cinco años, pero luego en sus declaraciones indicó que 2 años sería lo apropiado", cita, textualmente, el acta de la sesión de ese día.

Los empresarios señalaron que la ampliación de la vida útil es necesaria para recuperarse de los impactos financieros sufridos entre 2020 y 2021 a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.

Ante las palabras de Ramírez, Amador respondió que le preocupaban "ciertos aspectos" sobre los 5 años, entre los cuales apuntó el tema ambiental.

"(…) procedió a consultarlo con la Secretaría Técnica de Planificación Sectorial, llegando a la conclusión de que 2 años era apropiado para que las empresas se recuperaran de los efectos postpandemia y recuperaran la movilización, y con ello pudieran hacer frente a las sustituciones de flota correspondientes con energías más limpias", puntualizó el ministro.

Acto seguido, Laura Ulloa Albertazzi, viceministra de Transportes y de Seguridad Vial, señaló que los 5 años de antigüedad se avalaron sin el requerido sustento técnico y que, por eso, era necesario contar con los insumos requeridos para fijar un plazo ideal.

"Ahora con un dictamen técnico de por medio, que ya lo tenemos, sí parecería que el señor ministro (Amador), representando el MOPT sí tendría todo el derecho de pronunciarse por la responsabilidad también que tiene con la ciudadanía. Señala también que el dictamen técnico rendido hacía referencia a ir más veces a revisión técnica: 3 veces al año. Finalmente, refiere que el director Ureña (Gilbert, del sector taxista) les dijo que no había necesidad de presentar un dictamen técnico porque ya el proyecto se pasó a Plenario, y eso no había sucedido, y estaban en tiempo todavía para presentar el dictamen técnico", subraya el acta, en alusión a las palabras de la viceministra.

Erick Ulate, representante de los usuarios en la cúpula del CTP y miembro de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, externó ese día su "preocupación con el vencimiento de la vida útil de las unidades de transporte regular" y advirtió impactos por el cumplimiento de la antigüedad actual (15 años) al cierre de 2022.

"Actualmente, hay más de un centenar de unidades que ya no pueden circular por vencimiento de la vida útil, y que a final de año serán otra gran cantidad (más de 300), siendo que se dejarían de atender una gran cantidad de rutas, en claro y evidente perjuicio de los usuarios, pues dicha cantidad de buses representa un diez por ciento de la flota total de ruta regular.

"El proyecto de ampliación de la vida útil lo que busca es permitir a las empresas tener un respiro ante los 2 años de pandemia, y el período postpandemia que ha golpeado duramente al sector. Es importante la renovación de la flota con tecnologías más limpias, pero sin que ello signifique un incremento del costo del pasaje para los usuarios, pues de darse un incremento en los costos de los pasajes, significaría evidentemente un incentivo al transporte ilegal, en detrimento del regulado", dispuso Ulate.

El empresario Ramírez figuró entre los compradores de bonos y financistas durante la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, mandatario de la República, por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Fue designado el 1º de junio de 2022 en la cúpula del CTP como representante del sector autobusero. Ese día también se nombró a Gilbert Ureña Fonseca en representación de los taxistas formales.

A su vez, es el presidente ejecutivo de las compañías Autotransportes Cesmag S.A., Autotransportes El Carmen de Tres Ríos, Consorcio Operativo del Este (Coesa) y Autotransportes Zapote. Así las cosas, es uno de los empresarios más relevantes en el sector del transporte público en la Gran Área Metropolitana (GAM).

El ministro Amador reiteró el pasado 15 de diciembre que es "necesario ampliar la antigüedad de las flotillas para evitar que las tarifas impacten a los usuarios con la inversión que tendrían que efectuar las compañías con tal de renovar los vehículos".

"Están haciendo una tormenta en un vaso de agua. Es muy simple: los autobuseros sufrieron una pérdida de demanda por efecto pandemia, más o menos, por 2 años. Los autobuseros de la Gran Área Metropolitana (GAM) posiblemente sí tienen capacidad de reemplazar buses, pero van a ir a pedir un aumento de tarifa. Y los autobuseros de zona rural, posiblemente no tengan capacidad y, entonces, cuando nos llegue la fiscalización, vamos a tener que quitarle el permiso a la concesión y la gente se va a quedar sin servicio de autobús. Así de fácil", comentó el titular de la cartera.

La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó, mediante una moción, avalar el proyecto de ley que plantea subir la vida útil de 15 años a 17 años.  El proyecto sería discutido en próximas semanas en el plenario.