Avanza plan que impone 4 años de prisión por introducir celulares a cárceles
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó de manera afirmativa el proyecto de ley que pretende penalizar la introducción de teléfonos celulares y otros dispositivos de telecomunicaciones a las cárceles.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo en febrero anterior, fija entre 2 y 4 años las penas de prisión por esta práctica; sin embargo, no se descarta hacerla más severa para imponer más años de cárcel.
La propuesta de ley 24.162 busca adicionar el artículo 257 quáter al Código Penal para procesar a aquellas personas que introduzcan teléfonos celulares y otros aparatos de comunicación a las prisiones.
Tras el dictamen de los legisladores ahora el plan pasará a discusión en el plenario legislativo, en donde los diputados podrán presentar mociones de fondo a la propuesta.
Celulares y chips introducidos ilegalmente en las prisiones permite a los reclusos coordinar actividades criminales fuera de las instalaciones, tales como tráfico de drogas, extorsiones, estafas informáticas y homicidios.
Estadísticas oficiales arrojan que durante 2023 la Policía Penitenciaria consiguió interceptar el ingreso de 2.683 teléfonos celulares a las cárceles del país. Además, incautaron 3.592 chips o tarjetas SIM, así como unos 4.954 artículos electrónicos como cargadores, cables de cargador y artefactos similares.
Además de este proyecto, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó también otras 2 iniciativas.
Se dictaminó el plan para autorizar que se destinen recursos del Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt) para el fortalecimiento de las funciones de prevención y represión que realice la Policía de Migración.
A su vez, se dictaminó el plan que busca reformar los artículos 13 y 45 de la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados, con el objetivo de eliminar la prohibición actual de vender acciones de empresas autorizadas para brindar servicios de seguridad privada a extranjeros.
