Avanza iniciativa que crea medida cautelar para bienes de capital sospechosos
Oficialismo cedió y aceptó exclusión de Hacienda dentro de instancias que puedan solicitar retener bienes
Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa están culminando la discusión del proyecto de ley que pretende incorporar la figura de una medida cautelar para asegurar los bienes relacionados con un proceso por capitales emergentes, es decir, bienes y valores de los que se sospecha podrían tener su origen en actividades delictivas o ilícitas.
El único tema pendiente de definir por la comisión es el monto del incremento de capital.
Actualmente, en el texto en discusión se menciona que el incremento de capital deberá ser igual o superior a los $50 mil o su equivalente en otra moneda y, con una retrospectiva hasta de 10 años, de cualquier funcionario público o persona de derecho privado, física o jurídica.
La presidenta de la comisión, Gloria Navas Montero, mencionó que hay "una corriente" dentro de este foro legislativo para fijarlo en $10 mil.
Navas mencionó que la intención de la comisión es definir el monto para trasladar el expediente legislativo para su votación en el plenario.
Este proyecto es una de las 10 prioridades de los 3 supremos poderes de la República en cuanto a iniciativas de ley para contener el crimen.
El proyecto propone que la Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio Público puedan, antes de presentar la denuncia por el incremento de capital sin causa lícita aparente, solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la adopción de una medida anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés.
El plan añade que, para estos efectos, la autoridad jurisdiccional emitirá los respectivos mandamientos de anotación e inmovilización registral de los bienes muebles e inmuebles, así como la orden de congelamiento preventivo al sistema financiero por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Para la adopción de la medida anticipada y provisional no se requerirá otorgar audiencia a las partes.
Concedida la medida, las instancias legitimadas para denunciar deberán interponer la denuncia en el plazo de un mes, esto a partir del día de la notificación del auto que ordena la medida anticipada y provisional o de la ejecución efectiva de la diligencia.
Se detalla, además, que el Juez Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda entregará en depósito judicial al ICD estos bienes o productos financieros.
Discusión cerrada: Hacienda quedará fuera
Los diputados tomaron la decisión de sacar al Ministerio de Hacienda de las entidades que podrían solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que se puedan secuestrar o retener los bienes relacionados con un proceso por capitales emergentes.
Además de Hacienda, la propuesta señala que esta solicitud de retener estos bienes podrán hacerla también la Contraloría General de la República (CGR), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio Público.
Entre los diputados de la oposición había preocupación de que se le otorgue esta potestad al Ministerio de Hacienda de hacer esta petición.
El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos Cruz, mencionó que la preocupación radica en desde Hacienda en los últimos meses se han tomado decisiones "muy políticas" en vez de técnicas.
En ese mismo sentido coincidió la diputada de Liberación Nacional (PLN), Dinorah Barquero Barquero, quien a modo de ejemplo citó el caso de la persecución por parte de Hacienda contra el empresario Leonel Baruch. "Esto – la participación de Hacienda- se puede prestar para sacadas de clavo como el caso de Leonel Baruch y el Parque Viva. Se puede prestar para persecución política", dijo Barquero.