AyA aún no contrata avalúo de obras realizadas por empresa privada para acueducto de Sardinal
Autoridades han dicho que estudio de costos es clave para saber si fideicomiso vendió agua de forma ilegal o no
Hace más de 5 meses la Auditoría Interna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) advirtió que en Guanacaste hubo una venta de agua, que permitió la recaudación de millones de dólares por parte de la empresa privada, en el proyecto del acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal. Las autoridades de la entidad defendieron que no hubo comercialización y alegó que primero debían conocerse los costos.
Pero a menos de 3 meses del cierre de la administración, el AyA no ha contratado el estudio de costos que asegura es clave, para arrojar luz sobre un fideicomiso más que polémico, cuestionado por la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes por irregularidades desde hace más de 10 años.
Tras consulta de CRHoy, el AyA respondió que el proceso de contratación aún está en análisis. Para hacer una contratación de estudio de costos, por razones que no profundizó, el Instituto conformó una "comisión interdisciplinaria" para definir los términos de referencia. Así que la entidad sigue sin saber cuánto han invertido los privados.
El fideicomiso se formó en el 2007 y fue cuestionado por beneficiar a los privados. Durante más de una década ha recaudado fondos a discreción y permitido el marco para que el AyA entregara cartas de disponibilidad de agua, requisito indispensable para poder construir desarrollos inmobiliarios y hoteles, obras que dominan la zona de playas del Coco y Ocotal.
Para construir un acueducto en esta zona con problemas de escasez de agua, en marzo del 2006 bajo la administración de Rafael Villata del entonces gobierno de Abel Pacheco firmó una carta con la empresa Coco Water S.A. La ley permite que una compañía construya una obra de servicios públicos y luego recupere la inversión en un plazo de 5 años.
Sin embargo tras más de un año de "desorden" y hasta venta de cartas de agua por adelantado por parte del dueño de Mapache Carlos Arroyo, el gobierno de Óscar Arias, con Ricardo Sancho a la cabeza del AyA, tomó la decisión de pasar a un fideicomiso como figura, para recaudar el dinero y repartir cartas de disponibilidad entre los privados que aportaran al fondo.
Luego de eso vino un calvario de camino, con frenos de la Sala Constitucional, irregularidades en el fideicomiso, correciones y demandas de las comunidades.
Proyecto avanza a pesar de pendiente
La presidencia de Yamileth Astorga no dio prioridad a este proyecto durante sus primeros 3 años. (Archivo CRH)
Hasta la primera semana de febrero, la construcción del proyecto avanza a un 35% en la instalación de tuberías. Aún no ha iniciado el tanque ni el campo de pozos, según detalló el AyA. Para esta segunda etapa del acueducto, los privados aportan 9 km. de tubería (algunos ya instalados), 3 terrenos más y un tanque. Estos aún no son contabilizados.
En el 2010 el AyA formalmente recibió las obras de la primera etapa y en el 2012 con un avaluó determinó que lo invertido hasta el momento valía ¢1.073 millones (poco más de $2,1 millones en esa fecha). El Instituto lo visualiza en 2 partes, aunque formalmente haya habido un recibimiento y solo existiera una carta de entendimiento entre Estado y privados para hacerlo.
En el 2017 el informe de Auditoría mostró datos de lo recaudado por el fideicomiso, que hasta ese momento ascendían a más de $8,9 millones.
Justamente fue la segunda carta de entendimiento, firmada por el AyA y los privados (Fideicomitentes) en el 2017, la que estipuló que se haría un estudio de costos incurridos por el fideicomiso. Esto para establecer "el precio final a pagar eventualmente por terceros desarrolladores", que buscaran recibir agua del acueducto.
El objetivo es que no exista un margen de ganancia por parte del Fideicomiso. "Garantizar que tanto fideicomitentes como futuros desarrolladores asuman el costo real de cada servicio", respondió a André Garnier Kruse, del Comité de Fideicomitentes, que consultó por el punto.
Como informó este medio el 7 febrero, aunque el AyA quiso desligarse del fideicomiso desde que asumió las obras en noviembre del año pasado, el tema es una nebulosa pendiente. Sin dar información detalle, el Banco de Costa Rica – fiduciario – dijo que analiza informes para saber cómo se procederá.
De proyecto sin interés, a prioridad
En entrevista con CRHoy.com el 9 de noviembre del 2017, la presidenta del AyA, Yamileth Astorga, afirmó que el acueducto no fue prioritario en su periodo, hasta el último año cuando lo retomaron ante las condiciones de sequía. La jerarca admitió que la figura, tanto la relación con el privado como el fideicomiso, no son sencillas.
Pero negó una venta de agua e insistió que necesitaban analizar los costos y realizar el peritaje, para saber si hubo irregularidades. En ese momento, el director Jurídico del AyA, Rodolfo Lizano aseguró que justamente "para definir el costo real estamos haciendo el estudio", aunque aún no se tiene la contratación. Astorga afirmó que lo harían antes del final de su administración.
Entrevista noviembre del 2017
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Tras más de una década de cuestionamientos y sin que se concluya una obra, este Gobierno podría terminar su periodo sin que se resuelvan las dudas y las nebulosas legales.